El tabú de Lemoiz
Lemoiz, la central nuclear que nunca se abrió, cumple ahora 30 años desde que el Gobierno de Felipe González decretó en 1984 su paralización oficial. Y sigue siendo como un tabú, del que pocos quieren hablar, sobre todo su propietaria, la eléctrica Iberdrola, y las instituciones. Aunque ha habido planes para aprovechar ese fantasmagórico esqueleto, ninguno (crear un parque temático para la energía, un parque de ocio e incluso retomar un proyecto industrial con una central de ciclo combinado) ha terminado de concretarse. Y 30 años después pervive la duda de quién paro el proyecto: la movilización social o ETA.
En los 116 hectáreas del área reservada a la central que siguen valladas (de ellas 5,5 ocupadas por los 11 edificios que siguen en pie), la muestra de las cuatro décadas de paralización es el abandono absoluto. Iberdrola mantiene un mínimo sistema de seguridad con un empleado, con un coste no facilitado aunque nada que ver con los cuantiosos gastos pretéritos. En 1996, cuando la central llevaba paralizada 14 años, el mantenimiento se llevaba 12 millones de euros anuales, por el personal que acudía a diario a limpiar, pintar, destornillar y los 300 guardias civiles que vigilaban el lugar. La fuerte custodia pasó a la historia en 1996, con lo que dejó ser un lugar inaccesible (los guardias civiles detenían hasta entonces a los vehículos que circulaban por la carretera comarcal de la costa vizcaína) pero lo que ocurrió allí a finales de los 70 y principios de los 80 es complicado de olvidar.
La construcción de Lemoiz se convirtió en un conflicto que movilizó a decenas de miles de vascos, causó la muerte de 13 personas (cinco empleados asesinados por ETA, siete etarras y una ecologista), y sirvió como excusa a la organización terrorista para cometer casi 300 atentados contra instalaciones de la entonces eléctrica Iberduero, ahora Iberdrola. Aquella protesta empezó a fraguarse entre un grupo de vecinos de Deba (localidad donde también se quería instalar otra central) varios años después del inicio de las obras, en 1972, y acabó convirtiéndose en uno de los principales movimientos antinucleares del mundo, hasta el punto de que activistas extranjeros acudieron a Euskadi a analizar la movilización.
“Fue una respuesta social popular basada en la auto organización, muy extendida en la sociedad, con gentes de la Universidad y otros intelectuales, y luego con activistas, que nació espontáneamente y se extendió por toda Euskadi”, recuerda Carlos Alonso, miembro de Ekologistak Martxan y un activo participante en lo que se llamaron los Comités Antinucleares de Euskadi, que lideraron las protestas. “Este movimiento conecta muy bien con la sociedad con formas de luchas pacífica, salvo algunas pequeñas acciones de sabotaje, que van desde la información a la desobediencia civil. También hay que situarlo en un momento histórico, la primera transición, de efervescencia social y grandes movilizaciones”.
Raúl López Romo es un historiador que hace dos años escribió un libro “Euskadi en duelo”, centrado en la central nuclear. “Fue uno de los movimientos sociales más numerosos de Euskadi en la segunda mitad del siglo XX y de los más plurales en su inicio”.
La gran pregunta, más de 30 años después, es quién paralizó Lemoiz. Para Carlos Alonso, no hay un único motivo. “No lo paró el movimiento popular ni ETA, fue una conjunción de factores. El más destacado la movilización. Sin ella, no hubiera habido intervención de ETA. Si es cierto que su intervención contribuyó a retrasar notablemente las obras, primero con la amenaza y el asesinato directo. También contribuyó a la paralización la evolución de la energía nuclear, tras el accidente de Harrisburg [en 1979] y luego con Chernobyl. Se paralizan decenas de centrales porque las cuentas no les salen. Y otro factor del que se habla poco es el propio sabotaje dentro de la central de los trabajadores, que contribuye al retraso. Pero si hubiera seguido el boom de las centrales, tengo dudas de que se hubiera parado pese a la intervención de ETA”.
El historiador Raúl López Romo apunta, en cambio, a la organización terrorista. “No hay muchas dudas de que la responsabilidad mayor es de ETA. Eso no quiere decir que hubo un movimiento social muy novedoso, que implicó a miles de personas de diferentes edades, ideologías e incluso países. Pero, si las autoridades, con mayoría tanto en el Gobierno vasco como en central, hubieran decidido llevarlo a cabo, el proyecto habría seguido adelante. Cuando ETA mata a Ryan en 81 y Pascual en 82, sus compañeros dejan de ir a trabajar por miedo”.
El primer atentado se produjo en 1977 cuando un comando de ETA atacó el puesto de la Guardia Civil, que vigilaba las obras de la central, tras el que murió un etarra. En 1978, tras una potente bomba en el reactor de la central, fallecieron los dos primeros obreros.Solo en los primeros seis meses de 1981, hubo más de 60 sabotajes contra instalaciones de la central. El asesinato de más impacto fue el del ingeniero jefe de la central, el bilbaíno José María Ryan, tras mantenerle secuestrado durante una semana. Su crimen supuso la primera huelga general contra la organización terrorista en Euskadi. Y un año después, en 1982, cuando el Gobierno vasco (el PNV había mantenido una posición ambigua sobre la central pero en 1981 mostró su apoyo público) respaldó abiertamente el proyecto, ETA volvió a asesinar al sustituto de Ryan, el ingeniero Ángel Pascual.
Los atentados de ETA tuvieron la complacencia de los antinucleares, coinciden. “El movimiento”, apunta Alonso, “estuvo al margen de la intervención, no la jaleó pero nunca la criticó. Algunos han señalado como una de las principales victorias de la lucha armada de ETA. Pero, como ocurrió luego con la autovía de Leitzaran y el tren de alta velocidad, la intervención contribuyó a disgregar el movimiento”. El historiador López Romo define esa postura “entre el silencio y la complacencia. No he conseguido detectar, entre miles de recortes de prensa de esa época, una crítica colectiva de los atentados en Lemóniz. Hay críticas a Iberduero, a los partidos políticos, pero no a ETA. Éticamente eso no se puede sostener e históricamente, responde a esa situación de la transición”.
Lemoiz es una visita inolvidable para los que han podido entrar en su interior, como la espectacular zona del reactor, de 55 metros de alto y seis plantas bajo el motor de la nuclear, con una interminable sucesión de tuberías que siembran la inquietud del visitante. Su futuro es complicado. Primero por el coste: el derrumbe de los edificios del complejo requeriría 60 millones de euros, según un cálculo de hace 10 años. A lo que habría que añadir instalaciones exteriores, como el imponente dique exterior: 15 metros de altura y 300 de longitud, acometido no para hacer frente al mar, sino para evitar ataques con misiles. Solo el desmantelamiento de la central en los 80 costó 6.000 millones y se calcula que volver a construir una central similar supondría más de 12.000 millones.
Un portavoz oficial de Iberdrola dice que “no hay nada” sobre el futuro uso. “El sistema no quiere ni tocarlo. Podría ser remover historias que no interesa remover”, dice Alonso. “Sigue habiendo ocultismo: ¿por qué las torres de conducción de los alrededores se han mantenido?”, agrega. López Romo coincide: “Ha sido un tabú durante muchos años por como terminó todo. A corto plazo, no veo ninguna reutilización. Hay un marrón bastante grande”.
