Un caso de prostitución pone en jaque el sistema de tutela de menores en Álava

“Fui a levantarles de la cama porque ya eran las 11.30 y uno me dio una patada en el muslo. Me fui. ¿Qué iba a hacer? Luego oí gritos y volví. Ese chaval estaba agrediendo a otro compañero. Me acerqué para contenerlo, me agarró del pelo, me rasgó la camiseta y me rompió el dedo”. El testimonio es de una trabajadora social de uno de los centros de menores de la red de la Diputación de Álava. Su denuncia no es nueva. Es de 2015. Ahora, más de un año después de que los problemas se hayan seguido acumulando en forma de motines nocturnos, fugas, tráfico de drogas, robos y hasta una agresión sexual en Carnaval, el sistema foral alavés de protección y tutela de menores está en jaque por la investigación abierta en octubre después de que una interna confesara que practicaba la prostitución.

Estos hechos hay que ubicarlos en Sansoheta, un centro de régimen semiabierto para adolescentes con graves problemas de integración social premiado en 2015 por la asociación de psiquiatría vasconavarra. Ubicado a las afueras de Vitoria, en un polígono industrial, no es un centro penitenciario, pero sus 24 moradores arrastran pesadas “mochilas” vitales, en palabras de la responsable alavesa de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal. La estancia media es de 275 días, el 77% de quienes pasa por allí precisa de tratamientos médicos especializados y un 55% no podrá volver con sus familias o emanciparse en un año.

Desde Sansoheta, al menos nueve jóvenes, chicos y chicas desde los 14 años, accedían al equivalente a milanuncios.com para ofrecer servicios sexuales. Lo hacían desde los propios ordenadores del centro.

La investigación ha descubierto que los jóvenes concertaban citas con adultos, algunos incluso de fuera del País Vasco. También les vendían droga. Los encuentros se hacían en la calle (dentro de vehículos) o en pisos particulares, pero nunca en instalaciones forales. La facilidad con la que estos menores entraban y salían para quedar con sus ‘clientes’, muchas veces de noche, es para algunas voces una muestra inequívoca de la falta de control existente en Sansoheta de un tiempo a esta parte. No es que aquello sea una cárcel, pero es que apenas se cumplen los horarios y normas establecidos.

“Voy a poner un ejemplo del despropósito. Cuando yo trabajaba allí, tuvimos un chaval que sabíamos que robaba un coche cada semana. Avisábamos y avisábamos y no pasaba nada. Cumplió los 18, se fue de Sansoheta, y a los seis meses nos enteramos de que había muerto en un accidente de tráfico a bordo de un coche robado”, explica a eldiarionorte.es un extrabajador del centro. Este profesional cuestiona abiertamente si los recursos económicos que destina la Diputación para Sansoheta (2,2 millones anuales) y para el resto de la red de centros de menores son realmente útiles para combatir la exclusión social, que es su misión.

Un “historial de fugas”

Uno de los elementos clave de este caso es que la madre de uno de los internos de Sansoheta ya denunció en abril sus sospechas de que su hijo practicaba la prostitución, como adelantó eldiarionorte.es. Llegó a denunciarlo a la Policía de Vitoria con mensajes de Whatsapp que le había leído tras confiscarle el teléfono.

Su caso llegó a oídos de la Diputación, que activó un “protocolo” para analizar la situación. Es significativo que la denuncia quedara archivada por falta de pruebas –bastaba con entrar en una conocida ‘web’ de contactos mencionada en aquella denuncia- y que no se pudieran aplicar las medidas de control previstas sobre el menor porque presenta un “historial de fugas”. Es decir, Sansoheta no sabía dónde estaba. ¿El resultado? Ha estado ejerciendo la prostitución seis meses más cuando es evidente que la madre tenía razón al dar la voz de alarma. Este joven no ha aparecido hasta este martes por Sansoheta, varios días después de que el caso estallara públicamente y de que su identidad fuera entregada a todas las patrullas de Policía varios días atrás por si lo identificaban.

En este escenario, el propio diputado general de Álava, Ramiro González, ha comparecido públicamente para rechazar de plano la existencia de cualquier tipo de negligencia política por parte de Servicios Sociales. De hecho, la Diputación defiende que puso en marcha todos los mecanismos a su alcance cuando en octubre una joven dio pistas sobre lo que ocurría con ella y otros compañeros de Sansoheta en una conversación con sus tutores. En principio, de 24 internos al menos nueve podrían haber ejercido la prostitución.

