“El aborto es un derecho de la mujer”
La retirada del anteproyecto del PP para modificar la Ley del Aborto no solo logró movilizar a los colectivos feministas, sino que ha permitido dar la vuelta a la situación: de defender un derecho a la interrupción del embarazo a pedir que se vaya más allá y se asegure su realización, libre, en la sanidad pública. También en Navarra, donde en su día las dudas y las presiones contra los sanitarios se tradujeron en la creación de una lista de objetores que propició que este tipo de intervenciones se derivaran del sistema público al privado (en Navarra, la Clínica Ansoáin realiza entre 700 y 800 interrupciones al año, según sus responsables), eso sí, sin coste para las pacientes. Sin embargo, la Comisión por el Derecho al Aborto cree que ya ha llegado el momento de que el Servicio Navarro de Salud dé ese paso al frente por dos cuestiones: porque normalizaría este tipo de prácticas y porque, según defienden, ahorraría fondos públicos. “Esa es nuestra reivindicación desde hace tiempo, y va a seguir siéndolo”, advierte Maite Arraiza, una de sus integrantes. Porque “el aborto es un derecho de todas las mujeres”.
Arraiza, junto a la también miembro de este colectivo Patricia Olóriz, comparecieron precisamente para plantear esta reivindicación ante el Parlamento de Navarra a mediados del pasado mes de octubre. En principio, en la Cámara consideran que cuentan con respaldo para garantizar esta interrupción del embarazo en el sistema público (el PSN, por ejemplo, así lo solicitó tras la retirada del anteproyecto de la Ley del Aborto), salvo por UPN y PPN. Para ambas, la formación regionalista es el que “siempre y ahora” no ha querido facilitar estas prácticas, “quizá por sus cálculos electorales, quizá por su ideología tradicional”. Sea como fuere, desde la Comisión insisten en que este debate se ha reavivado y no van a esperar a que se calme. Estas son sus cuatro principales reivindicaciones.
Fuera del Código Penal
En la actualidad, tras la retirada del anteproyecto promovido por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la ley vigente en España es la de 2010. Esta permite la interrupción del embarazo durante las 14 primeras semanas de gestación, y hasta las 22 ante riesgos para la embarazada o peligro de graves anomalías en el feto. Con todo, desde la Comisión entienden que esto separa entre un aborto regido por la ley y otro que, por tanto, es ilegal. Así figura, de hecho, en el Código Penal a partir de esas 14 semanas.
Aborto libre
Otra reivindicación clave, y sensible, es que la Comisión por el Derecho al Aborto entiende que interrumpir el embarazo es, precisamente, un derecho al que no hay que poner límites. Ni de meses ni de otros supuestos. El tema es delicado, puesto que abriría el debate de decidir cuándo una persona lo es y si esto puede fomentar esta práctica, pero desde la Comisión defienden que “debe ser una decisión libre de la mujer”, y recuerdan que “la mitad de las mujeres que abortan en Navarra lo hacen antes de la séptima semana”. Además, y pese a las movilizaciones de colectivos pro-vida en las inmediaciones de la clínica abortista de Ansoáin, Olóriz insiste en que la sociedad ya ha asumido que es la mujer “la que tiene que poder decidir”.
En la sanidad pública
En la actualidad, si una mujer quiere interrumpir el embarazo en Navarra puede acudir a un centro como Andraize y, desde ahí y de forma confidencial, se le deriva a un centro privado, como puede ser la Clínica Ansoáin, donde se realiza el aborto. Integrantes de la Comisión ya han valorado que el sistema funciona con seguridad y privacidad, y que en todo el país se derivan estos casos a la sanidad privada. No obstante, defienden que, si se apuesta por lo público y no por “favorecer a intereses privados”, no tiene sentido prolongar este sistema. Por ahorro, porque consideran que hay personal sanitario dispuesto a ello (aseguran que solo una persona está apuntada en la lista de objetores) y porque mantenerlo es solo “un lavado de cara” para un Gobierno Foral “que sigue en sus trece”.
La Cámara de Comptos, en este sentido, realizó un informe en el que precisamente recogía que ciertos abortos (como los farmacológicos) resultarían más baratos si se practicaran en el sistema público. Por su parte, el responsable de la Clínica Ansoáin, el ginecólogo José Miguel Gurrea, defendió que el sistema es efectivo e, incluso, más rápido en pequeñas intervenciones si se realiza en centros privados. Desde la Comisión, no obstante, defienden que supondría un importante “ahorro económico”.
Educación sexual
Casi un 40% de las mujeres que interrumpen su embarazo lo hacen, según las estimaciones que barajan en la Comisión, tras no haber usado métodos anticonceptivos durante sus relaciones sexuales. Estos datos revelan otro de los temas pendientes al hablar de esta cuestión: la falta de educación sexual afectiva y reproductiva. Arraiza recuerda que, precisamente, uno de los puntos del Plan de Salud de Navarra era aumentar de un 5 a un 25% el presupuesto para formar a educadoras sexuales, pero esta apuesta no se está cumpliendo. Ahora, de hecho, lamentan que este tipo de formación dependa de la voluntad (y la ideología) de cada centro educativo.
Para estas integrantes de la Comisión por el Derecho al Aborto, esta realidad pone en evidencia que, en un tema en el que Navarra “fue pionera”, ahora se ha quedado atrás. De ahí que reivindiquen decisiones ya en el Parlamento de Navarra, sin ocultar cierta esperanza en cómo puede afectar a este debate la composición de la nueva Cámara en 2015.
