El Estado reclama que los promotores del coche eléctrico Hiriko devuelvan 18,9 millones de euros

El Ministerio de Economía y Competitividad (heredero de la extinta cartera de Ciencia) reclama que los promotores del fracasado proyecto Hiriko de coche eléctrico y la pléyade de sociedades mercantiles que conformaron devuelvan un total de 18,9 millones de euros por graves irregularidades en la gestión económica del consorcio empresarial creado para dar forma al sueño de poner en la carretera 60.000 coches eléctricos ‘made in Basque Country’. Esta iniciativa empresarial, publicitada como una revolución de la movilidad mundial pero que adoleció de importantes deficiencias técnicas, resultó fuertemente financiada por el Gobierno central tras un acuerdo entre el PNV, partido al que están vinculados varios de los impulsores de Hiriko, y el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

De los 18,9 perdidos en Hiriko, el 91% fueron ayudas públicas del Estado, en concreto del Ministerio de Ciencia, cuando estaba dirigido por Cristina Garmendia. Son 17,2 millones que Economía y Competitividad desea ahora reintegrar en el marco del juicio mercantil cuya fecha se anunciará en las próximas semanas.

La abogada del Estado Macarena Olona, como representante legal del principal acreedor tras la quiebra del proyecto Hiriko, ha presentado un duro escrito de alegaciones de 192 folios en la causa mercantil que se sigue por este asunto en el que describe con todo lujo de detalles la ingeniería económica que se escondía detrás de una sociedad “instrumental” como era Afypaida, formalmente una asociación “sin ánimo de lucro”. La letrada tiene claro que los promotores de Hiriko (Jesús Echave, Iñigo Antia –exconcejal del PNV-, José Luis Bengoechea, Pepe Barreira y Fernando Achaerandio) dilapidaron el dinero público obtenido por Afypaida para un proyecto de I+D.

En el informe de la Abogada del Estado figuran ejemplos concretos.  El más sangrante son los 600.000 euros del Ministerio utilizados por Echave para comprar a Epsilon-Euskadi un vehículo con el que amplió su colección particular de coches deportivos y que no se utilizó nunca en Hiriko. O los contratos de suministro de material para la fabricación de 20 prototipos del vehículo eléctrico que se pagaron religiosamente a los socios proveedores pero que no consta que se completaran. “De los 20 prototipos comprometidos, tan sólo uno llegó a confeccionarse y a presentarse en sociedad –la tan difundida fotografía en Bruselas del 24 de enero de 2012- si bien era una simple estructura sin movilidad propia, ya que en la presentación pública el motor del ‘city car’ no llegó a arrancar. Fue, nuevamente, por la deficiente gestión en el seno del proyecto Hiriko”, relata Olona.

La presentación europea del Hiriko costó cerca de 200.000 euros, nuevamente pagados con cargos a las subvenciones públicas. Pero “se dio la peculiaridad que el transporte hasta Bruselas se hizo en un camión de frutas que no tenía las condiciones necesarias para el transporte de este prototipo”, ha revelado un ingeniero francés testigo del caso. “Incluso tuve que conseguir unas rampas para montar el vehículo en el camión ya que la propia del camión estaba estropeada. En concreto, llegó a Bruselas con problemas de humedades que implicó diversas complicaciones en su presentación”, abunda este técnico.

Subvenciones “finalistas”

La Abogacía del Estado interpreta que el dictamen de los administradores concursales de Hiriko se ha quedado corto y que hay muchos más argumentos que los que se plantean para lograr que los promotores sean considerados “culpables” en el juicio mercantil, la puerta que abriría que se vean obligados a devolver el dinero, principalmente las ayudas públicas. El informe señala que las subvenciones del Ministerio de Ciencia fueron “finalistas”. “No terminamos de entender a qué se refiere la administración concursal cuando califica las subvenciones otorgadas a Afypaida como subvenciones a fondo perdido. Lo cierto es que las subvenciones nominativas reguladas en los convenios suscritos con el Ministerio son subvenciones finalistas. Esto es, están destinadas y se conceden en atención a una finalidad y objetivo concreto,  y con sujeción a unas condiciones muy determinadas, que se han de alcanzar y cumplir. Si dicha finalidad, objetivos y condiciones no se cumplen, la obligación de reintegro del beneficiario surge desde el momento mismo del incumplimiento”,  argumenta Olona.

La reclamación del Estado contrasta con el papel que ha adoptado el Gobierno del PNV en el ‘caso Hiriko’. Es cierto que Euskadi puso muchos menos fondos para el proyecto (1.104.493 euros, ni el 6%), pero también que como acreedor en el proceso concursal tenía derecho a reclamar todo ese dinero. Sin embargo, en el listado de acreedores cerrado en 2015 sólo consta una reclamación de los servicios jurídicos autonómicos por 36.531,46 euros.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha explicado que el Ejecutivo entiende que las subvenciones tenían como objetivo desarrollar un proyecto de I+D que ha dado sus frutos a nivel de investigación tecnológica en forma de patentes. Euskadi, además, defiende que ya revisó las irregularidades detectadas en Hiriko y que, por ello, dictó en su día disposiciones para el reintegro por valor de 23.957 euros.

Además del proceso mercantil, que permitiría a las instituciones públicas recuperar el dinero invertido, el fiasco de Hiriko está residenciado también en vía penal. La Fiscalía, apoyada por un informe de la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza, sostiene que los promotores de Hiriko, imputados desde hace dos años y que prestaron declaración en 2016, pudieron desviar hasta 6,4 millones de los obtenidos desde la Administración. Fue hace dos años cuando el caso llegó al juzgado de instrucción, pero la investigación apenas ha tenido avances significativos y se mantiene en ‘stand by’.