CAN, de una caja territorial a un gigante “sobredimensionado” y sin solvencia

Quince folios, más dos anexos, sin firma y solo terminados con una fecha, “marzo de 2011”. Así es el llamado informe Riezu, un documento que no se solicitó pero que el primer director de Caja Navarra, Lorenzo Riezu, presentó, supuestamente, en esa fecha a la presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina. En ese documento se hace un severo repaso de la gestión de su sustituto en el cargo, Enrique Goñi, quien emprendió la conversión de una caja territorial pero solvente en un gigante bancario con pies de barro que terminó, en 2011, con el paso a Banca Cívica. La fecha del informe es llamativa porque indica que se trasladó a la presidenta antes de la salida a Bolsa de Banca Cívica y de su posterior adquisición por parte de Caixabank.

“Qué ha pasado en Caja Navarra” es el encabezamiento de este documento y también, por cierto, la pregunta clave de la comisión de investigación activada, a última hora eso sí (poco antes del final de la legislatura), en el Parlamento de Navarra. Ha sido en este foro donde, precisamente, y tras la solicitud planteada por Bildu y Aralar, el propio Gobierno de Navarra ha facilitado este informe demoledor contra el plan de expansión de Caja Navarra y en el que ya se advertía de sus consecuencias.

Riezu, que fue director de la entidad entre 1994 y 2001, explica, de forma didáctica, apoyada en datos (las memorias anuales de la caja y Notas de Auditoría, los Anuarios de la Confederación Española de Cajas de Ahorros o los boletines estadísticos del Banco de España) y a veces con un punto sentimental, por qué Caja Navarra pasó de ser una entidad fuerte y saneada en torno a 2001 a, por operaciones realizadas entre 2003 y alrededor de 2010, perder su identidad.

Los gastos y las ventas

El exdirector, en ese informe, alega que esta pérdida de solvencia no puede achacarse a la crisis, pero sí a que ese proceso de expansión se inició en el peor momento. Riezu cuestiona, punto por punto, actuaciones como el plan de prejubilaciones, que llevó a prescindir de parte de la plantilla (334 personas) incluso con 50 años de edad (y tuvo un coste, mencionó entonces, de 180 millones); las contrataciones de 1.000 nuevos empleados y apertura de nuevas oficinas, así como otros gastos (230 millones); la inversión disparada (punto que reconoce delicado) en Obra Social reduciendo las reservas de la entidad en más de 80 millones…

Unas cifras que, sin embargo, siempre según ese informe, se “enmascararon” para cumplir los objetivos de solvencia que exige el Banco de España con la venta de participaciones empresariales, de empresas instrumentales de la caja o de la propia sede social, ubicada en la avenida de Carlos III de Pamplona. Y el punto final de ese proceso fue la “huida hacia adelante” de participar en Banca Cívica, lo que dejó la antigua Caja Navarra como una entidad sin contenido financiero.

Tener acceso a ese informe, del que ya se hizo eco Diario de Navarra en noviembre de 2011, era una de las claves que perseguía la asociación Kontuz! para probar los errores de gestión que llevaron a la desaparición de la CAN. La entidad, referente en las denuncias para investigar este caso, también cree que este informe resulta esclarecedor para pedir explicaciones a los gestores del Gobierno y de la caja, ya que la asociación se ha preguntado, a través de un comunicado, por qué se obviaron las advertencias de este informe no solicitado pero sí presentado, ha afirmado, ante Yolanda Barcina. UPyD, por su parte, que también se ha movilizado ante los tribunales por este asunto, opina que escuchar a Riezu resulta “vital” para el caso.

No en vano, ese informe ha vuelto a la palestra tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a instancias de la Fiscalía, ha solicitado la comparecencia de Riezu en calidad de testigo el próximo 27 de marzo, a las 10:00 horas, en lo que se presenta como un nuevo día clave para aclarar qué sucedió en la CAN. En cualquier caso, la fecha, según apuntan fuentes de la Audiencia, es provisional.