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Imputado por abusos sexuales el profesor de Infantil al que Educación mantuvo 403 días en las aulas

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Iker Rioja Andueza

Después de varios meses en ‘stand by’, la investigación abierta en Vitoria ante cinco posibles casos de abusos sexuales a niños menores de cuatro años en al menos tres centros escolares públicos ha empezado a coger ritmo. El docente señalado como “elemento común” de todas las denuncias ha sido imputado por la juez instructora y ha prestado ya declaración en el Palacio de Justicia de Vitoria.

La Delegación de Educación de Álava, dirigida por Blanca Guerrero, conoció el caso en una reunión que mantuvo con la Fiscalía en septiembre de 2014, incluso días antes cuando la Guardia Civil acudió a los tres centros buscando un listado con las posibles víctimas. Sin embargo, alegando que una primera denuncia del curso 2012/2013 había quedado archivada por falta de pruebas, sólo apartó cautelarmente al maestro de Educación Infantil investigado 403 días después, en octubre de 2015, únicamente cuando el caso saltó a los medios de comunicación.

Fuentes judiciales explican que, de momento, la juez se está centrando en el esclarecimiento de las denuncias pertenecientes a un colegio concreto. Personal de ese centro ha pasado ya por el juzgado como testigos, como también los profesionales de los servicios sociales municipales que hicieron constar ante Educación la credibilidad de las denuncias de varios de los pequeños, incapaces en muchos casos de verbalizar con detalle lo sucedido por su cortísima edad (todavía hoy son muy pequeños).

Es en esta primera fase, y tras realizar análisis periciales de los equipos informáticos del profesor, cuando la juez ha optado por tomar declaración al investigado (nueva denominación procesal de los imputados). El varón negó cualquier relación con las acusaciones, según estas mismas fuentes. En todo caso, la investigación no está ni mucho menos cerrada. De hecho, a instancias de la Fiscalía se calificó como “compleja” para ampliar de seis meses a año y medio el plazo máximo de instrucción y disponer de tiempo suficiente para evaluar cada una de las denuncias.

Gran bronca entre la Fiscalía y Educación

Este caso de presuntos abusos sexuales en Vitoria estalló al comenzar el curso académico 2015/2016. La familia de la niña que realizó la primera denuncia –y que quedó archivada por falta de pruebas concluyentes- se encontró que en el colegio al que la habían trasladado tras aquella polémica llegó como nuevo maestro el profesor ahora investigado. A partir de ahí, se supo que en los distintos centros por los que había pasado este maestro de Infantil interino había más denuncias.

La Fiscalía de Álava inició una investigación en el verano de 2014 y, apoyada por la Guardia Civil como Policía Judicial, pidió ya en septiembre a Educación un primer listado de posibles víctimas. Días después, además, el fiscal-jefe, Josu Izaguirre, comunicó los extremos del caso a la delegada educativa en la provincia, Blanca Guerrero. El ministerio público incluso resaltó su preocupación por el asunto en su memoria de 2014, un documento público.

Pero nada ocurrió hasta que en octubre de 2015 el caso saltó a los titulares de prensa. Educación, con la consejera Cristina Uriarte respaldando a Guerrero, negó tener noticia alguna de los hechos y argumentó que no tenía elementos de juicio para separar de las aulas al docente señalado. Esta afirmación provocó un inédito conflicto con la Fiscalía, que ha mantenido su enérgica protesta por lo sucedido en la reciente memoria anual, publicada en septiembre.

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