“Vamos a seguir trabajando para que las víctimas no vean que se da un paso atrás”
La directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno ha vasco ha afirmado que la Comisión de Valoración de vístimas de abusos policiales va a seguir trabajando para que los afectados “no vean ahora que se da un paso atrás, con todo lo que ha costado dar un paso adelante”. Hernando se ha referido de esta manera al recurso presentado por la Abogacía del Estado contra el decreto de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de “motivación política” vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Abogacía del Estado sostiene que las modificaciones realizadas en dicho decreto vulneran la Ley de Memoria Histórica en la que se establecen medidas de compensación hacia las personas que fueron perseguidas o atacadas durante la Guerra Civil y la dictadura. El grupo de trabajo encargado de realizar las valoraciones ha defendido ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento que los cambios realizados tienen como objetivo “la aplicación del derecho de equidad y justicia a todas las víctimas” y que “es importante que la Comisión pueda y se le deje terminar su trabajo, con toda la transparencia”.
En este sentido Hernando ha recordado que el recurso “no es suspensivo, por lo que el trabajo de la Comisión de valoración y del Gobierno puede continuar. Sin embargo, ha reconocido que el trabajo no se va a desarrollar de la misma manera si este recurso no se hubiera presentado, ya que pone ”potencialmente en duda“ el trabajo realizado hasta ahora.
Doble victimización
El médico y doctor en Psicología Social Carlos Martín Beristain y miembro de la Comisión de Valoración de Sufrimientos Injustos y Abusos Policiales, ha destacado que muchas de estas víctimas han sentido este reconocimiento como el primer acto reparador y cree que la “controversia política” alrededor de esto, “puede acabar cuestionando y dificultando el trabajo realizado, y convertirse en una victimización secundaria de las víctimas”. Beristain ha pedido “más margen de maniobra para poder hacer una valoración más equitativa y poder ser más justos y objetivos”.
En esta misma línea se ha expresado el vocal de la comisión Álvaro Gil-Robles, que ha subrayado la necesidad de que la Comisión pueda terminar su trabajo con toda la “transparencia y responsabilidad” y resolver los casos de estas personas que “llevan 50 años esperando Justicia”.
El grupo de trabajo ha atendido 231 solicitudes de las que 14 se presentaron fuera de plazo y se han realizado 119 entrevistas (12 en la anterior legislatura y 107 en la actual), de las que 33 se hicieron en Gipuzkoa, 28 en Bizkaia, 41 en Álava y cinco que residen en otras provincias (Navarra, Madrid, Badajoz y La Rioja). Se han resuelto 63 expedientes, 16 en la legislatura anterior y 47 en la actual. De los resueltos en la legislatura del PNV, se han pagado las indemnizaciones a aproximadamente 30 personas.
“Actitud vergonzosa, discriminatoria y antidemocrática”
Por su parte representantes de las asociaciones 'Egiari Zor', 'Goldatu' y la Asociación 3 de marzo, han denunciado “la actitud vergonzosa, discriminatoria y antidemocrática del Estado español con las víctimas producidas desde sus estructuras”. En este sentido han defendido los cambios realizados en el decreto del Gobierno vasco que “intenta dar un reconocimiento a todas las víctimas que hayan visto sus derechos e integridad física vulnerados por las diferentes violencias. No solo ya no reconoce a estas víctimas, si no que impide que otros lo hagan”, han añadido.
