El Gobierno deberá recortar 30 millones para cubrir toda la demanda de ayudas sociales en 2016
El Gobierno vasco deberá recortar más de 30 millones de euros de distintas partidas presupuestarias de aquí a final de año para cubrir el coste total anual del sistema de ayudas sociales, integrado por la renta de garantía de ingresos (RGI) y los complementos de vivienda (PCV). Según los datos de ejecución presupuestaria de septiembre, tras tres cuartas partes del año Lanbide ha consumido ya el 80% de los fondos consignados para todo el año, 461 millones. En caso de mantenerse el actual volumen de gasto mensual, destinará a final de 2016 un total aproximado de 494 millones.
El sistema actual de ayudas sociales se puso en marcha en 2010 después de que en 2008 se aprobará en el Parlamento la Ley para la Garantía de Ingresos y de que se desarrollara en 2009. La gran novedad es que se creaba una renta básica como derecho subjetivo, lo que significa que todos aquéllos que cumplan los requisitos para percibirla la pueden reclamar a la Administración sin que se pueda escudar en limitaciones presupuestarias. Es algo que no ocurre con otras prestaciones como las ayudas de emergencia social (AES) o las ayudas de conciliación, que habitualmente dejan parte de la demanda sin cubrir por no haber recursos económicos.
Desde aquel 2010 el Gobierno vasco, primero del PSE-EE y luego del PNV, ha tenido que afrontar año a año recortes en otras áreas para cubrir las grandes desviaciones presupuestarias en Lanbide, la entidad pagadora de las prestaciones. Ya ese primer año la dotación extraordinaria tuvo que ser de 23 millones. En 2011 ascendió a 67 millones y en 2012 y 2013 se disparó hasta los 93 y 103 millones, respectivamente. En 2014 el desvío todavía fue de 77 millones y en 2015, ya con un presupuesto más ajustado a la realidad, se quedó en 17 millones.
Eso sí, en poco más de un lustro el Gobierno no ha podido destinar 380 millones a programas e inversiones que tenía comprometidas por tener que hacer frente a las cuentas mal hechas en Lanbide. Ni siquiera el recorte del 7% en todas las cuantías, decretado en 2011 y mantenido hasta hoy, ha evitado que la demanda sobrepase los presupuestos. Hoy, el volumen de perceptores de RGI y PCV se mantiene estabilizado en el entorno de unas 65.000 familias.
En 2016, el presupuesto total para garantía de ingresos ha sido de 461 millones, la misma cantidad que en 2015 ya se reveló insuficiente. Hasta septiembre se han gastado 371 millones, por 364 de 2015 en las mismas fechas. De mantenerse esa tendencia de gasto, el total rondará los 494 millones, unos 33 más de lo previsto. No obstante, en 2015 hubo una ligera contención al final del año hasta limitar la desviación presupuestaria a unos 17 millones y en verano de este año, efectivamente, han caído ligeramente los beneficiarios.
Este escenario se suma al dibujado este viernes en el Consejo Vasco de Finanzas. El órgano que sienta Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos para fijar el techo de gasto presupuestario no ha podido sino admitir que las previsiones económicas generales hechas en 2015 de cara a 2016 fallaron porque las Haciendas vascas han recaudado 473 millones menos de lo estimado inicialmente. El Ejecutivo autonómico, en todo caso, matiza que la flexibilización del déficit autorizada a España por Europa supone paliar buena parte de ese ‘agujero’ y limitar la pérdida a 53 millones, que representan el 0,48% del presupuesto total del Gobierno vasco.
