Comptos confirma irregularidades en la gestión de UPN en el Valle de Egüés
La Cámara de Comptos de Navarra ha publicado un informe sobre la gestión de las sociedades públicas del Ayuntamiento del Valle de Egüés (2004-2012). En dicho informe concluyen que la gestión del Consistorio, gobernado aquellos años por UPN, cometió “irregularidades relevantes” que podrían conllevar responsabilidades “económicas y jurídicas”. El informe de la Cámara de Comptos señala que “el Ayuntamiento del Valle de Egüés no ejerció un control adecuado sobre las actividades de las sociedades, especialmente las mixtas, que garantizara el cumplimiento de la legalidad, publicidad, transparencia, buena gestión, igualdad de trato y adecuación al interés general. Sus actuaciones no se trasladaron a los órganos de control interno del ayuntamiento para su fiscalización y asesoramiento”. Esta situación cambia a partir de 2012, con el cambio en la titularidad en el Consejo de Administración de la sociedad Andacelay, una de las investigadas.
En el informe se analizan varias actuaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno municipal. En cuanto a la contratación administrativa, el informe concluye que se ha “favorecido al socio privado” de las sociedades mixtas. Este socio, dice el informe, incluso en algún caso incumplió los compromisos propuestos en su oferta en el aspecto financiero. La Cámara de Comptos confirma también irregularidades en los procesos de contratación. En concreto, en sus conclusiones, afirma el órgano fiscalizador dos irregularidades importantes. En primer lugar, una adjudicación realizada a un empresario que formaba parte de la mesa de contratación. En segundo lugar, la adjudicación de un proyecto técnico de promoción de viviendas antes de iniciar el proceso de selección.
Se ha detectado que tanto Andacelay (sociedad formada por el Ayuntamiento y un socio privado) como Nasipa (socio privado que formó parte de las dos sociedades mixtas creadas en el consistorio, Andacelay y Egüés 21), emitieron facturas a la sociedad mixta Egüés 21, S.A por un valor de 1,7 millones de euros, “sin que respondan a un gasto ejecutado o a un servicio prestado”. El informe también descacan que el socio privado, Nasipa, recibió más deinero del previsto por la empresa mixta Egüés 21 y que “incumplió su oferta” al no asumir los gastos financieros de esta sociedad. Constata también la Cámara de Comptos que la entonces concejal de UPN, Carolina Potau, recibió retribuciones de Andacelay por su condición de apoderada, algo incompatible con su cargo de edil con dedicación exclusiva. El informe hace referencia también a la compra de preferentes por parte de Andacelay, operación que ya fue fiscalizada y que “supuso una pérdida de 65.000 euros a las arcas municipales”.
Consecuencias económicas
El informe analiza también las consecuencias económicas que estas actuaciones han tenido, tanto para el ayuntamiento como para el socio privado. “Por lo que se refiere al ayuntamiento, ha tenido un incremento neto de patrimonio de 4,5 millones. Si en vez de crear sociedades junto a un socio privado hubiera vendido las parcelas a terceros, el incremento neto del patrimonio municipal se hubiera acercado a los tres millones”. Cambia la situación a la inversa en cuanto al socio privado, que ha incrementado su patrimonio en 7,3 millones. “En caso de haberse dedicado exclusivamente a su actividad, sin participar en estas sociedades, su incremento patrimonial hubiera rondado los 4 millones”. El informe de la Cámara de Comptos matiza que el utilizar la fórmula de sociedades mixtas ha supuesto un mejor resultado para las dos partes.
Comptos concluye con la legalidad de constituir sociedades mixtas para la gestión municipal. Las irregularidades señaladas no están en la creación de esas sociedades, sino en la “falta de control por parte de la institución pública de las actuaciones que desarrollaba el socio privado”. En este sentido, el órgano fiscalizador considera que se ha dejado en manos del socio privado la estión de estas sociedades, lo que no ha garantizado los principios de “transparencia y legalidad que deben regir las actuaciones del sector público”.
