El Gobierno defiende que el euskera en la zona no vascófona se quede en la concertada
El Gobierno de Navarra ha reaccionado ante la propuesta de la Ley del Vascuence para que la zona no vascófona de Navarra cuente con centros públicos que ofrezcan el modelo D de enseñanza en euskera dependiendo de la demanda de las familias. El consejero de educación lo tiene claro: el que quiera estudiar en euskera en la zona no vascófona que acuda a las ikastolas, centros concertados. La argumentación que esgrime el departamento de Educación es que como las ikastolas están “sustentadas” con fondos públicos, porque tienen un concierto con el Gobierno de Navarra, ofrecer modelo D en los centros públicos sería duplicar los servicios.
El Gobierno cifra en un 5% el alumnado que está interesado en estudiar en euskera, analizando la matriculación en las ikastolas concertadas. No se plantea el ejecutivo que la enseñanza en euskera en la escuela pública pudiera ser interesante para las familias, ya que considera que facilitar el acceso a la escolarización en modelo D sería “crear” una demanda que no existe en la realidad. Iribas considera que sería “transformar la realidad social a través de una oferta innecesaria porque existen centros sostenidos con fondos públicos que cuentan con plazas para asumir a ese alumnado”. Defiende, pues, el consejero, que la enseñanza en euskera en la zona no vascófona se limite a las ikastolas concertadas, en muchas de las cuales, como en los centros concertados en castellano, hay que pagar una cuota mensual que muchas familias no se pueden permitir.
Desde el Gobierno interpretan esta propuesta de ley desde un punto de vista político, y hablan de la “intención de alguno de los grupos que apoyan la ley”, haciendo mención expresa a Bildu, pese a que no esté entre los grupos prononentes, y aseguran que “no entienden a qué se debe la posición de otros grupos que apoyan esta ley”.
La propuesta de ley realizada por PSN, I-E y Geroa Bai defiende la igualdad de oportunidades de las familias para que puedan elegir un centro público para que sus hijos estudien en euskera y no se vean obligados a acudir a centros privados concertados, posición que difiere de la del Gobierno que considera que no se atenta con esa igualdad de oportunidades si se ofrece únicamente la enseñanza en euskera en centros privados, porque de lo contrario, Educación “duplicaría” sus servicios.
