Las tasas de paro, la situación de Fagor, la persistencia de la recesión… dibujan un panorama socioeconómico complejo en Euskadi. Se está presentando estos días un proyecto de presupuestos que los recorta un 2,2% sobre los últimos aprobados en el Parlamento vasco. Paralelamente un pacto fiscal que llega tarde y tendrá un impacto modesto en la recaudación, apenas 1.500 millones en tres años para todas las administraciones vascas. Teniendo en cuenta que el servicio de la deuda asciende a 815 millones de euros en las cuentas para 2014, nos hacemos una idea de la escasa ambición fiscal en la que nos seguimos moviendo.
En el ámbito estatal el Gobierno de Rajoy apunta a una reforma del sistema de pensiones que no aceptamos. Con una forma de ejercicio del poder autoritaria y a veces burlesca, se está impulsando un proceso de deconstrucción social de mucho calado. Conflictos en la educación, la sanidad u otros servicios públicos son síntoma de ello. Conflictos que además están trascendiendo del plano laboral, para convertirse cada vez más en preocupaciones ciudadanas ante el deterioro en la garantía de provisión pública de cuestiones cotidianas, como la limpieza del espacio común.
Los objetivos de la reforma laboral y de la negociación colectiva están dando parte de los resultados que buscaban. Primero facilitaron el despido: más fácil y más barato. Tras la reforma, la destrucción de empleo por cada décima de caída de PIB se ha multiplicado por 1,86. Después promoviendo una disminución salarial especialmente a través de la caída de cobertura de convenio colectivo entre la población asalariada.
Esta regresión social nos lleva una vez más a la calle. A una movilización el próximo día 23 de noviembre. Movilización social y europea. Vinculada a las cumbres sociales y a la convocatoria hecha desde la Confederación Europea de Sindicatos para esa semana. Las propuestas de CCOO de Euskadi no son ajenas al movimiento social ni al sindicalismo europeo.
Las hemos explicitado varias veces. Euskadi necesita un escenario que equilibre las consecuencias de esta crisis, modificando las políticas ante ella. Dando certidumbres al país. Propusimos vincular una política salarial razonable a la resolución de los convenios colectivos. Garantizar la estructura de convenios sector-empresa y pactar procedimientos de adaptación a las coyunturas cambiantes con la idea de garantizar el empleo y las empresas. A la vez una reforma fiscal mucho más ambiciosa que permitiera presupuestos públicos más expansivos que los que se vienen planteando.
La idea era (debiera seguir siendo) mantener una buena posición de penetración del sector exterior vasco que garantice el empleo y el peso industrial, y a la vez activar la demanda interna, asignando de forma más equitativa la renta que se genera. Y esto es hablar de salarios, impuestos, excedente empresarial, reinversión, etc. El oleaje de la crisis no entiende de trasatlánticos insumergibles como ha puesto dramáticamente de manifiesto el caso de Fagor.
El sindicalismo representado por la CES promueve un Plan de Recuperación Europeo. Debe contribuir a movilizar recursos económicos y a la vez, conciencia ciudadana ante los próximos retos sociales, electorales y políticos. Recogiendo las mejores propuestas de sindicatos como CCOO, DGB alemana o CGIL italiana, planteamos un plan de inversiones a largo plazo con el 2% del PIB europeo anual. Se trata de promover un crecimiento sostenible y reducir la tendencia a la creciente divergencia a la que lleva la actual orientación de las políticas.
Porque esta divergencia basada en el 'austericidio' alimenta un círculo vicioso en lo económico, y a un peligroso y resbaladizo terreno en lo social y en lo político. Todo tipo de populismos de están forjando en una Unión que se enfrenta a una 'crisis existencial' ante la que el sindicalismo europeo tiene que jugar un papel importante.
Toca hacer. La falta de gobierno político en Europa otorga una capacidad de influencia al poder económico y financiero acreedor sin apenas contrapesos democráticos. Y prorroga un alejamiento ciudadano del hecho europeo.
Los tasados márgenes de actuación y la enorme prepotencia del Gobierno de Rajoy, unida a su aversión por los perímetros amplios que debiera tener un sistema democrático le lleva a actuar por decreto, sin diálogo.
¿Y en Euskadi? Cierto ensimismamiento político en la creencia de que estábamos casi blindados ante la crisis hace aguas. Unas organizaciones empresariales cegadas en el botín que les ponía la reforma laboral, sin perspectiva estratégica al menos en materia de relaciones laborales. Una parte del sindicalismo vasco en un péndulo entre las lógicas y vértigos políticos de unos, y el corporativismo maquillado de radicalidad populista de otros, convertidos ya en un riesgo evidente para el país.
En la situación más compleja suelen adquirir protagonismo los discursos más simples. También los más burdos. Y desgraciadamente no somos una excepción. Y en el plano sociolaboral, menos. Es casi una anatema plantear la necesidad de acuerdos equilibrados. Aunque los paganos del desorden sean como siempre los más débiles, el cinismo de la consigna lo empapa todo.
CCOO de Euskadi está trabajando en cambios organizativos, necesidad de modificar la correlación de fuerzas sindicales y mayor penetración sindical en las empresas. Queremos defender modelos de sindicalismo solidarios y de generación de derechos colectivos. Sin renunciar a la necesaria adaptación a los cambios que se han promovido y que seguiremos combatiendo. Ahora hay que emplear la fuerza de la movilización, en la calle, el 23 de noviembre, como siempre con la propuesta como complemento de la protesta.
* Unai Sordo es secretario general de CCOO de Euskadi.
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