El Gobierno facilitará a la comisión de investigación las actas de los órganos rectores de la CAN
La comisión de investigación que estudia en el Parlamento foral el final de la antigua Caja Navarra tendrá a su alcance las actas de las sesiones que los órganos rectores de la entidad financiera mantuvieron entre los años 2000 y 2012. Finalmente, será el propio Gobierno foral quien decida si las actas de los órganos rectores de la antigua Caja Navarra son una “documentación necesaria” para ejercer la función de “protectorado” que el Ejecutivo tiene asignada sobre la extinta entidad financiera. Y, si así lo establece, pondrá dichas actas a disposición de los grupos.
Así lo han dado a conocer los servicios jurídicos del Parlamento en la sesión de la comisión de investigación. Con el único voto en contra de UPN, que también en el Gobierno mantuvo que esa documentación no se debía facilitar a la Cámara, todos los demás grupos han acordado pedir al Gobierno su parecer sobre esta cuestión antes del 8 de marzo.
La consulta a los letrados parlamentarios se elevó después de que el consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno comunicara al Parlamento que había recibido las actas de los órganos rectores de CAN. Se las había remitido la Fundación Bancaria Caja Navarra, y lo había hecho en su condición de “protectorado” de la fundación. Pero también le había advertido de las limitaciones de uso que afectaban a dicha documentación, así como sobre su deber de respetar las garantías legalmente establecidas para la protección de datos de carácter personal.
De manera que, el consejero, antes de facilitar a la comisión de investigación, presidida por Unai Hualde, todos estos documentos, pidió que los servicios jurídicos de la Cámara estableciesen cuáles son las condiciones en que la documentación puede utilizarse.
Según el informe que ha conocido la comisión de investigación, los grupos podrán requerir al Gobierno foral las actas y, si éste decide que son necesarias para la investigación, podrá facilitar a los grupos el acceso a los documentos. A partir de ese momento, señala el informe, los integrantes de la comisión de investigación “estarán sujetos al deber de secreto y confidencialidad respecto de su contenido”.
Los grupos han coincidido en plantear en torno al 30 de abril el plazo límite orientativo para que el Gobierno foral, una vez admitido facilitar la documentación al Parlamento, habilite un espacio en sus dependencias. De esta manera, serían los integrantes de la comisión de investigación quienes se desplazarían hasta el lugar habilitado por el Gobierno para consultar la documentación.
Diez meses de trabajo
También como plazo límite orientativo se ha fijado el 10 de mayo, en este caso para la presentación de comparecencias, las cuales se celebrarían entre el 15 de mayo y el 15 de junio. De esta forma y salvo prórroga, la presentación de las conclusiones y la finalización de los trabajos tendría lugar el próximo 30 de junio. Según la propuesta de trabajo presentada por los cinco grupos, se pretende incidir en “comparar la labor 'in vigilando' que llevaron a cabo otros gobiernos regionales” que se encontraron en una situación “muy similar” durante “el proceso de fusión de otras cajas”. Asimismo, se busca investigar el “cronograma completo del patrimonio que componía la CAN en 2005”, tratando de “aislar las instituciones o personas que de una u otra forma estuvieron involucradas o se pudieran haber beneficiado”.
Transcurridos diez meses desde que la comisión de investigación se pusiera en marcha, Unai Hualde ha valorado de forma positiva el trabajo realizado al entender que, “frente a lo sucedido en el fallido intento de finales de la pasada legislatura, ha sido numerosa y prolija la documentación obtenida”.
“Ha habido una actuación decidida para sortear los dos principales impedimentos de entonces, el tiempo y los obstáculos legales. Esta es una impresión compartida por todos los grupos, salvo UPN y PPN, que no viene participando en las sesiones”, ha señalado.
