El pasado 22 de mayo, en el marco de la Asamblea General de la Confederación empresarial de Bizkaia, Cebek, se celebró en Bilbao un encuentro empresarial con el título “¿Es posible reindustrializar Euskadi? ¿Cómo lo hacemos?”, en el que participaron como ponentes Juan José Toribio, presidente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra (IESE) y Josu Jon Imaz, presidente de Petronor. He leído con atención e interés todas las noticias sobre este acto, pero no he logrado enterarme de si los participantes en dicho encuentro, un auditorio formado por destacados empresarios, prácticamente todos varones, dieron respuesta a la pregunta que los reunía. Lo que sí ha quedado de esa jornada es una afirmación de Toribio: “Lo que los sociólogos llaman conquistas sociales y lo que los juristas llaman derechos laborales, nosotros lo llamamos distorsiones del mercado de trabajo. Eso es lo que son en lenguaje económico”. ¿Suscribe el empresariado bizkaíno esta idea? Aunque en economía teoría y práctica caminan de la mano, no me refiero tanto a la perspectiva teórica de los market failures, característica del pensamiento económico dominante al igual que la teoría de las expectativas racionales, el enfoque de los mercados eficientes o la idea de las externalidades, cuanto a la convicción práctica de que, realmente, los derechos sociolaborales no son más que obstáculos para el funcionamiento del mercado.
El desarrollo del Estado de Bienestar ha supuesto una desmercantilización de los intereses de los trabajadores, al reemplazar los “derechos de propiedad” por los “derechos de ciudadanía”, de manera que las prestaciones sociales a las que el individuo tiene derecho no derivan de su posición en las relaciones de mercado, sino que responden a una concepción social y política en virtud de la cual se asume que los individuos o las familias pueden mantener un nivel de vida socialmente aceptable independientemente de su participación en el mercado. Las bases morales del welfare han supuesto, por encima de todo y más allá de sus concreciones en cada lugar y en cada tiempo, la afirmación de la universalidad (son derechos de todos y cada uno de los seres humanos, al menos de los ciudadanos y hasta de los habitantes en un país determinado) e indisponibilidad (están sustraídos tanto a las decisiones de la política como del mercado). Desde esta perspectiva cobra pleno sentido la idea de que el estado social ha sido la última encarnación de la idea de comunidad: las instituciones del bienestar han sido, por encima de todo, un proyecto de vida en común. “El estado de bienestar –señala Bauman- era un modo de evitar la tendencia a desintegrar las redes formadas por los vínculos humanos y a socavar los fundamentos sociales de la solidaridad humana”. Un Leviatán moral, pacífico, que nos permitió soñar durante el “breve siglo socialdemócrata” en la posibilidad de superar definitivamente los principales riesgos de retroceso al estado de naturaleza. Pero la caída del Muro de Berlín puso fin a este proyecto de comunidad y hoy asistimos a una remercantilización de importantes ámbitos antes reservados a la previsión pública, como la salud, la educación, la seguridad, las pensiones, que dejan de ser universales y pasan a depender de las decisiones políticas o de los avatares del mercado.
Liberales ilustrados como Ralf Dahrendorf, conscientes de la importancia de contar con instituciones sociales sólidas y cohesionadas (y de la dificultad de mantenerlas), han advertido de que las exigencias de la competencia global no son en absoluto propicias para la constitución de la libertad: “La brecha sistemática que se genera entre las oportunidades de vida de los grandes grupos sociales es incompatible con una sociedad civil”, señalaba en 1995 Dahrendorf, reclamando la constitución de un “movimiento masivo para defender la sociedad civil”, que él veía amenazada por la globalización económica y la individualización social.
Pero hoy dominan los liberales zafios, aquellos que no son capaces de entender que el mercado es una parte de la ciudad, pero que no puede ser la ciudad entera. Sus ideas y sus prácticas económicas son auténticas distorsiones de la democracia.
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