¿Es eficaz el protocolo ante las agresiones a profesores?
Se han hecho públicas muchas cifras, pero ninguna coincide. El caso es que tras los números, oficiales o no, existen situaciones de violencia ejercida contra los profesores navarros que requieren una respuesta. Una actuación más eficaz que la que se produce ahora. Porque, más allá del número de casos reconocidos y por encima de cualquier enfrentamiento entre sindicatos y administración, lo que todos los sectores implicados admiten es que el actual protocolo de actuación ante agresiones externas en Educación, aprobado en 2012, no está sirviendo para paliar la violencia que sufren docentes en las aulas.
Tras una intensa campaña mediática de algunos sindicatos, el Gobierno de Uxue Barkos ha citado a la Comisión de Seguridad y Salud laboral para el próximo día 24 con la intención de abordar el tema. Se trata de una reivindicación largamente demandada por algunos sindicatos de Educación, como ANPE, APS o Afapna, que llevan años intentado poner el foco de la atención pública sobre un problema, el de la violencia ejercida contra los profesores en las aulas, que los centros escolares suelen preferir mantener en un plano más discreto.
A finales de enero de 2015, estos sindicatos presentaron a través del registro general una solicitud al departamento de Educación del Gobierno foral, gobernado todavía por UPN, para que convocase de forma extraordinaria el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero la respuesta del Ejecutivo de Yolanda Barcina fue una “negativa tajante”, según Afapna.
El objeto de la petición era la de proponer al Gobierno la realización de una campaña conjunta de sindicatos y administración contra las agresiones externas a que se ven expuestos los profesores en Navarra. Los sindicatos pidieron esta reunión de forma urgente, explica Afapna, “ante la noticia de que, en ciertas situaciones no se estaba activando el protocolo determinado para estos casos”.
Incremento de agresiones verbales
“Desconocemos el alcance de las agresiones sufridas por el profesorado y el personal no docente, si bien el único dato que conocemos es que el año pasado [2014] se notificaron siete agresiones al Servicio de Riesgos Laborales”, señalaba entonces Afapna. Los datos sobre agresiones a profesores son distintos según la fuente. El defensor del Profesor en Navarra, una figura que sostiene el sindicato ANPE, señala que en 2014 recibió tres consultas por agresión de alumnos a profesores.
El propio sindicato ANPE, en la primera reunión con el Comité de Seguridad Laboral y Salud mantenida en diciembre con el cuatripartito, planteó al Gobierno la cuestión de cuántos profesores habían sido agredidos en el curso pasado y cuántos de ellos habían recibido asesoramiento legal desde Educación. ANPE lamentaba la ausencia de una cifra oficial y pública.
Cinco meses más tarde de aquella reunión, ha sido la Asociación de Profesores de Secundaria de Navarra (APS) quien ha alertado del incremento de las agresiones verbales y físicas a profesores en los centros educativos navarros, así como la existencia de amenazas a docentes a través de las redes sociales. Tampoco APS aporta cifras del número de agresiones, pero recalca que “a pesar de que parece haber una concienciación importante respecto al acoso escolar y la violencia de género, parece que la que se ejerce contra el docente no es tenida en cuenta de la misma manera”.
Varios de estos sindicatos han elaborado un decálogo de consejos para los profesores que se ven envueltos en situaciones de violencia en las aulas. En estos documentos se incluye un listado de los instrumentos que la Administración pone a disposición de los docentes para ayudarles en estas situaciones. Sin embargo, “ante la constatación de que muchos de estos casos no se llegan a denunciar, los profesores deben de comunicar los hechos de inmediato a la dirección del centro, y es más que recomendable su denuncia ante las autoridades”, recomiendan los sindicatos.
El próximo día 24, acudirán a la reunión con Educación con dos reclamaciones. La primera, herramientas para que se pueda actuar con “agilidad y firmeza” ante las agresiones a profesores. Y la segunda, ejemplaridad. “Minimizar la gravedad de estas situaciones o pensar que su difusión puede dar una mala imagen al centro es una irresponsabilidad”, mantienen. En su opinión, “se debe dar ejemplo afrontando los conflictos y tomando decisiones que eviten que vuelvan a producirse”.
El protocolo de actuación ante las agresiones al personal docente se aprobó en 2012. Los sindicatos entienden que se trata de una normativa que debe actualizarse, tanto para ampliar el concepto de la violencia a la que se ven sometidos los profesores, como para desburocratizar los trámites que estos deben seguir si precisan ayuda de la Administración. Concretamente, lo que los sindicatos proponen es que los profesores que hayan sido objeto de violencia en las aulas puedan ponerse en contacto directamente con el servicio de Riesgos Laborales, en lugar de esperar a que sea la dirección del centro quien contacte con este organismo. Los sindicatos esperan que el Gobierno de Barkos, al menos, esté dispuesto a hablar de esta cuestión en la cita convocada ex profeso el próximo día 24.