Las fuentes consultadas insisten en que ahora serán necesarias medidas educativas de mucho calado. El extrabajador ironiza que se necesitará algo más que la retirada de los dos euros de paga, lo previsto para cuando se produce un mal comportamiento. ¿Qué les importaba perder ese dinero cuando los adolescentes conseguían 300 y hasta 600 euros en la calle?

Bideberria, centro de todas las miradas

Viajemos ahora a Bideberria (‘un nuevo camino’ en euskara). Se trata de un centro de menores, en este caso especializado en extranjeros no acompañados o ‘menas’. Está ubicado en pleno centro de Vitoria y que está gestionado por la misma subcontrata que Sansoheta. Hasta el estallido del gravísimo caso de prostitución, éste era el centro de todas las miradas. Las patrullas de la Ertzaintza tienen ya en su rutina pasar un par de veces por turno por la zona.

Las incidencias vinculadas a Bideberria se cuentan por decenas. Fueron sonadas algunas fugas masivas de jóvenes y más tarde saltó a las noticias por incendios en sus instalaciones y motines continuados. El verano de 2015, con agresiones a los trabajadores (llegaron a estar de baja el 33% de los cuidadores), fue especialmente intenso. Mientras la contrata repetía que “todo iba bien”, los chavales entraban y salían del lugar en plena madrugada con absoluta libertad. Que sea una institución de “régimen abierto”, de nuevo, no justificaba semejante trajín nocturno.

Al final, el comité de empresa de Bideberria alzó la voz. La situación era insostenible, dijeron públicamente. Los recortes de la Diputación de Javier de Andrés (PP) habían reducido la plantilla de 53 a 36 trabadores sociales y, además, el ERE afectó especialmente a los encargados de hacer “contenciones”, es decir, al personal más capacitado para solucionar un amotinamiento.

El nuevo Ejecutivo provincial del PNV, ese mismo verano de 2015, optó por una solución intermedia: trasladar de Bideberria a un centro más pequeño en Estíbaliz, junto a un monasterio, a los adolescentes más problemáticos. Durante algunos meses, los cambios se notaron para bien, aunque en 2016 nuevamente el nombre de Bideberria saltó a los medios de comunicación. Fue en Carnaval. Varios internos fueron acusados de una agresión sexual y dos de ellos se dieron a la fuga. La buena noticia es que una quincena de sus antiguos compañeros en el centro escribieron una carta pidiendo perdón en su nombre y ofreciéndose a colaborar contra este tipo de hechos en la medida de lo posible. Recientemente, con motivo de Halloween y coincidiendo con el Alavés-Real Madrid, también ha habido altercados.

Tirón de orejas de la Fiscalía

La Fiscalía de Álava aportó alguna reflexión sobre los centros forales en su memoria de 2015. De Sansoheta alertó del estado “deplorable” de sus instalaciones pese a ser “un centro de reciente construcción”. De Bideberria se asegura que merece “mención aparte” por “problemas graves de convivencia”. Aplaude, eso sí, las nuevas instalaciones “sumamente correctas” de Estíbaliz, un entorno donde parece que “la adaptación siempre es buena”.

Respecto al caso concreto de la prostitución, las fuentes judiciales siempre han dejado muy claro que los menores son víctimas en todo caso y que es un deber ofrecerles todas las garantías del Estado de Derecho. La prostitución de menores, sea o no inducida, siempre es delito para los ‘clientes’ y es a ellos a los que se perseguirá penalmente. Además, recaerá un agravante sobre quienes se citaran con menores de 16 años, ya que con esas edades la relación sexual nunca es consentida y además de la prostitución se considerará que ha habido violación o abuso sexual.

De momento, hay seis personas imputadas, entre ellas un psicólogo que está en prisión preventiva desde la semana pasada. Trabajaba para una subcontrata del Ayuntamiento. La Diputación, por su parte, ha apartado también a un monitor de Sansoheta. No se le acusa formalmente de nada, pero uno de los adolescentes le ha señalado en su declaración y Servicios Sociales ha optado por la prudencia.