El Gobierno reduce al 76% de cobertura del SMI la cuantía básica de la RGI
Por primera vez desde 2009, desde que existe la renta de garantía de ingresos (RGI) o salario social para las personas que no tienen recursos o acreditan rentas bajas, el Gobierno vasco no va a cumplir la previsión legal de que las cuantías que perciban los 64.000 beneficiarios sean un porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este 2017 ha subido de manera excepcional un 8%. Las ayudas sociales autonómicas subirán el equivalente al IPC, un 1,5%, es decir, un 80% menos que lo previsto si se atiende al sistema de cálculo marcado en la ley vasca de 2008. En dinero efectivo, la modalidad básica ganará 9,3 euros mensuales cuando debería llegar a 50 euros adicionales.
El esperado anuncio de la decisión del Ejecutivo de PNV y PSE-EE sobre el futuro de la RGI ha llegado finalmente este sábado. “Con el fin de mantener las necesidades básicas previstas por la RGI, el Gobierno vasco propondrá para los nuevos presupuestos de la comunidad autónoma vasca un incremento para dichas prestaciones en la cuantía en la que se incremente el IPC con respecto a 2016, al igual que en el pasado ejercicio, y sus efectos tendrán carácter retroactivo a 1 de enero de 2017”, ha manifestado Artolazabal.
Se da la circunstancia de que el pasado año las RGI subieron en proporción a lo que lo hizo el SMI (+1%), no en función del IPC. También ha ocurrido que cuando la subida del SMI ha sido inferior a la del IPC se ha aplicado siempre la primera.
La histórica subida del 8% aprobada por el Gobierno del PP tras un pacto con el PSOE escondía como letra pequeña que dado el carácter “excepcional” de la medida podría no aplicarse a prestaciones autonómicas indexadas al SMI. Sin embargo, el real decreto de Nochevieja que recogía esta salvedad abría la puerta también a que el Gobierno vasco aplicase la mejora si tenía voluntad política (y 30 millones para los 64.000 perceptores de ayudas).
Finalmente, tras una semana de análisis en los despachos de Lakua, Euskadi ha optado por modificar ‘de facto’ la normativa de garantía de ingresos de 2008, aunque es cierto que ya en 2011 el Gobierno del PSE-EE redujo un 7% con carácter general todas las prestaciones si bien continuaban indexadas al SMI. Artolazabal lo ha explicado así: “En cuanto a la normativa reguladora, el SMI es un concepto diferente a la RGI ya que se refiere a rentas de trabajo y no tiene traslado directo a un modelo de garantía de ingresos. Sin lugar a dudas, la presencia de la persona en el mundo del trabajo ha de suponer una mejor posición que la permanencia en la prestación evitándose cualquier duda o comparación. Por ello hay que estimular la inclusión laboral real”.
Fue precisamente el PNV, entonces en tripartito con EB y EA, el que estableció como cautela para evitar que la RGI desincentivara el empleo el que estuviera vinculada en su modalidad básica a un porcentaje inferior al 100% del SMI. Se quedó en el 88% por expreso deseo del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, que rechazó una propuesta del 100% formulada por el PSE-EE. Con el recorte del 7% de 2011, el porcentaje de cobertura ronda ahora el 82% y en 2017, con estos cambios, va a pasar al 76%, un mínimo histórico. La subida costaría unos 6 millones al Ejecutivo, frente a los 30 millones que supondría aplicar la revalorización del 8%.
Artolazabal ha dado a entender, además, que esta reducción no es temporal. “De forma simultánea, en los próximos meses, el Gobierno vasco presentará al Parlamento Vasco un informe sobre el diagnostico especifico de lo relacionado con la RGI para que de esa forma se realice un debate detallado del mismo como punto de partida para iniciar la revisión normativa reguladora por parte de los grupos políticos”, ha indicado la nueva consejera del ramo.
La mejora del IPC, en todo caso, es menos onerosa para los usuarios de Lanbide que la alternativa que ofrecía el Gobierno central. El real decreto planteaba vincular las prestaciones al IPREM, que esto año ha quedado congelado respecto a 2016 frente al 1,5% que ha subido el IPC.
