Bardenas Reales: privilegios medievales que son rentables gracias al polígono de tiro
Las Bardenas reales son una extensión de 41.845 hectáreas de terreno rústico en el sur de Navarra y que no están adscritas a ningún término municipal. Los usos tradicionales de pastoreo, cultivo y madera han ido derivando hacia otros como el turismo, la energía renovable y la economía sostenible. Originariamente eran patrimonio de la Corona de Navarra, que fue concediendo el disfrute de los terrenos a varias localidades en pago por sus servicios durante las guerras o en contraprestación por sus préstamos para cubrir los gastos de la corona. Desde el año 882 hasta 1963 se concedió el disfrute de los terrenos a 18 pueblos de la Ribera (Tudela, Arguedas, Fustiñana, Cortes, Cadreita, Villafranca, Funes, Falces, Santacara, Carcastillo, Corella, Valtierra, Cabanillas, Buñuel, Milagro, Marcilla, Peralta, Caparroso y Mélida). Posteriormente se sumaron el Valle de Salazar y el de Roncal, así como el Monasterio de la Oliva. Este conjunto de entidades y municipios es lo que se conoce como congozantes, es decir los pueblos y entes que participan en los derechos y beneficios obtenidos por la gestión de dichos terrenos rústicos.
En el año 1705, se pagaron doce mil reales de a ocho al Rey Felipe V. Fue el precio que estipuló el monarca para conceder, mediante Real Cédula de 14 de abril, la cesión de goce de las Bardenas Reales de Navarra a los 22 congozantes que ya entonces disfrutaban de determinados privilegios de uso (pasto para los animales, labores de roturar y sembrar, aprovechamiento de la madera). La concesión costó 12.000 reales, y no los 9.000 pesos previstos por los congozantes, porque el rey les concedió el uso del territorio “a perpetuidad” y “en exclusiva”. El régimen de cesión de uso se mantiene en la actualidad, regularizado por el Estado e inscrito en marzo de 2009 en el Registro de la Propiedad de Tudela.
Lo que sí ha cambiado con el paso de los años han sido los privilegios que ostentan los congozantes de Bardenas Reales y, sobre todo, los que administran sus representantes en la Comunidad de Bardenas. En pleno siglo XXI, gracias a privilegios adquiridos y perpetuados desde el medievo, la Comunidad de Bardenas ingresa anualmente más de siete millones de euros y reparte equitativamente a sus 22 congozantes en torno al 55% de dichos ingresos. El resto, lo administra de acuerdo con sus propias ordenanzas que, dado el especial carácter jurídico de la entidad, están por encima de las normas generales que se aplican a las entidades locales de Navarra.
Pero ni la declaración de Parque Natural con la que se protegió en 1999 sus dos Reservas Naturales (Rincón del Bu y Caídas de la Negra), sus dos Zonas Húmedas y sus tres grandes Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS), ni el evidente atractivo de su peculiar geografía para la industria cinematográfica (por ejemplo, la serie ‘Juego de Tronos’ eligió varias localizaciones en Bardenas para rodar), y ni siquiera la declaración del territorio como Reserva Mundial de la Biosfera han conseguido hacer rentable el mantenimiento y la gestión de estas 41.000 hectáreas de terreno desértico y agreste. Tampoco los ingresos que se obtienen por la venta de energía eléctrica procedente de la huerta solar que se instaló en las Bardenas pueden considerarse un uso excesivamente rentable, ya que sirven para cubrir los gastos financieros en que incurrió la Comunidad para implantar las instalaciones.
Si las Bardenas Reales tuvieran solo los referidos ingresos, no podrían considerarse rentables los privilegios medievales que se mantienen actualmente para su gestión. Pero la verdadera fuente de ingresos de Bardenas reside en una pequeña parte de su territorio (el 4% de su superficie, 2.244 hectáreas) alquiladas desde 1951 al Ministerio de Defensa para campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Es el polígono de tiro, declarado en el año 2000 como zona de interés para la Defensa Nacional, el que hace de los usos medievales de Bardenas un verdadero negocio para sus congozantes.
