Es lo que tiene llegar tarde a todo: que la historia que una vez fue tragedia se reproduce finalmente como farsa. Las y los verificadores internacionales a los que ETA ha recurrido (¿o cómo ha sido eso?) para escenificar su desarme traen consigo, según parece, experiencias referidas a situaciones bien trágicas: Ram Manikkalingam carga sobre sí con la guerra civil de Sri Lanka (con casi 100.000 muertos); Ronnie Kasrlis con el infame apartheid de Sudáfrica; Chris Maccabe con los conflictos de Irlanda del Norte y de Kosovo; Satish Nambiar con la brutal experiencia de la ex-Yugoslavia; Aracelly Santana con las pirámides sacrificiales de El Salvador (80.000 muertos o desaparecidos) o Guatemala. Conflictos en los que se han enfrentado ejércitos regulares, o bandos perfectamente militarizados, con cadenas de mando, estrategias de conquista y control del territorio, en contextos de abierta guerra civil. Y ahora se han encontrado, porque alguien (¿quién?) les ha llamado, con un conflicto sin bandos, en el que una sola banda, cada vez más reducida a panda o pandilla, busca la forma de sustanciar de la manera más conveniente para sus propios intereses la única decisión inteligente y moral que han tomado en sus cinco décadas de existencia: dejar de existir.
Dado que, según parece, los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (¿comisionados por quién?) mantienen una interlocución fluida y confiada con destacados líderes del PNV, PSE y Sortu, así como con altos responsables de la Iglesia vasca, y no sé si con algún movimiento social o con alguna de las comisiones o foros locales surgidos en torno al denominado proceso de paz, les imagino perfectamente informados de las diferencias existentes entre todos aquellos conflictos sobre los que han construido su currículum como verificadores-pacificadores y este nuestro particular conflicto vasco. En cuyo caso me pregunto: ¿de verdad no se han sentido un poquito ridículos verificando tan poca cosa?
Durante su presentación en el Hotel Carlton de Bilbao, los verificadores internacionales intentaron echarle un poco de épica a su acción, hablando de la “odisea” que supuso acompañar a los miembros de ETA que les llevaron hasta el zulo que fue sellado: “Nos exponíamos a ser detenidos porque íbamos con personas en situación ilegal”. Tanto como odisea… Puede que este tipo de cosas vengan bien para seguir adornando currículums de verificador, pero resultan muy poco adecuadas cuando se están dirigiendo a una sociedad en la que tantas personas han vivido la odisea, esa sí, de jugarse la vida para representar en el ayuntamiento a sus convecinos, de levantar cada mañana la persiana de su empresa, o de expresarse libremente en los periódicos o en la universidad.
En su comparecencia del Carlton (¿quién les recomendó hacerla en este hotel, tan cargado de simbolismo?) Ram Manikkalingam adelantó que no van a continuar con su labor de control del proceso de desarme de ETA, y reclamaron la necesidad de que aparezca “una institución, un gobierno, que certifique la nueva entrega de armas”. Insistiendo en esta idea, los verificadores lanzaban un mensaje en principio altamente contradictorio, como es el que en un proceso unilateral como este “alguien tiene que estar al otro lado”. Seguro que, del mismo modo que es posible consolidar un proceso, es posible también imaginar una unilateralidad con dos lados, aunque en otros lugares a eso se le llamaría bilateralidad, y ya sería otra cosa. O así me lo parece.
Mientras aparece ese otro lado de la unilateralidad, si ETA ha decidido realmente dejar de existir como organización terrorista, y así lo creo a la vista de los comunicados y declaraciones realizados en las últimas semanas tanto por la propia banda como por el muy relevante colectivo de presos (EPPK), me parece que un desarme efectivo y verificable exige de muy poca historia. Una de las afirmaciones más repetidas por quienes se mueven en el mundo de la tecnología digital es que ésta sirve para eliminar intermediarios, al menos aquellos que no aportan ningún valor a la cadena del producto. Pues ya está: que ETA indique las coordenadas GPS de todos sus zulos o almacenes de armamento y las envíe directamente a la Guardia Civil, o si lo prefiere a otra institución o medio de comunicación de su confianza, para que ésta se lo transmita al Gobierno español. Así, unilateralmente. Y aquí paz y después gloria… o lo que toque.
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