Ecologistas reiteran que la sentencia sobre la cantera de Zilbeti está “blindada”
“El proyecto no tenía un pase”. El abogado José Luis Beaumont resume de esta forma la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de anular los trámites realizados por el Gobierno de Navarra para autorizar una cantera en Zilbeti, en el municipio navarro del Valle de Erro. Y, como aviso para navegantes, las organizaciones contrarias a esa explotación minera advierten a la empresa al frente del proyecto, Magnesitas de Navarra, de que la sentencia está “blindada” y, por lo tanto, un posible recurso tendría “una posibilidad escasa de prosperar”.
Desde los colectivos que denunciaron estos hechos, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) y la coordinadora Monte Alduide, se han referido en conferencia de prensa de esta forma a la posibilidad de que se presente ese recurso de casación. El director de Magnesitas de Navarra, Javier Creixell, ha asegurado, en declaraciones a eldiarionorte Navarra, que lo habrá. No obstante, desde los colectivos se muestran suspicaces sobre ese paso, que atribuyen más a una cuestión de “imagen”, y sobre su recorrido. Y más si el Gobierno de Navarra, ahora encabezado por Uxue Barkos (Geroa Bai), asume la sentencia del TSJN, contraria a los trámites que se realizaron durante los anteriores gabinetes de UPN. El portavoz de SEO/Birdlife en Euskadi y Navarra, Ramón Elosegui, así lo espera, asumiendo que este “varapalo” judicial es “una reprimenda” al anterior gobierno.
Informes “guardados en un cajón”
En el apartado judicial, desde los colectivos demandantes se han mostrado satisfechos con la decisión adoptada por el tribunal navarro, a pesar de que ha sido un proceso “engorroso” que se ha alargado más de cuatro años. No obstante, creen que “era previsible” que fuera a acabar de esta forma, porque “la conclusión jurídica es de libro” y porque por parte del Ejecutivo foral “se omitieron trámites esenciales en el proceso” y otros no se omitieron pero “se guardaron en un cajón”, en referencia a los informes que alertaban sobre cómo el proyecto de la cantera podía afectar de forma grave a este entorno, incluido en la Red Natura 2000 y protegido, desde 2005, com Zona de Especial Conservación. Es más, desde estas asociaciones han recordado que el propio tribunal ha reflejado que era “inentendible” que no se aportaran durante el proceso todos los informes elaborados. Otra cuestión es que se pueda demostrar si se tomó conscientemente esa decisión y quién lo hizo.
En representación de los vecinos y de la coordinadora, Juan Luis Martínez ha valorado que este proceso “nos ha costado dinero y tiempo” pero se ha logrado proteger el monte, que era el objetivo. Martínez ha reiterado su oposición al “tipo de desarrollo que quería promover el Gobierno de Navarra en el Pirineo, que era como matar la gallina de los huevos de oro”, en referencia a la afección de esta explotación minera a un entorno protegido. No obstante, desde el Ayuntamiento del Valle de Erro, uno de los codemandados en este caso, el alcalde, Enrique Garralda, ya consideró que esta decisión judicial es “un jarro de agua fría” por cómo puede afectar a los 180 empleos directos que dependen de la empresa y los otros tantos indirectos. Los grupos demandantes, sin embargo, defienden que no puede entenderse la protección ambiental y el desarrollo económico como dos extremos contrapuestos.
