Gallardón hace caja con las tasas judiciales pero no reparte el dinero con las autonomías
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha hecho caja con las tasas judiciales en 2013: 316,5 millones de euros, el dinero recaudado tras la reforma que entró en vigor a finales de noviembre de 2012 y que grava a los ciudadanos que pretenden acceder a la justicia, pleitear y ejercer su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Pero esa inyección de dinero, que en principio iba a estar destinada a la justicia gratuita -el dinero público destinado a garantizar que las personas con menos recursos puedan ir también a los tribunales- no ha llegado a las comunidades autónomas con competencias en la materia.
Es el caso de Euskadi. “No hemos recibido ni un euro de ese dinero recaudado y tampoco nos ha llegado la propuesta a la que en su día se comprometió el ministro para la distribución de esos fondos en las autonomías con competencias”, confirman portavoces del Departamento de Justicia que dirige Josu Erkoreka.
En Euskadi, vía tasas judiciales se han recaudado 24,3 millones de euros brutos en 2013, frente a los 18,8 millones que se ingresaron el año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial suministrados por el Ministerio de Hacienda. En la reunión que mantuvieron Erkoreka y Gallardón hace justo ahora un año, el ministro de Justicia se comprometió primero a destinar a la justicia gratuita el excedente de recaudación de las tasas judiciales frente a años anteriores. Y también anunció que remitiría una propuesta de distribución de los fondos que resulten de esas tasas entre las comunidades con competencias en el ámbito de la justicia, como es el caso de Euskadi. “Nunca más se supo de esa propuesta y no hemos recibido ni un euro”, se apunta desde el Gobierno vasco.
Solo por presentar una demanda, cualquier ciudadano tiene que pagar una tasa mínima de entre 150 y 300 euros. Si además la pierde y plantea un recurso -según el tipo de procedimiento Civil, Contencioso o Social- tendrá que pagar otros 200, 350 u 800 euros (1.200 si se trata de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo). De estas tasas es de donde han salido los 316,5 millones que ha manejado exclusivamente el Ministerio de Justicia.
Hace pocas semanas, Gallardón aseguró en el pleno del Congreso, a preguntas del diputado peneuvista Emilio Olabarria, que “si no hubiésemos aprobado las tasas judiciales, nosotros no hubiésemos podido elevar los umbrales de renta. Nosotros hoy proporcionamos la justicia gratuita a un número muy importante de ciudadanos en España que antes no tenían”. Pero lo que no dijo es que las comunidades autónomas no se habían beneficiado de ese fondo. Olabarria acusó al ministro de no decir la “verdad” porque le recordó que las comunidades con competencias en Justicia no habían recibido “ni un euro” y le acusó de obviar los “requerimientos constitucionales cuando hablamos de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva o el derecho de los litigantes con menos recursos a litigar”.
Gallardón aseguró finalmente que cubrirá con cargo a las tasas los sobrecostes que tengan que asumir las comunidades autónomas por ofrecer este servicio, “hasta un límite de tres veces la desviación media del territorio Ministerio”. Pero no puso ningún horizonte temporal.
Contras las tasas
Los abogados, jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, así como los sindicatos, han denunciado durante el pasado año que el 'tasazo Gallardón' limitaba el acceso a la justicia de la ciudadanía, sobre todo de las personas con menos recursos“. De hecho, la tasa de litigiosidad -que mide los casos presentados por cada 1.000 habitantes- no ha dejado de caer desde la entrada en vigor de la ley, lo que ha sido interpretado como un ”efecto perverso de la ley“ en relacion al acceso a la justicia, sobre todo de las personas con menos recursos para pleitear.
En el primer trimestre de 2014, la estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que se mantiene la tendencia de menos ciudadanos accediendo a la justicia: se ha pasado de una tasa del 34,34 en 2012 a a los 33,83 en 2013, y a 33,74 en el primer trimestre de este año. Sin embargo, la novedad es que la caída de los pleitos se sustenta sobre la jurisdicción penal, la que no se ha visto afectada por las tasas judiciales. Mientras que en lo Contencioso-Administrativo y en la jurisdiccion Civil, vieron caer en el País Vasco los pleitos en picado -un -19,5% en lo Contencioso y un -4,2% en lo Civil entre 2012 y 2013-, ahora repuntan.
Los últimos datos del primer trimestre de este año apunta a una tasa de demandas del 8,09 en la jurisdicción vivil (frente al 7,39 de 2013) y un 0,93 en la vía Contencioso-Administrativo (frente al 0,65 de 2013). Los expertos, con todo, consideran que aun es pronto para hablar de cambio de tendencia y señalan que habrá que esperar a conocer la evolución en los próximos trimestres. La jurisdicción Penal, la única que no se ha visto afectada por el 'tasazo Gallardón', sigue con la tendencia negativa y se ha pasado de una tasa de 22,83 demandas por cada 1.000 habitantes a 21,63 en el País Vasco.
