El IVA de Volkswagen: las claves para decidir quién paga

¿Por qué el Gobierno central reclama ahora al Ejecutivo navarro la devolución del IVA de Volkswagen Navarra? ¿Por qué se remite solo a los años 2007 a 2011? ¿Quién debe pagar esos temidos 1.513 millones? El catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Púbica de Navarra (UPNA), Fernando de la Hucha, repasa esta polémica que amenaza a las arcas forales y que ha provocado un enfrentamiento entre el Estado y el Gobierno Foral. Para De la Hucha, lo de menos es el debate paralelo sobre el autogobierno; lo importante, al final, es quién se hace cargo de esa devolución, ya realizada por el Estado y ahora reclamada a Navarra.

Para De la Hucha, el Convenio Económico, tan analizado en los últimos meses, es claro: Navarra tiene que hacerse cargo de los ingresos y las devoluciones por el IVA, “para lo bueno y para lo malo”. El Impuesto sobre el Valor Añadido es una competencia estatal, que no se cede por norma general a las autonomías, pero en el caso de Euskadi y Navarra está recogido, tal cual, en documentos como el mencionado Convenio. Sin embargo, en el caso del IVA de Volkswagen la clave de esta reclamación está en la creación de una empresa dependiente de la propietaria de la firma, que en España es Seat, llamada VAESA (Volkswagen-Audi España Sociedad Anónima), con sede en Barcelona.

De la Hucha describe VAESA como una empresa “curiosa”, que en su día daba salida a los coches construidos en la planta de Pamplona a través de Barcelona al extranjero, aunque los vehículos no se trasladaran físicamente hasta allí. Y Volkswagen Navarra destina, según este experto, un 95% de su producción (principalmente, el Polo) al extranjero. En la práctica, esto se traducía en que entonces la devolución de ese IVA a Volkswagen se hacía a través del Estado, y no en Navarra. Así que la clave no estaba en la exención del impuesto, algo exigible puesto que las exportaciones viajan por así decirlo libres de impuestos (no tendría sentido que pagaran el impuesto aquí y luego, en el país de destino, lo que supondría pagar por duplicado), sino en quién hacía frente a esta devolución.

Sin embargo, según rememora De la Hucha, este sistema saltó por los aires en 2011, cuando la sociedad comercializadora VAESA se centró en las ventas dentro de España y, así, surgió el enfrentamiento entre el Estado y Navarra. Principalmente, porque el Gobierno central vino a decir que el método de comercialización aplicado hasta entonces era un timo, con VAESA como una sociedad pantalla, o instrumental, que al final cargaba la devolución del IVA a las arcas españolas. Esta tensión llegó a un momento clave el 7 de mayo de 2012, cuando ambas partes, a través de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, acordaron que la Agencia Tributaria de Navarra se hiciera cargo de esta devolución a partir del 1 de abril de 2012 y, además, realizara un pago progresivo del dinero debido.

Así que el debate entre ambas partes se centró en la devolución del IVA entre 2007 y 2011. ¿Y por qué no antes? Porque, como explica De la Hucha, “no se pueden exigir impuestos de hace más de cuatro años; esos ejercicios están prescritos”.

“A Navarra esto le hunde”

La clave para decidir quién paga está, según expone este experto, en qué papel se considera que ejercía VAESA. Y, para determinarlo, la Junta Arbitral que rige el Convenio Económico se declaró incompetente y no entró a valorar el tema, y de ahí que ahora el Estado haya decidido acudir al Tribunal Supremo. De su opinión están en juego más de 1.500 millones que, según explica este catedrático, no es precisamente una minucia y menos “en tiempos de crisis”: “Al Estado ese dinero le vendría muy bien. Le sirve para pagar la extra de los funcionarios, por poner un ejemplo. Y a Navarra le hunde”.

Preguntado sobre qué futuro augura a este conflicto, De la Hucha asegura que no puede adelantar la opinión del Supremo. Pero sí tiene claro que, en todo caso, el autogobierno es aquí un debate paralelo. “Se está confundiendo autonomía con hacer lo que me da la gana, y son dos cosas distintas. Al Estado también le pueden declarar que una ley es inconstitucional. Y, en este caso, las normas del Convenio Económico están claras”, subraya.