Calparsoro abre diligencias por los “retrasos” en la investigación de la muerte de Cabacas
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha confirmado en rueda de prensa esta mañana que la abogada de la familia de Íñigo Cabacas, fallecido en 2012 tras una carga con pelotas de goma de la Ertzaintza, ha presentado una queja formal por los retrasos de la juez encargada de la investigación, la magistrada Ana Torres. Mientras esa misma queja ante el decanato de jueces de Bilbao ha quedado archivada, Calparsoro ha explicado que sí ha iniciado “diligencias informativas” para aclarar su contenido.
Como ha adelantado eldiarionorte.es, la letrada de la familia Cabacas, la hoy parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, presentó en junio un doble escrito de queja contra la juez Torres. Lo hizo porque el plazo legal para dar por concluida la investigación expiraba sin que la magistrada hubiese respondido a las últimas solicitudes de imputaciones de la acusación particular (registradas en abril) y porque el caso quedaba abocado o al archivo o a un juicio contra seis ertzainas aunque hasta la juez asume que más policías que ellos dispararon pelotas de goma en la actuación policial investigada.
El primer escrito de queja (que no es una denuncia o querella) fue desestimado por el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que no halló “apariencia” de responsabilidades disciplinarias en la actuación de Torres y, por lo tanto, no elevó su caso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de los jueces. El segundo, remitido a la Fiscalía, sí ha sido admitido a trámite, según ha explicado hoy Calparsoro. Abrió diligencias en junio para analizar si efectivamente ha habido retrasos deliberados en una causa abierta en 2012 y que en 2016 todavía no arroja conclusiones claras.
Se da la circunstancia de que Calparsoro ya criticó públicamente las “dilaciones indebidas” en este procedimiento judicial. Este comentario le valió la reprobación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que atendió la protesta de la juez afectada. Los jueces vascos elevaron ante la Fiscalía General del Estado una queja formal contra el fiscal superior vasco, que se vio forzado a pedir disculpas por lo sucedido.
