Comptos ya concluyó en 2013 que muchos abortos serían más baratos en el sistema público
La retirada del anteproyecto de la Ley del Aborto del gobierno Rajoy ha reabierto un debate en Navarra: ¿deben los abortos practicarse en el Sistema Navarro de Salud (SNS)? Es decir, en la sanidad pública, sin la necesidad de derivarse al sector privado (en este caso, la clínica del municipio de Ansoáin), aunque sea a coste cero para las pacientes. Este debate no solo se plantea en términos de si el personal médico ha objetado o de si hay presión por parte de la comunidad religiosa, sino también en el mero aspecto económico. En este punto, resulta clave recordar el informe realizado por la Cámara de Comptos, el órgano que fiscaliza las cuentas públicas de Navarra, que, en mayo de 2013, tuvo una conclusión muy clara: la interrupción farmacológica del embarazo hasta la semana 14 rondaría los 200 euros, mientras que en el privado vale 454; y, en los casos que se realiza una intervención quirúrgica con anestesia regional, en el público se estima que costaría 550 euros, similar al del privado; y, por último, con sedación en el SNS valdría 600 euros, cifra “ligeramente inferior” a la de costear esa operación en Ansoáin o un centro similar en San Sebastián.
“Navarra tiene una deuda con las mujeres: nunca ha cumplido la Ley del Aborto”, y “la ley es clara, y dice que este tema (la interrupción del embarazo) debe tratarse en centros públicos”, han sido algunas de las valoraciones de portavoces de grupos feministas como Tere Sáez, de Andrea, y Begoña Zabala, integrante de la Asamblea por el derecho al aborto de Navarra. Las movilizaciones contra la ley impulsada por Gallardón han reavivado la pelea en torno a la, por así decirlo, normalización de la interrupción del embarazo, que con la ley de 2010 en la mano (la ahora aplicable) debería realizarse en el sector público. Y, solo en casos excepcionales, tendría que derivarse al público pero en Navarra, como en el resto de España, la excepcionalidad se ha convertido en norma.
De ahí que, por ejemplo, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley navarra que crea un listado de objetores en el sistema público, una vía abierta después de la presión ejercida a los médicos cuando se practicaron los primeros abortos en Navarra (entre 1985 y 1987 únicamente se efectuaron diez en los centros públicos), desde el PSN valoraron que ya no hay excusas (con este listado, se podría contratar a personal no objetor para llevar a cabo estas operaciones) para que estas interrupciones del embarazo puedan hacerse en el sistema público.
Y otra razón, descartada por el informe de Comptos, es la económica. La cámara llevó a cabo este estudio a raíz de un encargo en 2012 de los grupos parlamentarios de Nafarroa Bai, Bildu e Izquierda-Ezkerra. De entrada, se calculó que el coste de la interrupción del embarazo (hubo entonces 981 casos, 842 de ellos en Ansoáin, además de otros en Zaragoza, Madrid y San Sebastián) para las arcas forales alcanzó los 437.000 euros en 2012. ¿Habría costado menos si estas interrupciones se hubieran realizado en el sistema público? Para responder a esta pregunta, la cámara estudió varios casos: la interrupción farmacológica, la quirúrgica con anestesia regional, y la sedación.
Comptos realizó entonces sus estimaciones con respecto a intervenciones normalizadas, sin tener en cuenta posibles complicaciones, puesto que “no son habituales”, según se alega en el informe. Y el dato más llamativo fue la conclusión de que la interrupción farmacológica no costaría ni la mitad de lo que se factura en el sistema privado (unos 454 euros). En el resto de los casos, comparados con intervenciones en centros como el de Ansoáin, San Sebastián o Bilbao, las cifras fueron más equiparables. En algunos casos mayores según el centro y, en otros, inferiores.
Las conclusiones
Ante estas cifras, contra las que presentaron alegaciones tanto la clínica de Ansoáin como el Gobierno Foral, Comptos recomendó abiertamente a Osasunbidea que, dada la disponibilidad de personal (once ginecólogos aseguraron en 2011, en una carta pública conjunta, que no había razones para no realizar los abortos en el sistema público, mientras que el Gobierno de Navarra alegó que la objeción se daba, ante todo, entre anestesistas y enfermeras) y la diferencia económica, “debería considerar la posibilidad” de, al menos, realizar las interrupciones farmacológicas directamente en centros públicos. En cuanto a las operaciones, también se aconseja estudiar la posibilidad de actuar en embarazos de menos de 14 semanas de gestación. Los colectivos y partidos que apuestan por dar un paso más en este apartado, mencionan ahora la importancia de este informe, cuyas recomendaciones han adquirido una nueva vigencia.
