Las víctimas, “tranquilas” por las “líneas rojas” del plan de acercamiento de presos de ETA de Macron
El Gobierno de Emmanuel Macron ha logrado la cuadratura del círculo. Su cambio en la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA convence a la izquierda abertzale, no chirría al Ejecutivo de Mariano Rajoy -que no ha tenido interlocución directa en este asunto- y, desde este martes, cuenta con el plácet de las víctimas del terrorismo al entender que respeta unas “líneas rojas” básicas.
La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha salido “tranquilizada” de la reunión mantenida este martes en París con Hélène Davo, alto cargo del Ministerio de Justicia de Francia y profunda conocedora de España después de años como juez de enlace en Madrid. El encuentro tenía la finalidad exclusiva de abordar los cambios que en materia penitenciaria se aplicarán de manera individualizada a algunos presos de ETA, que eran 61 repartidos en 17 penales a 31 de diciembre de 2017.
Según ha informado la asociación en un comunicado, “a los presos de ETA en el país galo se les va a aplicar el derecho común” y no habrá medidas colectivas ni beneficios penitenciarios específicos, así como tampoco un acercamiento generalizado a los presidios de Lannemezan y Mont-de-Marsan, los más próximos al País Vasco. Es la misma información que manejan en la oficina de Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigida por Jonan Fernández y minimiza algunos titulares de prensa que habían aludido a un acercamiento generalizado.
Ordóñez ha recibido la garantía de la asesora de la ministra de Justicia y guardiana de los Sellos, Nicole Belloubet, de que el proceso abierto con los integrantes del EPPK tiene “líneas rojas” y que no es fruto de una “negociación” con los interlocutores vascofranceses vinculados a los autodenominados 'artesanos de la paz' que participaron en la escenificación del desarme de 2017 y que en diciembre impulsaron una manifestación en el centro de París en pro de los derechos de los reclusos. El Gobierno de Macron, entre otras cuestiones, busca priorizar las medidas de seguridad en las cárceles del Hexagono para responder a la amenaza yihadista -tienen 1.000 reos “radicalizados- y, de hecho, media docena de etarras han visto retirada su condición de presos de ”especial peligrosidad“.
Las medidas planteadas por el Ejecutivo francés supondrán que se atenderán las solicitudes presentadas de forma individualizada por los reclusos de ETA -el EPPK ha levantado el veto a esta vía que antes suponía la expulsión y el ostracismo- y que solamente quienes tengan menos de tres años de cumplimiento de pena pendiente y cumplan los requisitos de seguridad y “buen comportamiento” podrán acogerse a ellas. Covite y otros colectivos de víctimas siempre han defendido que este tipo de movimientos, como en su día lo fue la 'vía Nanclares', estén sujetos a un compromiso de los reclusos no sólo de reconocimiento del daño causado y su desvinculación con la organización, sino también de colaboración con la Justicia en el camino de resolver los centenares de crímenes aún sin esclarecer, pero no es una exigencia contemplada en la legislación francesa.
“Covite se felicita de las líneas rojas marcadas por el Ministerio de Justicia francés, que asegura que no se concederán traslados a presos con delitos de sangre ni a aquellos con condenas o causas pendientes en España”, abunda esta entidad. En principio, asimismo, los miembros de ETA con juicios pendientes en París también se mantendrán en cárceles del entorno de Île-de-France.
Según Ordóñez, la información que se ha ido filtrando en las últimas semanas en torno a los cambios en materia es una “campaña de falsedades” ya que se han enviado “mensajes interesados sobre supuestos cambios en política penitenciaria sabiendo que son inexistentes”. La presidenta de Covite atribuye estas informaciones a los interlocutores vascofranceses, a los que considera mediadores de ETA, y al perfil bajo del Gobierno vasco, quien en un primer comunicado aseguró que las medidas “tienen su base en el marco de relación que el Gobierno vasco mantiene también en el Estado francés” y que supondrán un “proceso de acercamientos” que será “progresivo, gradual y abordado caso a caso”.
Además de a Covite, Hélène Davo también recibirá en París a Marimar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y diputada del PP. El Ministerio de Justicia había citado también a los interlocutores vascofranceses, encabezados por el alcalde de Baiona y presidente de la nueva Mancomunidad de municipios de Iparralde, Jean-Rene Etchegaray, pero ese tercer encuentro se ha aplazado por una huelga convocada por los funcionarios de Prisiones. Hay contactos recurrentes también con Jonan Fernández.
