La familia de Cabacas presentó dos quejas contra la jueza por los retrasos de la investigación
La falta de respuestas en la investigación abierta en el juzgado de instrucción número 10 de Bilbao por la muerte en 2012 en una carga policial de la Ertzaintza del joven Íñigo Cabacas, técnicamente un “homicidio imprudente”, ha llevado a la letrada de la familia, Jone Goirizelaia (ahora parlamentaria de EH Bildu), a registrar una doble queja contra la magistrada responsable del caso, Ana Torres.
La abogada, en un escrito al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, habla de “falta de respeto” del juzgado hacia la familia de la víctima al no haber obtenido respuesta a unas solicitudes de imputaciones de ertzainas realizadas cuando el plazo legal para cerrar la investigación estaba a punto de expirar y era más urgente que nunca tomar decisiones. Incluso aprecia un posible delito de revelación de secretos al haber aparecido en prensa el contenido de ese documento judicial al que no se había dado respuesta oficialmente.
La primera de las quejas se tramitó ante el decanato de jueces de Bilbao y ha quedado archivada. En cuanto al segundo escrito, remitido a la Fiscalía, este periódico no ha podido conocer en qué fase se halla el expediente.
La polémica en torno al futuro de la investigación del ‘caso Cabacas’, que lleva más de cuatro años en el juzgado, tiene su origen en la reforma procesal que entró en vigor el 7 de diciembre de 2015. A partir de entonces, se fijaba un límite de seis meses (prorrogable si estaba justificado) para todas las causas penales, lo que implicaba que las abiertas en ese momento decaerían en junio de 2016. Llegado ese momento, y tras varios meses sin movimientos en el juzgado, la investigación de la muerte de Cabacas quedaba abocada al archivo o a un juicio contra seis ertzainas imputados aunque hay pruebas –y así lo reconoció la juez- de que no fueron los únicos que dispararon, sino los únicos que lo admitieron.
Goirizelaia trató de dar un último impulso a esta causa solicitando en abril distintas declaraciones. Y la abogada lamentó que llegado el fin del plazo la juez Torres ni siquiera hubiese contestado sí o no a esa petición. Entretanto, el fiscal superior, Juan Calparsoro, criticó también que tras cuatro años de investigación no hubiese conclusiones claras en torno a este suceso.
Sin avances en el sumario
Finalmente, a última hora se acordó dar seis meses más a la investigación con una fórmula extraordinaria aceptada por el ministerio fiscal. La juez Torres no accedió a los 18 meses de prórroga que pedía Goirizelaia y argumentó que el nuevo plazo más breve sólo se justificaba por la posibilidad de que la Audiencia de Bizkaia diera la razón a la familia y ordenara tramitar las peticiones cursadas en abril y rechazadas por la juez varias semanas después y al borde del 7 de junio, sin tiempo material para ningún movimiento. En ningún momento se aludía a la necesidad de practicar nuevas pruebas y, de hecho, a falta de dos meses para el segundo plazo no ha habido ni un solo avance en el sumario, según fuentes judiciales.
Fue en esas fechas cuando Goirizelaia registró la doble “queja”, que no “denuncia” o “querella” a pesar de que se cita expresamente un posible delito, contra la magistrada titular del juzgado número 10 de Bilbao. La primera llegó al decanato de jueces, competente en la materia. El juez decano, Aner Uriarte, explicó a este periódico que desestimó la petición de investigación solicitada al no ver “apariencia” de ninguna responsabilidad disciplinaria tanto por los retrasos como por la publicación en prensa de ese escrito al que no se había dado trámite. Tras dar audiencia a Torres como fija el reglamento de 1996, Uriarte optó por no elevar el asunto al Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El segundo escrito estaba destinado al fiscal vasco, Juan Calparsoro. La Fiscalía, a preguntas de este periódico, no ha querido concretar el estado en que se encuentra la queja de la letrada Goirizelaia.
Se da la circunstancia de que en aquellos tensos días de junio la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) salió en defensa de su compañera y elevó precisamente una reprobación contra Calparsoro ante la Fiscalía General del Estado por sus “injustificadas críticas” al desarrollo de la investigación del ‘caso Cabacas’. Calparsoro se vio obligado a pedir disculpas públicamente.
