El Gobierno planteará un nuevo protocolo para evitar desahucios en VPO
El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco ejecutó 45 desahucios en 2016 (sin contar el mes de diciembre) en el parque de viviendas públicas bajo su responsabilidad. El nuevo titular de la cartera, Iñaki Arriola (PSE-EE), enfatiza en un escrito enviado al Parlamento a instancias de EH Bildu que la Administración sólo recurre a los lanzamientos en “casos extremos”, más vinculados al no querer pagar que al no poder pagar, y adelanta que una de las medidas que implementará en esta legislatura será la redacción de “un nuevo protocolo que pretende mejorar las labores de coordinación con los servicios sociales de base municipales y las instancias judiciales, mejorar la información confidencial disponible sobre estos casos extremos, y colaborar muy directamente con los colectivos sociales más dinámicos en esta materia” con el ánimo de “asegurar aún más el principio básico de que ninguna persona deudora de buena fe sea lanzada de la vivienda pública que”.
El grueso de los desalojos en el parque público de viviendas de Euskadi se ha producido por impagos de las rentas o alquileres. No obstante, Arriola precisa que “ninguna persona” ha sido privada de un techo “por motivos exclusivamente económicos”, que nadie que no haya podido abonar el canon por causas sobrevenidas como el desempleo ha sido desahuciado. “Nuestra Administración es extremadamente flexible y siempre busca soluciones personalizadas ante los problemas económicos de las personas afectadas”, explica el consejero, que defiende que ésa fue su guía de actuación en su anterior etapa en el Ejecutivo (2009-2012) e incluso en los mandatos de Juan María Aburto y Ángel Toña, ambos del PNV.
Añade Arriola: “Cuando se produce un número de impagos sucesivos y reiterados, entramos en contacto con las personas y buscamos soluciones adaptadas a sus circunstancias, buscando y facilitando todo tipo de soluciones con la mayor flexibilidad, de tal manera que se logran soluciones factibles. La gran mayoría de estas soluciones personalizadas son exitosas”. En 2014, por ejemplo, hubo 565 acuerdos de estas características.
El Gobierno sólo acude a los tribunales para desalojar a inquilinos de un piso protegido cuando los impagos se producen “sin causa justificada” como que la ayuda económica que se abona para el alquiler (sea la PCV o las AES) se desvíe a otros fines o, desde luego, cuando se detectan problemas de convivencia, de falta de cuidado de las viviendas o flagrantes incumplimientos de “los requisitos que permiten el acceso a la vivienda pública”. Arriola, que ha rescatado como director de Vivienda al especialista Mario Yoldi, matiza que estos abusos o fraude, 45 casos en once meses, son mínimos en un parque público de unas 12.000 viviendas.
Por territorios, 20 de los desahucios se han producido en Álava –que concentra en Vitoria un alto porcentaje de la VPO en Euskadi-, 14 en Bizkaia y 11 en Gipuzkoa. “El porcentaje de fraude o abuso en esta materia es pequeño, pero el que hay exige acción pública para recuperar el uso de las viviendas y destinarlas a otros demandantes que las necesitan”, apunta el documento enviado por Vivienda a la Cámara.
En 2014, por ejemplo, se descubrió que algunas VPO habían sido destinadas a ‘pisos-patera’ y hasta había un caso de un piso protegido reconvertido en prostíbulo. El pasado año, según los datos del Ejecutivo, lo que se han registrado han sido “problemas convivenciales denunciados por la propia comunidad de vecinos” y, sobre todo, personas que han abandonado el piso que se les había adjudicado y se hallaban ilocalizables.
