El cambio en Navarra también afecta a Euskadi

Para UPN, Navarra va camino de convertirse en “la cuarta diputación vasca”, según apuntó tras los resultados electorales el ahora exalcalde de Pamplona, Enrique Maya; por el contrario, para Uxue Barkos, que tras los acuerdos en los que se ha avanzado esta semana puede convertirse en la próxima presidenta de Navarra, se trata de tender unos puentes entre las dos comunidades que hasta ahora estaban rotos. Pero, más allá de las declaraciones, cabe repasar el programa acordado entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra para conocer qué medidas concretas, que pueden afectar a la Comunidad Foral y al País Vasco, se recogen en el texto.

Las referencias al terrorismo, a la Disposición Transitoria Cuarta (ese paso incluido en la Constitución que permite una incorporación de Navarra al País Vasco), a la promoción del euskera y, en general, a la cuestión identitaria han sido constantes tras las elecciones. UPN, por ejemplo, ha augurado la vuelta de la ikurriña a las instituciones navarras y, de hecho, el acuerdo programático incluye la derogación de la Ley de Símbolos y, en su lugar, apuesta por una ley “no excluyente”. La izquierda abertzale, por ejemplo, se había referido a la oposición de UPN a la ikurriña como una muestra de su actitud “antivasca”, una situación que ha llevado a los ayuntamientos que han seguido empleado esta bandera a los tribunales. En el acuerdo programático se habla de la integración de símbolos, como una de las diversas medidas que ya se habían avanzado y que finalmente se han plasmado en el documento. Muchas de ellas hacen referencia a la recuperación de relaciones con el País Vasco pero, según defienden desde las fuerzas del cambio, con normalidad y “sin complejos”; estas son las principales.

Relaciones institucionales, por la “normalización”

“Normalizar e impulsar las relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca (CAV)”. Este es uno de los objetivos incluidos en las 74 páginas del acuerdo programático de Navarra, y se incluye, no obstante, en el mismo párrafo en el que, en general, se apuesta por “mantener unas buenas relaciones de vecindad y cooperación con las comunidades limítrofes”. Barkos, que siempre ha defendido la necesidad de un cambio tranquilo y sin revanchismos, también ha recordado que UPN ha dado la espalda durante años a Euskadi. El texto acordado también apuesta por recuperar “el Protocolo de Cooperación entre Navarra, la Región de Aquitania y la CAV con el fin de mejorar nuestras oportunidades en el ámbito europeo”.

El autogobierno, en cualquier caso, es uno de los seis apartados destacados del acuerdo programático, y se defiende, por ejemplo en materia fiscal, la competencia de Navarra para regular sus tributos directos. En este sentido, también se apuesta por mantener una relación estable con los responsables de la CAV y de las haciendas forales para hacerse fuertes en la relación con el Estado.

ETA, “una realidad del pasado”

Las referencias a la presencia de EH Bildu en estas conversaciones a cuatro han sido criticadas por los partidos que no formaban parte de las negociaciones (UPN, PSN y PPN), que cargaban contra la ambigüedad de la formación en su condena de la violencia. La coalición, aunque le restó un peso, dio un paso llamativo al incluir entre sus propuestas para las negociaciones un documento en el que se incluía la condena de toda la violencia “que se produzca”, y expresamente, “incluida la de ETA”.

Esa fórmula se recoge en el acuerdo programático (en realidad, habla de “cualquier vulneración de derechos humanos o actos de violencia que se produjeran”), que se opone al uso de la violencia para fines políticos, sea esta “de ETA, de grupos de ultraderecha o de funcionarios del Estado”. El programa pide medidas para todas las víctimas y también apuesta por el desarme y desmantelamiento de ETA. Y, por tanto, concluye hablando de la violencia de la banda terrorista como “una realidad del pasado”.

En cualquier caso, y este es uno de los grandes puntos pendientes, ETA también está mencionada entre las diferencias que quedan por resolver entre las cuatro fuerzas: en concreto, se hace mención a la falta de sintonía sobre los “mecanismos para facilitar la reflexión individual y colectiva de las personas condenadas por su relación con ETA”.

Por la “recuperación” del euskera en Navarra

UPN siempre ha insistido en que se verían nuevos pasos en torno a la promoción del euskera, mientras que los partidos del cambio reconocen en su acuerdo programático que Navarra es “euskaldun” y debe estar orgullosa de ello, aunque defiende que esta lengua “propia de Navarra” parte de una posición minorizada (hablan de años de “contención y discriminación”) y, por tanto, necesita una “recuperación” y una “normalización”, con una nueva política lingüística. Eso sí, la convivencia entre diferentes modelos lingüísticos también es una de las ocho diferencias que aún deben ser solventadas por las cuatro fuerzas del cambio.

Este debate, en parte, ya se inició al final de la pasada legislatura, cuando salió adelante la propuesta de Izquierda-Ezkerra para reformar la Ley del Vascuence. Esta introduce cambios en la zonificación lingüística, al plantear que en la zona no vascófona se pueda impulsar el modelo D, con mayor peso en la enseñanza en euskera (toda la educación es en euskera salvo la asignatura de Lengua castellana y literatura), allí donde haya demanda suficiente. Ahora, en el acuerdo programático se incluye un respaldo a esta actuación, así como ayudas de transporte y comedor para quien se matricule en este modelo. Esta medida generó dudas sobre cómo podía afectar a los centros privados (ikastolas) que hasta ahora cubrían esa demanda y, por ello, también se contempla para ellas un “procedimiento especial”, aunque este no se concreta.

Esta es la medida principal de apoyo a la lengua, pero no la única. Ya durante la sesión de constitución del Parlamento foral llamó la atención que el acto se desarrollara principalmente en euskera y la nueva presidenta de la institución; y, en el acuerdo programático, por ejemplo, se apuesta por garantizar la presencia del euskera “en todos los actos públicos”, comunicaciones y actos protocolarios; los medios de comunicación que reciban financiación pública deberán emitir un porcentaje de su información en euskera; y también se piden pasos para “dar la mayor atención posible” en euskera en la Administración, aunque no se concretan las medidas.

Y, también al hablar del euskera, las fuerzas del cambio insisten en la necesidad de mejorar las relaciones con otras instituciones, entidades públicas y organismos sociales que lo promuevan, ya sea Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), Euskal Erakunde Publikoa (en Iparralde) o, de nuevo, la propia CAV.