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Irache advierte sobre cobros “abusivos” de las compañías telefónicas por cancelar la portabilidad
En la mayor parte de los casos, ha explicado la asociación en un comunicado, se trata de importes de hasta 150 euros que se les reclama por carta o incluso se les cobra directamente de su cuenta bancaria.
Según ha indicado Irache, solo en el pasado mes de septiembre, 643.225 líneas telefónicas, entre fijas y móviles, se pasaron de una operadora a otra en todo el Estado, lo que en Navarra supondrían aproximadamente más de 8.500 cambios.
A estas portabilidades habría que sumar aquellas que se cancelaron porque el consumidor decidió echarse atrás antes de que se hubiera efectuado. En principio, ha remarcado la asociación, esta operación no debería tener ningún coste para el consumidor.
Sin embargo, ha detallado, están acudiendo a Irache centenares de consumidores porque, tras cancelar una portabilidad antes de que ésta se efectuase, están recibiendo cartas en las que la compañía a la que finalmente no se cambiaron les exige pagos de hasta 150 euros y los presenta como deudas impagadas por gastos de gestión, si es que no se ha cobrado ya el dinero por la cuenta bancaria que pudo facilitar el consumidor al contratar.
Irache ha recordado que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones -ahora dentro de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia- ya estableció que no era razonable “imputar al usuario cuota alguna como consecuencia de la cancelación de su solicitud de portabilidad”. Este organismo admitía que, como máximo, las operadoras pudiesen cobrar 0,41 euros por cancelar una portabilidad de telefonía fija.
Además, ha subrayado la asociación, hay que tener en cuenta que buena parte de las solicitudes para cambiar de compañía se hacen por teléfono -muchas veces, como consecuencia de una oferta de la operadora- o por internet. El consumidor tiene catorce días naturales para echar atrás estas contrataciones sin tener que dar motivo alguno por ello.
Sin embargo, las compañías argumentan la validez de estos cobros “abusivos” por gastos de gestión, tarifas de tramitación o cuestiones de este tipo, que, según Irache, “en ningún modo justifican los importes cobrados al consumidor, de hasta 150 euros”.
