290 familias pierden su vivienda cada año en Navarra
Unas 290 familias navarras pierden su vivienda habitual cada año, según la estimación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Una estimación, porque no existen datos oficiales sobre los desahucios de vivienda habitual únicamente, sino que se agrupan todas las ejecuciones hipotecarias, lo que incluye segundas viviendas o bajeras, por ejemplo. Aunque esto no significa que las 290 familias se queden en la calle. Desde la PAH aseguran que todos los afectados que han acudido a la Plataforma han llegado a algún acuerdo que les ha permitido seguir contando con un techo bajo el que vivir.
En la Comunidad Foral, entre 25 y 30 familias de las que atiende la Plataforma tienen deudas con las entidades bancarias además de haber perdido su vivienda. Situación que se produce sobre todo en ejecuciones hipotecarias anteriores a 2012 porque a partir de ese año, la presión ha facilitado que los bancos acepten la dación en pago. El cambio en la manera de proceder de entidades bancarias se debe, sobre todo, al miedo porque pueda perjudicar su imagen, según Ángel Larrea, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Navarra. “Sí tenemos ahora mejor situación en las negociaciones con los bancos que lo que teníamos anteriormente, pero no se debe a la sensibilidad de la banca sino a la pérdida de imagen que supone desahuciar”.
En Navarra, el Parlamento aprobó una ley que pretendía evitar los desahucios o, al menos, ofrecer una alternativa a las familias, pero forma parte del conjunto de normas recurridas en el Constitucional. El tribunal ha paralizado la aplicación de dos de los artículos, el que permite al Gobierno sancionar a los bancos que tengan viviendas vacías y el que permitía al ejecutivo expropiar el uso de la vivienda a la entidad para que viviera en ella la familia. Una ley con otros puntos que tampoco han llegado a aplicarse por “la dejación de UPN, que no la apoyó en el Parlamento”, lamenta Larrea.
La PAH ha acudido a varias negociaciones ofreciendo a los bancos las posibilidades recogidas en la norma, como alquilar a la propia familia la vivienda que le ha sido sustraída, alquiler que garantiza el Gobierno de Navarra. Las entidades desconocen esta posibilidad porque, denuncian, el Gobierno “ni siquiera se ha reunido con ellos para explicarles en qué consiste la ley”.
Alternativa: vivienda pública
Desde la Plataforma lo tienen claro. La alternativa sería contar con un parque de vivienda pública que pudiera ser arrendada a familias con necesidades. Según sus cálculos, “en los últimos años el Gobierno de Navarra ha dejado de recibir 579 millones de euros por la desgravación por la compra de vivienda. Solo con ese dinero, si hubiera primado el alquiler, el Gobierno sería propietario de 5.000 viviendas”, propone Ángel.
La PAH en Navarra atiende prácticamente todas las ejecuciones hipotecarias en la Comunidad Foral, aunque, lamentan, “todavía hay quien se avergüenza y prefiere que nadie sepa que va a perder su vivienda”. En dos años, la PAH de Tudela ha atendido a 274 casos, y la PAH Sanduzelai, una de las plataformas de la Comarca de Pamplona, 100 casos en el último año y medio. En total, 12 plataformas defienden en Navarra los derechos de aquellos que van a perder sus viviendas.
