Vivienda, exclusión social y trasparencia, algunas de las actuaciones marcadas en rojo en Pamplona
148 medidas. El acuerdo programático alcanzado por EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra para guiar el gobierno de cambio en Pamplona contiene este número de actuaciones, desde compromisos éticos de los propios concejales a actuaciones medioambientales, de medidas para normalizar el euskera a la mejora de red de escuelas infantiles, de lograr cambios en la Policía Municipal a reducir los cargos directivos de libre designación, agilizar la convocatoria de subvenciones o adecuar la plantilla municipal a las “necesidades reales”. Esta hoja de ruta es tan variada que cabe preguntarse ahora por dónde empezar. El apartado social es, sin duda, el nexo más fuerte entre las cuatro formaciones políticas que conformarán la Junta de Gobierno.
De hecho, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ya insistió tras el resultado electoral en que “cuando la gente me para por la calle, me pregunta por la hipoteca, por los desahucios y la situación de emergencia social. Me preocupa el empleo, el caos que hay en la Policía Municipal, la participación ciudadana…”. El discurso va en la línea de las prioridades que ha marcado Uxue Barkos en Navarra, después de las constantes críticas de UPN a dejar las dos instituciones navarras en manos nacionalistas, algo que ha puesto el foco tras el 24M en la cuestión identitaria.
El ahora exalcalde de Pamplona, el regionalista Enrique Maya, ha vuelto a insistir en esa línea tras la sesión de investidura. Por considerar “hueco” el acuerdo del gobierno cuatripartito, ha augurado que los acuerdos serán difíciles durante la próxima legislatura dentro de la propia Junta de Gobierno y que, por tanto, se insistirá en cuestiones como el euskera, el TAV o frenar proyectos ya impulsados.
Pero, ¿cuáles serán esas primeras actuaciones del nuevo gobierno local? Hasta el momento, donde más énfasis se ha hecho es en la necesidad de resolver los problemas de vivienda, de poner en marcha actuaciones contra la pobreza y la exclusión social, de recuperar la memoria histórica y de lograr una mayor trasparencia en la gestión municipal. Estos son algunos de los ejes, incluidos en el acuerdo programático, sobre los que pueden girar los primeros pasos del nuevo alcalde de Pamplona.
Plan antidesahucios y otras medidas sobre vivienda
Uno de los apartados a los que más referencias ha hecho Asiron ha sido el de la vivienda. El acuerdo programático incluye diversas medidas, como crear una oficina de vivienda social y rehabilitación, gravar la instalación de cajeros automáticos para destinar lo recaudado al alquiler social, impulsar la vivienda compartida, crear un censo de casas vacías y pedir al Parlamento que recupere la ley sobre este tema, y desarrollar un plan antidesahucios. En este último sentido, el documento propone que el Ayuntamiento se replantee la colaboración con aquellas entidades financieras que realicen desahucios sin haber hablado antes con el consistorio.
La pobreza y la exclusión social
Un informe realizado por el equipo de investigación Alter de la UPNA para el Ayuntamiento ya recogió recientemente los datos “preocupantes” de pobreza infantil en Pamplona: la pobreza consistente, sobre todo asociada a bajos ingresos, se da en un 9% de estos menores. Así, el acuerdo entre las cuatro fuerzas apuesta por ejemplo por elaborar un Plan de Infancia y extender los equipos de servicios sociales dedicados a infancia y adolescencia. Las cuatro fuerzas que integran la Junta de Gobierno no han dudado al hablar de la situación de emergencia social y, por ello, también proponen reforzar las ayudas de emergencia social o crear un plan de choque contra la pobreza energética.
Contra el olvido de la memoria histórica
Una de las promesas electorales de EH Bildu e Izquierda-Ezkerra iba en este sentido: actuar en el monumento a los Caídos de Pamplona. Los primeros apostaban por impulsar un centro de interpretación en el recinto y los segundos, directamente por su derribo. En el acuerdo programático se aboga por impulsar un concurso internacional de ideas para actuar en este punto e impulsar un espacio para la paz y la memoria. Además, hay actuaciones para apoyar la investigación de fosas y eliminar la simbología franquista de la ciudad (se menciona, expresamente, el cambio de nombre de la plaza Conde de Rodezno), dos reclamaciones que también han marcado las críticas a UPN durante la última legislatura en el Parlamento foral, ante el retraso en el cumplimiento de la Ley foral de Memoria Histórica. En este apartado, también se recoge el compromiso de desarrollar acciones de reparación de “todas las víctimas”, sin más señas. Para ello se creará una Comisión Especial para la Paz y la Convivencia.
Más trasparencia
El compromiso ético de los y las concejales pasa por regular de forma estricta sus recursos técnicos y económicos, algo en lo que la oposición siempre había cargado contra UPN (por ejemplo, entre las medidas se incluye la prohibición de “recibir regalos”, algo que Aranzadi ya ha hecho con las insignias que se entregan a los y las ediles durante la sesión de investidura). Además, se propone que haya un cargo y un único sueldo. Pero esa trasparencia, una de las condiciones que más ha exigido por ejemplo la agrupación de electores Aranzadi incluso durante las negociaciones entre las cuatro fuerzas de la Junta de Gobierno, también se extiende a la situación de las arcas municipales: una de las medidas es elaborar un informe sobre el estado de las mismas (con cuestiones como el patrimonio inmueble o la deuda) antes de fin de año y, después, rendir cuenta de la situación del presupuesto cada tres meses. Cada ejercicio, también se comprometen a publicar las cuentas de las sociedades municipales.
