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Exhumar los restos de los golpistas Mola y Sanjurjo enfrenta a Pamplona con los familiares

El alcalde de Pamplona afirma que las exhumaciones se notificaron a todas las familias

N. Elia

“Asirón, atrévete con los vivos”. Un par de pintadas dirigidas al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, (EH Bildu) son, por el momento, las únicas manifestaciones públicas de rechazo a la decisión del Ayuntamiento de exhumar los restos de los generales franquistas Mola y Sanjurjo que permanecen, junto a los de otros fallecidos del bando nacional de la Guerra Civil, enterrados en la cripta del Monumento a los Caídos de la capital navarra. Un monumento que puede considerarse la “versión foral” del Valle de los Caídos de Madrid, ya que fue un encargo a los arquitectos Yárnoz y Eúsa como “monumento de Navarra a los muertos en la Cruzada”.

El anuncio por parte del alcalde de que se exhumarán los restos de la cripta bajo el monumento, así como la clausura del cementerio, ha provocado ya las primeras reacciones. Entre los directamente afectados, las familias de los militares franquistas Mola y Sanjurjo han expresado su malestar por esta decisión a través de diferentes medios de comunicación. Los allegados del general José Sanjurjo, nacido en Pamplona en 1872 y uno de los generales que protagonizó el golpe contra la Segunda República, han considerado que la decisión del Ayuntamiento es una “vejación” hacia los restos mortales de su padre y abuelo.

A través de un comunicado, han negado que el alcalde Asirón se haya puesto en contacto con la familia para comunicarles la decisión de exhumar los restos del general y han dejado claro que la familia no ha dado autorización para levantar la sepultura del militar franquista. “El anuncio de la fecha de exhumación sin autorización previa de los interesados en instituciones implicadas, resulta una absoluta vulneración de nuestros derechos fundamentales, que defenderemos en nombre del recuerdo y la dignidad de nuestro padre y abuelo hasta agotar los procedimientos”, adelanta la familia.

Acusan además al alcalde de Bildu de faltar a la verdad cuando dice que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con las familias afectadas para comunicarles la decisión del consistorio. Asirón, no obstante, mantiene que intermediarios “cualificados” del Ayuntamiento han explicado a las familias de los enterrados en el monumento su intención de clausurarlo.

Lugar consagrado

El primer edil de la ciudad ha señalado que, tras consultar a los servicios jurídicos, y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, el procedimiento para clausurar el Monumento a los Caídos pasa por solicitar al departamento de Salud la autorización para clausurar el cementerio que acoge en la cripta localizada bajo el edificio del monumento los cuerpos de los fallecidos del bando nacional y los generales franquistas.

El Arzobispado de Pamplona y Tudela, sin embargo, considera que la cripta no es un cementerio en el sentido estricto del término, sino que se trata de un lugar consagrado en el que se realizaron determinados enterramientos, “como en cualquier otra iglesia o en la propia Catedral”. Los servicios jurídicos del Arzobispado van a analizar la situación, señalan.

También UPN ha mostrado sus recelos ante el procedimiento administrativo abierto por Bildu para clausurar el Monumento a los Caídos. El grupo municipal de los regionalistas ha solicitado el expediente del asunto porque “no se fía” de la palabra del alcalde. Según su portavoz, Enrique Maya, Asirón explicó a los grupos municipales que se exhumarían los restos del monumento si las familias así lo querían, “y su palabra fue que no se desenterrarán si las familias se niegan”. UPN quiere conocer si la contratación del especialista Paco Etxeberría y del gabinete que se ha ocupado de gestionar el tema se ha hecho a través de un concurso o mediante adjudicación directa. Además, los regionalistas ya han adelantado su oposición a que se derribe el monumento, pese a que el alcalde en ningún momento ha hablado de una posible demolición.

Asentado sobre una parcela 14.281 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Pamplona donó para su construcción, las obras del Monumento a los Caídos fueron sufragadas por la Diputación foral, pero la propiedad del edificio permaneció en manos de la Parroquia de Cristo Rey y, en consecuencia, del Arzbispado de Pamplona y Tudela. El monumento se inauguró en los años 50 y una década más tarde se trasladaron a los dos mausoleos de la cripta los restos mortales de los generales franquistas Mola y Sanjurjo.

El monumento pasó a manos municipales en 1998. Y lo hizo por razones puramente crematísticas: la Iglesia declaró que no era capaz de financiar las importantes obras de mantenimiento que necesitaba el monumento, así que firmó una escritura de donación con el Consistorio pamplonés por la cual sería esta institución la que sufragase los trabajos.

Pero el Arzobispado se guardó un importante as en la manga: el derecho de uso del edificio, mientras este se mantenga en pie, pertenece a la Iglesia a perpetuidad. Y desde el Arzobispado ya han anunciado que mantendrá el uso religioso de la cripta del monumento, que hasta ahora se concreta en una misa y un viacrucis mensual.

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