El próximo 20D se celebran elecciones generales. Casualidades de la vida, hace casi exactamente un año EQUO impulsaba la firma de un pacto político de los partidos de la oposición en el Congreso para evitar que la reapertura de la central nuclear de Garoña. Sin embargo, más allá del papel, en las actuales circunstancias, la única forma de evitar que se reabra Garoña será forzando democráticamente un cambio de gobierno en Madrid.
En los últimos meses al Gobierno del Partido Popular le han entrado las prisas para dejar todo atado y bien atado en caso de la nuclear burgalesa. El objetivo es claro: Garoña se ha convertido en la cabeza de puente del plan de las empresas eléctricas para alargar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años. Si la 'operación Garoña' les sale bien, detrás vendrán el resto de centrales nucleares, garantizando con ello un mayor beneficio económico de unas plantas amortizadas, aunque sea a costa de la seguridad.
La vinculación entre poder político y económico es especialmente visible en el caso de las puertas giratorias de las empresas energéticas. Ningún sector empresarial tiene tantos exaltos cargos en sus Consejos de Administración como el energético. Es precisamente el tema de las puertas giratorias uno de los caballos de batalla más relevantes en la lucha contra la corrupción, ya que la política energética de los últimos años ha puesto de manifiesto cómo estos vasos comunicantes tienen una influencia decisiva. El caso es tan grave que ha llegado hasta la Fiscalía Anticorrupción, gracias a una denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Así hemos visto como en unos pocos años las energías renovables han sido desahuciadas, mientras se impone el apoyo político a cualquier infraestructura nuclear.
Garoña se inauguró en 1971 y es la central más antigua del parque nuclear. Presenta graves problemas de seguridad. Se trata de una central gemela al reactor número uno de Fukushima, tristemente famosa por protagonizar un grave accidente nuclear. Esta central nuclear lleva ya tres años parada, sin que haya supuesto ningún problema para el abastecimiento energético del país. Lo que demuestra que vivir sin Garoña no sólo es deseable, sino que es posible.
A pesar de esto, el gobierno del Partido Popular ha dado un último golpe para garantizar que Garoña siga adelante: imponer la mayoría en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) rompiendo el equilibrio político que había reinado en dicho Consejo desde su creación. En una operación muy discreta, a la que se le ha dado muy poca cobertura, el PP ha nombrado a un nuevo consejero que le otorga una mayoría en las decisiones tomadas de tres a dos: en la actualidad y en una situación sin precedentes, de los cinco consejeros tres han sido nombrados por el PP, y dos por el PSOE. El resto de partidos políticos no tienen ya ninguna representación en este organismo que ha quedado por tanto en manos del pronuclear Partido Popular. No es de extrañar que la hoja de ruta fijada por Nuclenor para la reapertura de la central se vaya cumpliendo puntualmente.
No es de extrañar tampoco que el futuro de Garoña sea un motivo de preocupación para la ciudadanía alavesa. El PP ya sabemos que va a hacer todo lo posible por reabrir Garoña. Por más que Maroto y los suyos se empeñen en desligarse tímidamente de la posición oficial de su partido, lo cierto es que es el PP el único responsable del proceso de reapertura de la central. El PSOE pudo haber cerrado Garoña, pero no lo hizo. Zapatero no se atrevió a cerrarla definitivamente, y pasó la pelota al siguiente gobierno que él mismo sabía que no mantendría el cierre. El PNV en realidad es un partido pronuclear: no le gusta Garoña, pero aboga por el alargamiento de la vida de las nucleares, o así al menos lo mostró a través de una enmienda presentada por PNV y CiU a la Ley de Economía Sostenible de Zapatero que abría la puerta precisamente a la prolongación de la vida de las centrales nucleares en el Estado español más allá del límite actual, fijado en 40 años.
Por tanto, el cierre definitivo de Garoña sólo precisa de una decisión política. No es necesario entrar en la maraña legal a la que el Gobierno quiere arrastrarnos, alegando que es una mera cuestión técnica. Es la hora del cierre, y los resultados de estas elecciones generales para las fuerzas del cambio, sin duda, serán los que determinen el futuro desmantelamiento (o no) de Garoña.
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