Consistorios presionan al Gobierno Foral adelantando fondos para exhumaciones
Si el Gobierno Foral no actúa para financiar la investigación de fosas, lo harán los ayuntamientos. Primero fue el Valle de Egüés, después Berriozar y, ahora, la Cendea de Olza se plantea coordinar actuaciones. Los dos primeros han dado pasos para costear la intervención en sendas fosas en sus municipios, realizar las pruebas de ADN y, después, exigir al Ejecutivo navarro que cumpla la Ley foral de Memoria Histórica y se haga cargo del importe que hayan afrontado las arcas municipales; y ahora, desde la Cende de Olza se plantean intervenir en la investigación de su propia fosa, coordinando actuciones entre diferentes municipios y colectivos. Para la Asociación de Familiares de Fusilados, affna36, esta nueva vía supone una forma de avanzar en unos trabajos paralizados y un claro tirón de orejas para el Ejecutivo encabezado por UPN.
“No podemos esperar más. Hay hijos e hijas de fusilados que ya pueden rondar los 85 años y se merecen saber dónde están sus padres. Lo que no entenderían es esta parálisis, la falta de financiación y de voluntad política”, apunta el integrante de Batzarre y coordinador de la Asociación de Familiares de Fusilados, affna36, Joseba Eceolaza. La propia presidenta del colectivo, Olga Alcega, advirtió este pasado fin de semana, cuando se celebró un acto de homenaje a las 308 personas fusiladas en 1936 en Pamplona y 3.450 en Navarra, de que las familias luchan en este tema contra el tiempo, porque este pasa, borra huellas, los testimonios se pierden y los familiares fallecen. Por ello, pidió al Ejecutivo Foral, que por cierto esta misma legislatura ha defendido que cumplirá la Ley de Memoria sin excusas, que actúe.
La ley foral 33/2013 recoge, en su artículo 3, que los y las familiares de víctimas del golpe militar tienen derecho a exhumar a sus parientes y darles sepultura, siendo el Gobierno quien tiene “la obligación de dar el apoyo económico, técnico y humano necesario en todo el proceso de investigación y exhumación”, y todos esos gastos deber correr a cuenta de las arcas forales. Sin embargo, asociaciones vinculadas a la memoria histórica han criticado con insistencia la demora del Ejecutivo en ciertas actuaciones y, entre ellas, la investigación de fosas. Porque, a pesar de que se ha avanzado por ejemplo en la creación de un mapa de fosas, desde affna36 calculan que unas 230 personas desaparecidas siguen a la espera de esas investigaciones, que se reparten por alrededor de 61 puntos.
La Cendea de Olza es uno de ellos y, en concreto, el Alto de las Tres Cruces en Ibero. Este es precisamente el lugar en el que el sindicato UGT ha convocado este martes (aniversario de la instauración de la II República en España) una ofrenda floral, puesto que se cree que en una fosa se enterró al fundador y primer secretario general de UGT en Navarra, Gregorio Angulo, así como a los dirigentes Tiburcio Osácar y José Roa. Ahora, el Consistorio (gobernado por la candidatura popular abertzale Oltzako Herria) ha invitado a un total de 14 municipios que pueden tener vecinos fusilados en 1936 y que fueron enterrados en esta fosa (desde Pamplona a Zaragoza, de Vitoria a Burlada o Tafalla, entre otros) a estudiar acciones conjuntas para investigarla. La cita se ha convocado para este 18 de abril a las 11:00 horas en la Casa Consistorial, en Orobia.
“Pretendemos aunar esfuerzos y plantear acciones conjuntas. Se trata de un primer paso, para ver si después de las elecciones podemos decidir qué hacemos”, apunta el alcalde, Pedro Azparren. El primer edil reconoce que la disponibilidad económica del municipio es limitada, pero espera también que el Gobierno de Navarra se implique porque “nosotros no tenemos capacidad para hacer las exhumaciones, pero hablamos de una de las mayores fosas de Navarra”. Según Azparren, en 1978 ya se desenterró en este punto a 21 personas del pueblo de Larraga, y, según apuntan diversos testimonios, se calcula que aún puede haber otros 22 cadáveres.
Dos reclamaciones
Esta necesidad de actuación es la que ha llevado a otros dos consistorios a anticipar la financiación de las investigaciones. El Valle de Egüés, por ejemplo, ya anunció que invertiría 5.000 euros en la exhumación y pruebas a tres cadáveres encontrados en el concejo de Elía y correspondientes, al parecer, a tres prisioneros del fuerte de San Cristóbal que fueron fusilados en 1938. El alcalde, Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), confirma que la Sociedad de Ciencias Aranzadi sigue en la actualidad realizando estos trabajos, por lo que se espera a finalizarlos (el primer plazo apuntaba a marzo) para así poder reclamar el importe al Ejecutivo. “Nosotros hemos asumido que teníamos que hacer esa inversión, y reclamaremos al Gobierno Foral que la pague. Estamos satisfechos de haber aportado nuestro grano de arena a la recuperación de la memoria histórica. Creemos que es lo que teníamos que hacer”, apunta el primer edil.
A nadie se le escapa que este tipo de actuaciones suponen también una crítica directa al Gobierno de Yolanda Barcina y una medida de “presión”, como reconoció recientemente el alcalde de Berriozar y parlamentario de Aralar Xabi Lasa. En Berriozar ahora también se lleva a cabo otra investigación de este tipo, que ya ha permitido hallar dos cuerpos, en principio también correspondientes a dos reos del fuerte fusilados en 1938, en la llamada Fosa del Camino del Agua, situada en el monte Ezkaba. El presupuesto de esta operación también ronda los 5.000 euros y el Consistorio tiene previsto solicitarlos al Ejecutivo porque, según apuntó Lasa, “no podíamos seguir esperando a que el Gobierno nos diera el dinero”.
