Céntimo sanitario: un impuesto “irregular” que solo se devolverá en parte
El céntimo sanitario ha creado malestar entre los ciudadanos navarros los últimos años. Tras conocer que habían estado pagando un impuesto declarado “ilegal” por el Tribunal de Justicia de la UE, supieron que el Gobierno de Navarra no se lo iba a devolver. El ejecutivo recaudó 256 millones de euros durante los 10 años de vigencia del impuesto (2002 – 2012), y ahora calcula que devolverá 20, debido a las restricciones para solicitar el reembolso de lo abonado. ¿Quién ha desembolsado los 236 millones que permanecen en las arcas forales? Principalmente los consumidores, ya que para solicitar la devolución Hacienda exige las facturas, y la mayoría de usuarios de vehículos particulares no disponen de ellas, lo que provoca que, como anuncia la Asociación de Consumidores Irache, “muy pocos de los consumidores podrán recuperar ahora el dinero que se les cobró de forma incorrecta”.
La asociación de consumidores Irache es quien representa al colectivo más afectado por este impuesto recaudado de forma indebida. Lamentan que muchas de las consultas que han ido recibiendo para solicitar la devolución han caído en saco roto ya que la inmensa mayoría de los ciudadanos no tiene facturas para demostrar el pago del impuesto. Desde el punto de vista del consumidor, consideran que si el pago está justificado deberían devolver el dinero pagado, sea cual sea la manera de justificar el gasto ya que, “al final, han sido los ciudadanos los que han pagado de su propio bolsillo la implantación irregular de un impuesto por parte de la Administración”. De hecho, pese a la declaración del impuesto como “ilegal”, el Gobierno de Navarra ha conseguido ingresar 236 millones de euros que no devolverá porque no existen facturas y el tique de compra o el recibo bancario del pago con tarjeta no es suficiente.
Irache cree que la devolución podía haber sido más “ágil y transparente” ya que, hasta noviembre no comenzarán a pagarse las devoluciones pese a conocer la sentencia europea desde febrero. “La Administración tardó en reaccionar desde que se conoció la anulación de este impuesto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ofreció una información confusa”.
“Una mala práctica de los gobiernos de turno ha dañado directamente la economía de los hogares, en un momento de especial vulnerabilidad”, añaden desde Irache y no sin razón. “Desde que se conoció la sentencia hubo numerosas consultas. Lamentablemente, sólo se han podido tramitar una parte menor de ellas, ya que muchos ciudadanos se echaron atrás al saber que, en principio, necesitaban recuperar los tiques o facturas del combustible pagado, unos comprobantes referidos a años atrás y que, obviamente, muchos ya no conservaban”.
