La Fiscalía pide seis años de cárcel para el 'alcalde' de Arechavaleta por saquear las cuentas del concejo

Nadie es capaz de explicar dónde para Miguel Acedo Fernández (Valencia de las Torres, Badajoz, 1969). El que hasta 2014 fue alcalde-presidente sin adscripción política del concejo de Arechavaleta, un pequeño pueblo de no más de 300 habitantes dentro del municipio de Vitoria (no confundir con la localidad guipuzcoana, cuyo nombre oficial es en euskara), se enfrenta a seis años de cárcel por haber vivido durante nada menos que diez años del dinero que sacaba de la cuenta corriente de la junta administrativa del concejo, principalmente con dos tarjetas de crédito de las que era el único autorizado. La estimación de la Fiscalía es que se embolsó de las arcas públicas un total de 545.454,74 euros, casi 100 millones de las antiguas pesetas.

El origen de la pequeña fortuna que amasó la modesta junta administrativa de este concejo y que luego saqueó a golpe de tarjeta el alcalde pedáneo que antes conducía un Renault 18 hay que buscarlo en la hemeroteca. Las crónicas locales del 17 de mayo de 2004 narraban cómo Arechavaleta había logrado 1,5 millones de euros al vender en subasta a una promotora una parcela de 2.000 metros cuadrados que había tasado en unos 200.000. Fue un premio gordo para un pueblo con apenas una iglesia, una barriada y una vaquería. Para el pueblo y para su regidor.

Sin control de la Diputación

Desde entonces hasta 2014, ininterrumpidamente, Acedo vivió literalmente del dinero de todos. Con anterioridad a 2004 se le conocía un negocio de pintor autónomo y en esa década no consta que pagara más la cuota a la Seguridad Social. “Hemos descubierto reintegros de 600 euros de cajeros a cualquier hora del día y de la noche y así cuatro, cinco y seis años. Era increíble”, relata un vecino antes en la ‘oposición’ y ahora colaborador de la nueva junta administrativa, que ha contribuido de manera decisiva a esclarecer este caso.

Precisamente un grupo de ciudadanos de Arechavaleta, en 2009, empezó a cuestionar la gestión de las cuentas locales, que sólo han de costear las fiestas patronales y algunas excursiones para los vecinos más mayores, ya que el resto de servicios los pone Vitoria. El asunto llegó a manos de la Diputación, con competencias en materia de financiación y control de las entidades locales menores, como son los concejos. La conclusión es que durante todo el mandato de Acedo (18 años en total) Arechavaleta nunca había presentado sus números a la institución foral. Automáticamente, se suspendió parte de la subvención anual, aunque a Acedo poco le importó la pérdida de un par de miles de euros (lo que le tocaba a una población que nunca ha superado los 300 habitantes) cuando guardaba en la caja de ahorros toda una fortuna que podía disponer a su antojo. El asunto llegó a la Fiscalía y, de ahí, al juez más minucioso que ha pasado por Vitoria en mucho tiempo, Roberto Ramos. Conocido por desentrañar el mayor caso de corrupción del País Vasco, el ‘caso De Miguel’ (vinculado a excargos del PNV), dio su brazo a torcer y archivó las pesquisas porque no había manera de acceder a las pruebas que justificaban el desfalco.

Pero la “suerte” –la expresión sale del Palacio de Justicia- hizo que la oposición vecinal se impusiera en las elecciones de concejo (que se realizan independientemente de las municipales). Ocurrió en 2014 y no sin dificultades, ya que Acedo tenía sus partidarios. “Les había prometido a muchos que les permutarían sus casas viejas por los pisos nuevos de abajo”, apuntan en el otro bando en referencia a la nueva promoción urbanística, centro comercial incluido, que ha brotado bajo la colina de Arechavaleta y que condena al pueblo a ser absorbido por la trama urbana de Vitoria.

Sentencia del Tribunal de Cuentas

Los nuevos gestores comprobaron al instante de tomar posesión que “no existía libro de cuentas” y que, como sospechaban, Acedo vivió del dinero de todos “y de que vivió muy bien, además”. La documentación de la cuenta local (ahora es necesario aportar dos firmas autorizadas para cualquier movimiento) voló al juzgado y también al Tribunal de Cuentas del Estado. Y está dando sus frutos. En junio, el órgano fiscalizador dictaminó que Acedo había causado un grave quebranto económico a Arechavaleta y que debía reembolsar el dinero injustificado que se llevó. Señaló también como corresponsable al tesorero (técnicamente “fiel de fechos”), Isidoro Rodríguez. Y, ahora, la Fiscalía cuantifica el desfalco en exactamente 545.454,74 euros y lo califica como un delito continuado de apropiación indebida que podría costarle a Acedo seis años entre rejas por el “agravante” de que se sirvió de un cargo público para lucrarse.

“De momento, no ha devuelto nada al pueblo. Y andamos muy mal porque sólo tenemos deudas. Este proceso nos ha costado un ojo de la cara entre abogados, procuradores y peritos”, indican desde la junta administrativa actual con cierta desesperación. Se quejan de que la Diputación, que les prometió ayuda financiera y recursos, les diera la espalda en cuanto la hicieron responsable solidaria de lo ocurrido por no haber ejercido su función de control debidamente.

Distintas voces apuntan a que el de Arechavaleta no es el único caso de irregularidades graves en entidades locales de Álava. El fiscal-jefe, Josu Izaguirre, expresa su inquietud en este sentido en la memoria anual, publicada el pasado mes de septiembre. “Nos sigue preocupando el elevado número de causas que se incoan como consecuencia de irregularidades en la gestión de las juntas administrativas. Las juntas administrativas, entidades locales menores que, dada la distribución poblacional de Araba, tienen gran importancia en su entramado institucional, son fuente de muchas denuncias por irregularidades en la gestión. La experiencia adquirida en la tramitación de las causas incoadas, ya reflejada en anteriores memorias, pone de manifiesto la necesidad de una reforma legal que establezca mayores mecanismos de control contable y presupuestario de su actividad”, indica Izaguirre.