‘Caso Osasuna’: así se justificaron miles de euros por servicios sin prestar
¿Un contrato de miles de euros no deja rastro aparente del servicio realizado por él? Esta es una de las principales preguntas que guían la instrucción del llamado caso Osasuna. Desde el inicio de esta investigación, la Policía y el juez Fermín Otamendi se han centrado en dos operaciones: un contrato inmobiliario por valor de 900.000 euros, así como un contrato y unas facturas por una labor de scouting (por así decirlo, de seguimiento de jugadores interesantes), con la sociedad portuguesa Flefiled, de la que, por cierto, muchos imputados y testigos del caso dicen o no conocer o saber únicamente por la prensa. Lo llamativo de estas operaciones es, además de su cuantía, cómo se han justificado. O, más bien, cómo se han dejado de justificar. El primero, con (la copia de) un recibí; el segundo, con un contrato con dos firmas en los que una no se ha logrado identificar y unas facturas que generaron recelos en el propio contable del club.
¿Tanto podía destinar Osasuna a investigar posibles fichajes (un club que, por cierto, este mismo martes ha reconocido que tiene limitaciones para poder fichar pero ha negado que sea por impagos a sus futbolistas)? De la investigación en el Juzgado cuando Osasuna aún estaba presidido por Miguel Archanco se entiende que no. Porque una de las líneas en las que se ha centrado el juez instructor del caso Osasuna es la extracción de dinero del club cuyo destino, en principio, se desconoce. Hasta ahora, se habla de “al menos” 2,4 millones (entre la operación inmobiliaria, los pagos a Flefield y otros 76.611 euros que, en este último caso, durante la presidencia de Patxi Izco, se justificaron únicamente como el pago a un agente deportivo, sin más señas). Por el momento, el magistrado ya ve “serios indicios” de que importantes cantidades de dinero se destinaron a presuntos amaños de partidos durante la temporada 2013-2014: 250.000 euros presuntamente al Espanyol por empatar, y 650.000 al Betis por ganar al Valladolid y, supuestamente, dejarse ganar por Osasuna.
¿Y cómo se justificaron esos gastos? La instrucción ha centrado su atención sobre todo en dos operaciones. La primera asciende a 900.000 euros y se trata de un pago (que se tendría que haber realizado en junio de 2013) a los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Alberto Nolla, correspondientes en principio a un trabajo de estudio y posible venta de parte del patrimonio del club. Después, esos agentes inmobiliarios reconocieron que no habían prestado ese servicio ni cobrado ese dinero, sino otras cantidades (se les prometió saldar una deuda de 30.000 euros por un proyecto anterior con Valencia), por firmar un recibí en el que figuraba que habían cobrado esa cantidad.
Un recibí con la firma del colegio
Un recibí que, según el testimonio de ambos agentes, ahora imputados, les había enviado por correo electrónico el que fuera gerente de Osasuna durante más de veinte años, Ángel Vizcay, también imputado y cuyo testimonio es clave en este caso porque su versión, hablando de los supuestos amaños ante la LFP, fue el punto clave en el que arrancó esta investigación. Ya en la auditoría realizada para la LFP sobre las cuentas de Osasuna se dudaba abiertamente de que se hubiera prestado ese servicio y, por tanto, se preguntaba por el destino real de esos fondos.
Nolla, por cierto, declaró ante la Policía después que firmar ese recibí le pareció una operación “poco seria” y, por ello, en lugar de utilizar su firma habitual, empleó la que utilizaba cuando iba al colegio.
De hecho, en las diligencias previas, la Policía ya concluyó que se trataba de un “documento ficticio”, creado únicamente para intentar solucionar los “importantes descuadres económicos” ante la auditoría de la LFP, según recogió después el juez en su auto de marzo de este año. En ese documento, por cierto, autorizó el registro de los domicilios de los imputados Miguel Archanco, expresidente de Osasuna; Ángel Vizcay, exgerente; y el exdirectivo Txuma Peralta.
El 'scouting' millonario
La segunda operación dudosa es la centrada en las labores de scouting de Flefield durante la temporada 2013-2014, que en este caso ascendían a 1,56 millones y por las que el club, presuntamente, abonó 1.440.000 euros: 300.000 euros el 10 de enero de 2014, 375.000 el 10 de mayo de 2014, 445.000 el 10 de junio de 2014 y 320.000 el 30 de junio de ese mismo año. De nuevo, la auditoría también señaló que no había evidencias del trabajo realizado, y que se hubiera pagado sin dejar evidencia por una labor por la que, precisamente, se hacen informes o se realizan grabaciones. Y la Policía se preguntó también por qué si se llevaron a cabo esas labores, el que entonces era director deportivo de Osasuna y responsable de esa faceta, Ángel Martín González, declaró no saber nada de Flefield.
Una de las pistas en las que se centró la Policía, a este respecto, es en qué personas firmaron el contrato del 1 de julio de 2013 para que Flefield cobrara por esos supuestos trabajos. Y el estudio inicial indicaba que, por parte de Osasuna, la firma era similar a la del entonces presidente, Archanco, pero por parte de Flefield no se ha podido determinar a quién pertenece. El contable del club, Tomás López, declaró después (también está imputado) ante el juez y la Policía que le extrañaron las facturas a nombre de Flefield que le presentó Vizcay y, por ello, le pidió que le firmara una orden de contabilización por escrito de las facturas y los pagos para inscribirlos en la contabilidad.
El director deportivo de la entidad, Petar Vasiljevic, en su declaración ante la Policía (es otro de los 21 imputados en el caso), al ser preguntado por estos servicios, reflexionó que si el club, dada su mala situación económica, ha tenido que firmar jugadores libres, el pago de ese tipo de cantidades por una labor de scouting le parecía “impensable”. Lo impensable, sin embargo, figura en esos documentos del club.
