Van más dos años del cese definitivo de la actividad de ETA. El gobierno de Patxi & PP tuvieron prisas por apadrinar el nuevo tiempo y elaboraron borradores desde su ideología. Ahora el PNV aprueba con la ayuda de ambos el Plan de Paz y Convivencia, proyecto muy ambicioso en sus fines, pero mutilado en sus bases. Digo mutilado porque en un documento profuso de 82 páginas, silencia las páginas más negras de violencia de nuestra historia reciente. No da ninguna explicación por qué cercena el golpe militar, llamado guerra civil y más de la mitad de la dictadura franquista. Habla de aclarar el pasado, todo el pasado, pero recorta una parte trascendental, muy dolorosa, presente en la conciencia de la población. Prueba de ello es la reciente Ley navarra sobre las víctimas del 36.
¿Por qué razón arranca del año 1960? ¿Por qué se salta el golpe militar más sangriento de la época y las 2 décadas de la posguerra? ¿Cómo explicar los años 60 al 75 de la dictadura sin los 24 años anteriores? ¿Considera que esa etapa está ya suficientemente liquidada con la Ley de 2007 de Ibarretxe, remisa en fondos y reparaciones? ¿Deja para mejor ocasión la Memoria Histórica que nos corresponde? Tanto la fecha de 1960 como lo del “suelo ético” en que se basa el plan, son un legado del trienio PSE-EE&PP, empeñados ambos en arrancar el fenómeno ETA de todo contexto histórico y bloquear a la izquierda abertzale a toda costa.
En el profuso documento, Franco y el franquismo no se mencionan. La Guerra Civil y la dictadura del Generalísimo se mencionan sólo 2 veces. El término “víctimas del terrorismo” se repite 24 veces, y acapara capítulos. Sin duda, es el 'leitmotiv' del documento. Por contra, la expresión “todas las víctimas” que debiera prevalecer, se repite sólo 6 veces. Por supuesto, se descarta la expresión “conflicto político” o similares. A última hora y por presiones del PSE-EE&PP, se ha agregado un preámbulo referido al “suelo ético”, pese a sus connotaciones partidistas.
El silencio sobre el golpe y la dictadura franquistas no casa bien con el reciente informe del Comité de la ONU, cuando concluye: “en España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). Según un auto de la Audiencia Nacional,....el número de víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascendería a 114.226. En cuanto a secuestro sistemático de niños, se mencionan 30.960 niños”. La huella de estos hechos sigue aún en carne viva en buena parte de la población. El silencio equivale a mantener la impunidad de un régimen con un índice de criminalidad equiparable al nazismo.
El informe último de la ONU reconviene duramente al Estado español por incumplir los deberes para con los desaparecidos de la guerra. Debiera de tomar nota de ello el Gobierno vasco, aunque el documento reconoce que algo se ha hecho en la CAV. Se calculan en 8.660 los desaparecidos vascos. Sólo se ocupó Ibarretxe a favor de estas víctimas e inició un contrato con la Fundación Aranzadi en la búsqueda de testimonios y fosas, pero la ley no tuvo continuidad y el actual plan la relega al olvido. Hay, en cambio, una profusión de decretos sobre las víctimas del terrorismo que son las que marcan el plan, pese a unas pocas referencias a “todas” las víctimas.
Llama la atención la Ley del Parlamento Navarro, en favor de las víctimas de la guerra y de una provisión de fondos para la búsqueda de los desaparecidos y efectuar su reparación. Se ha negado el PP, abstenido el UPN y el PSN a favor. Supera a la ley de Memoria Histórica de Zapatero. El Gobierno vasco se ha apresurado a explicar que aquí no hay una ley semejante, pero se han hecho cosas. Curiosamente no hace referencia a la ley de Ibarretxe. Al ser en Nafarroa legión los fusilados y desaparecidos, 4.400, es grande su sensibilidad en el tema. También Euskadi pagó un fuerte tributo a la guerra en los frentes y en las poblaciones inermes con los bombardeos y los consejos de guerra. Mientras Nafarroa aprueba una ley de memoria histórica, aquí evitan coger la patata caliente. Las explicaciones al respecto de la consejera vasca suenan a 'excusatio non petita, acusatio manifesta'.
Jonan Fernández insiste en que la “verdad a medias o amnésica” no sirve. ¿Por qué mutila entonces del relato la historia de la guerra y más de la mitad de la dictadura? No quiere imponer un relato, pero fija arbitrariamente la fecha de inicio, con lo que destroza el principio de la verdad. La conciencia popular sabe de sobra dónde, cómo y cuándo arranca el cuadro de violaciones principal y determinante de los últimos 75 años, que los alcanza hoy cualquiera. Viven aún testigos de la guerra y muchas familias sufren el trauma del franquismo, agravado por el silencio imperante y por la manipulación de la que es objeto. Está bien intentar consensos políticos, pero no a costa de la historia, sobre todo, cuando se trata de asentar una plataforma firme a la verdad y a la memoria, nada menos que para lograr la paz y la convivencia.
El comité de la Convención de Desaparecidos de la ONU nos advirtió en su reciente visita a Gasteiz que trataríamos sólo de los Dasaparecidos a partir de 1945. Protestamos por la limitación tan absurda, pues la bolsa mayor de Desaparecidos se da en el golpe militar y años siguientes. Todas las asociaciones memorialistas coincidimos en esto. Así el Comité de la ONU rectificó y en su informe recoge los aplastantes testimonios de esa época, sin limitarse a la fecha inicial propuesta. Se ha impuesto la ley de los hechos. Es lo que pedimos a Jaurlaritza que haga. ¿Cómo encajan, si no, en este plan las numerosas organizaciones memorialistas? Ninguna impunidad al franquismo.
Juan Mari Zulaika, miembro de Goldatu, asociación memorialista de familiares de víctimas del franquismo
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