Polígono de tiro
El contrato de alquiler del polígono de tiro renovado en 2008 para los 20 próximos años contempla un canon anual de siete millones hasta 2018 y de 14 millones al año hasta la conclusión del contrato. Es decir, 210 millones más la correspondiente actualización con el IPC anual. Es la Comunidad de Bardenas quien ingresa anualmente este canon, quien reparte más de la mitad del dinero a partes iguales entre los 22 congozantes, y quien administra el resto según sus propias ordenanzas. Es decir, el privilegio de ser congozante de Bardenas reales supone, por ejemplo, que el Monasterio de la Oliva reciba anualmente 195.000 euros sin desempeñar trabajo alguno a cambio, y sin que ninguna autoridad superior supervise en qué se gasta ese dinero de procedencia pública. A los alcaldes de los pueblos congozantes de la Ribera les llueve cada año la misma cantidad, aunque es cierto que a ellos sí les toca soportar el ruido de los aviones militares sobrevolando su espacio aéreo para ir a hacer maniobras al polígono de tiro. Un inconveniente que no sufren ni en el Valle de Roncal ni en el de Salazar, situados a más de 100 kilómetros de las instalaciones militares, pero receptores igualmente de los 195.000 euros anuales.
Corella es uno de los 22 pueblos congozantes de Bardenas reales. Según los datos del INE de 2016, cuenta con 7.642 vecinos, lo que representa que es la tercera localidad más poblada de la Ribera, después de Cintruénigo. Para este año, tiene aprobado un presupuesto de más de 7 millones de euros. El 2,75% de ese presupuesto le viene directamente en forma de transferencia corriente desde la Comunidad de Bardenas. También Cintruénigo tiene aprobado para este año un presupuesto similar, de más de 7 millones de euros, pero no cuenta entre sus ingresos con los 195.000 euros que sí disfruta Corella como entidad congozante de Bardenas. El canon que cobra Corella por el alquiler del polígono de tiro sería suficiente para cubrir más de dos veces el gasto que Cintruénigo va a abordar en la recuperación de sus carreteras este año.
Estos agravios comparativos entre municipios de la Ribera van a crecer a partir del próximo año. Según el contrato con Defensa, la Comunidad de Bardenas pasará a ingresar 14 millones de euros al año en lugar de los 7 millones anuales que se embolsa en la actualidad. Es decir, si la Comunidad de Bardenas decide mantener las reglas de reparto que se establecen por mayoría de voto de las entidades congozantes, los beneficiarios pasarán a cobrar casi 400.000 euros al año gracias al alquiler del polígono de tiro en la estepa bardenera.
¿Por qué la Comunidad de Bardenas reparte entre sus congozantes el 55% del dinero que recibe de Defensa y no el 100% de dicho canon? Porque así lo decidieron sus soberanos congozantes, sujetos únicamente a las ordenanzas de esta atípica entidad de origen medieval, a la que el ordenamiento jurídico aplicable a todas las demás entidades locales de Navarra no afecta. ¿Cómo administra la Comunidad de Bardenas el resto del dinero que no reparte entre los congozantes? De acuerdo con las citadas ordenanzas internas. Según el reciente informe de auditoría de la Cámara de Comptos, dicha administración “no responde a la utilización racional de los recursos públicos, ni al principio de buena gestión que se supone a cualquier entidad local”.
De hecho, los gastos de representación en dietas, comidas, cestas de Navidad y viajes de los integrantes de la Comunidad de Bardena sumaron más de 900.000 euros entre 2010 y 2016. Eso sí, “todo es legal”, como insiste en señalar el propio presidente de la Comunidad de Bardenas. Curiosamente, bajo su mandato se ha introducido una nueva regulación interna para gastos presupuestarios que ha limitado por primera vez las dietas que esta entidad paga a sus integrantes por asistir a las reuniones, ha puesto topes máximos de gasto para los viajes oficiales y ha establecido un sistema de control sobre las dietas de kilometraje, por ejemplo. Todo sigue siendo igual de legal que antes, y la Comunidad de Bardenas podía haber continuado su gestión sin introducir estos topes de gasto, porque sus ordenanzas están por encima del ordenamiento jurídico general para las demás entidades locales. Privilegios medievales que se mantienen en el siglo XXI. Y que resultan muy rentables para sus beneficiarios.
