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El Estado y el Gobierno Foral escenifican un pacto sobre el IVA de Volkswagen que no concreta cifras

El IVA de Volkswagen, tema de discusión entre el Estado y Navarra / Foto: Efe.

Garikoitz Montañés

Primero iba a haber una reunión clave para decidir si el Gobierno central y el navarro se ponían de acuerdo sobre el IVA de Volkswagen. Después, la cita se reducía a una cuestión únicamente técnica, y desde el Gobierno Foral incluso se guardaba silencio sobre quiénes asistirían al encuentro celebrado en Pamplona. Luego, directamente, no iba a haber reunión y, al final, por la tarde, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunció que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, acudía a Navarra, señal que hacía presagiar un acuerdo entre ambas partes. Pero, finalmente, solo ha sido así en teoría; porque el Estado ha dejado en suspenso el recurso presentado sobre esta materia ante el Tribunal Supremo, pero las dos instituciones no han concretado cifras.

El acuerdo, presentado a las 20:30 horas en conferencia de prensa por la consejera navarra de Economía, Lourdes Goicoechea, y el propio Beteta, es que el Estado pone en suspenso ese recurso, una forma de decir que las dos entidades se dan un tiempo para intentar buscar un acuerdo en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, el órgano en el que ambas abordan las competencias navarras en materia tributaria. Pero sobre si Navarra finalmente tendrá que pagar, en qué cuantía y durante cuántos años, no se concretó nada.

La cuestión no es baladí, puesto que en principio por el IVA de los años 2007 a 2011 el Estado reclamaba a Navarra más de 1.513 millones, una cifra que, como el propio Beteta ha reconocido, puede poner en riesgo la viabilidad económica no solo de Navarra, sino de cualquier comunidad. Sobre si el Estado se ‘conformará’ con que la Comunidad Foral abone 25 millones al año durante cuatro ejercicios, como llegó a anunciar el Partido Popular de Navarra, no se ha pronunciado salvo para decir que el marco adecuado para debatir este tema es la Comisión Coordinadora y no “lo que opinan los partidos políticos”, algo que, ha asegurado, “no es responsabilidad del Gobierno de España”.

Esta cita surgió tras las diferencias mostradas entre el Gobierno central y el navarro el pasado 16 de septiembre, cuando, en una reunión entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, se discutió sobre la decisión del Gobierno central de presentar un recurso ante el Supremo en el que reclamaba a Navarra esos 1.513 millones por el IVA de los vehículos que Volkswagen Navarra exportaba a través de una empresa, VAESA, en Cataluña. Tras aquella reunión, Barcina había insistido en la necesidad de que el Estado retirara el recurso, un punto sobre el que por fin hay acuerdo, pero con matizaciones. Porque, por el momento, este recurso se deja en suspenso, pero no se retira.

En principio, las dos instituciones tienen un plazo de 60 días (que, si lo deciden ambas partes, podría extenderse) para llegar a un acuerdo sobre si Navarra debe pagar dinero alguno al Estado y sobre cuál sería el montante y la forma de pago. Si no lo hay, esa amenaza del recurso puede volver, según ha reconocido el propio Beteta, quien, no obstante, ha insistido en que, con este gesto, el Gobierno central apuesta por el diálogo y no por una decisión judicial.

Los acuerdos concretados

Esta reunión en Pamplona, que ambas partes han calificado de “tensa”, sí ha servido para avanzar en la adaptación de Navarra a los nuevos impuestos estatales, el ingreso en las arcas forales del gravamen especial sobre los premios de Loterías si el perceptor tiene su residencia en Navarra (se calcula que se ingresarían así unos 20 millones) y, por último, los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Comunidad Foral para 2014 y el trienio de 2015 a 2017. Los objetivos de déficit, según ha precisado el Gobierno Foral a través de un comunicado, serán de un 1% del PIB regional para 2014, de un 0,7% para 2015, del 0,3% para 2016 y del 0,0% para 2017. En cuanto a los objetivos de deuda, son del 18,1% del PIB regional en 2014, del 18,3% en 2015, el 18% en 2016 y, por último, del 17,2% en 2017.

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