La Diputación conoció en abril una denuncia sobre posible prostitución en el centro de menores

Un familiar de uno de los cinco menores tutelados víctimas del caso de prostitución en el centro Sansoheta de Vitoria, gestionado por una subcontrata y de titularidad de la Diputación de Álava, alertó hace siete meses, en abril, de sus sospechas de que el adolescente estaba ofreciendo servicios sexuales a través de Internet para contactar con 'clientes' adultos. Esta persona, según ha podido confirmar eldiarionorte.es, llegó a interponer una denuncia en la comisaría de Policía Local de Vitoria.

Agentes del cuerpo municipal se personaron en primavera en la sede del Instituto Foral de Bienestar Social, el organismo de la Diputación competente en materia de menores con graves problemas de integración social, y requirieron a la institución datos sobre esta denuncia. Fuentes forales confirman la visita y que se aportó a la Policía Local la información requerida.

A partir de ahí, este asunto quedó en vía muerta hasta que el 6 de octubre, según ha explicado la diputada de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, un tutor del centro de Sansoheta recibió de una de las internas indicios de que había participado en una “situación de prostitución”. Por decisión del director del centro y de la Diputación, el caso fue denunciado a la Ertzaintza y no a la Policía de Vitoria, una medida lógica teniendo en cuenta que este cuerpo tiene unidades de investigación más especializadas. En paralelo, Artolazabal ha explicado que se contactó con las familias de los menores para informarlas y “tranquilizarlas”, aunque no ha aludido a que una de ellas ya había dado la voz de alarma con anterioridad.

Las investigaciones realizadas en estas semanas han elevado hasta cinco los jóvenes internos en Sansoheta, chicos y chicas de entre 14 y 17, que habrían contactado con 'clientes'. Lo hicieron, además, desde los equipos informáticos del centro foral. Los abusos, en todo caso, se produjeron siempre fuera de las instalaciones públicas. Algunas fuentes apuntan a que la Ertzaintza está ahora revisando sus teléfonos móviles y otros efectos personales en busca de más datos.

Las fuentes judiciales y policiales consultadas explican que las pesquisas se centran en analizar decenas de perfiles en redes sociales correspondientes a las personas adultas que presuntamente habrían abusado sexualmente de los menores tras concertar citas con ellos. Según el diario 'El Correo', habría de momento 14 personas investigadas. Una de ellas ha entrado en prisión preventiva.

Se trata de un psicólogo que trabajaba para un servicio social del Ayuntamiento de Vitoria y que ocasionalmente trataba con los acogidos en Sansoheta. Aunque no consta que fuese el instigador de una trama de prostitución infantil, se ha optado por la medida cautelar dada su posición de influencia sobre los jóvenes. Igualmente, otro monitor del centro ha sido apartado temporalmente tras ser señalado en la declaración de uno de los afectados. Artolazabal ha remarcado que Álava aplica con rigor la nueva normativa estatal que obliga a todos aquéllos que trabajen con niños y adolescentes a firmar un compromiso escrito y a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales.

Legalmente, la prostitución de menores nunca es considerada como consentida independientemente de las circunstancias en que se produzca. Y así será en este caso. Asociaciones como Save the Children han pedido la máxima protección para los afectados. Los adolescentes tendrán en todo momento la consideración de víctimas y merecerán las máximas garantías del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, sus ‘clientes’ serán perseguidos por abusos sexuales con el agravante de que las víctimas no superan los 18 años.