Así ‘recontrataron’ Telefónica y Repsol a dos directivos despedidos con indemnizaciones millonarias

Dos exdirectivos de Telefónica y Repsol han chocado con la Agencia Tributaria tras ser despedidos con indemnizaciones millonarias y, acto seguido, ‘recontratados’ con retribuciones superiores a los 100.000 euros anuales. Se trata de Luis Lada, histórico de Telefónica, y del director Financiero de Repsol entre 2005 y 2010, Fernando Ramírez Mazarredo. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org.

El caso del asturiano Lada (1949) es el más significativo, por la relevancia que llegó a tener en la operadora. Fue presidente de Telefónica Móviles y de Telefónica de España (2005-2006), y uno de sus hombres fuertes hasta que, en julio de 2006, César Alierta le despojó de sus funciones ejecutivas. Tras más de treinta años en la compañía, salió del consejo de administración. Por la extinción de su relación como ejecutivo y empleado de Telefónica, materializada a finales de 2006, Lada cobró una indemnización que disparó sus ingresos anuales por encima de los 8 millones de euros. Pero no se fue al paro. Como anunció la compañía, prestaría “asesoramiento estratégico” al entonces presidente, Alierta, y al comité ejecutivo de Telefónica.

A esas labores de asesoría Lada sumó otros cargos que mantiene: consejero independiente de Indra (desde junio de 2007), Gamesa (desde octubre de 2009) y Ence (desde marzo pasado); y presidente no ejecutivo del grupo de seguridad privada Segur (desde julio de 2014). Indra ha propuesto renovarle como consejero en la junta del próximo 29 de junio. La empresa tiene como mayor accionista al Estado y en ella participa Telefónica desde el año pasado.

Una sociedad con él de accionista mayoritario

Para canalizar los ingresos derivados de sus nuevas funciones como asesor en Telefónica y evitar tributar por el máximo en el IRPF, Lada se dio de alta como autónomo y constituyó en noviembre de 2006 la sociedad Ribafuerte SL, domiciliada en un lujoso chalé en Majadahonda (Madrid). Él era el mayor accionista (35,02%). El resto del capital se lo repartían su esposa (34,98%) y los tres hijos de ambos, con un 10% cada uno suscrito gracias a una donación de su padre formalizada ante notario en esas fechas.

El 16 de marzo de 2007, Alierta y Ribafuerte firmaron un contrato por el que esta prestaría “servicios profesionales de asesoramiento y consultoría al Presidente y, por delegación de éste, a la Alta Dirección de Telefónica en temas estratégicos”. La compensación, 500.000 euros brutos al año (42.000 euros brutos al mes). El contrato tenía una duración inicial de tres años, prorrogables anualmente. En caso de “resolución anticipada” antes de esa fecha, Ribafuerte cobraría los “honorarios profesionales” pactados hasta entonces (medio millón bruto al año hasta 2010).

En junio de 2013, la Agencia Tributaria abrió inspección a Luis Lada y a Ribafuerte, cuyas últimas cuentas en el Registro Mercantil son de 2014. Entonces, con un solo empleado, ingresó 299.999,96 euros (lo mismo que un año antes) y declaró pérdidas de 18.410 euros. En el periodo sujeto a inspección (2008-2011), la sociedad había ingresado, según Hacienda, 2.329.500,16 euros en total. Buena parte fue para Lada en forma de sueldo como director general (1,7 millones en esos cuatro años), retribución en especie (45.329,48 euros), dividendos (86.556,02 euros) y retribución como consejero (80.000 euros). Él y su mujer se asignaron un sueldo de 16.000 euros anuales que en 2010 elevaron a 24.000 euros.

En 2014, la Inspección obligó a recalcular la retribución de Lada por entender que no se ajustaba a un valor “normal” y que se había fijado sin el “rigor mínimo exigible”. Consideró que “las reglas de remuneración de dicha sociedad a favor del socio establecidas entre ambos han permitido la obtención de una ventaja fiscal indebida y el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública” y que la empresa no aportaba “valor añadido alguno a la actividad económica realizada por la persona física”, que podría haberse hecho “directamente” por esta.

En un primer momento, Hacienda determinó que el ejecutivo debía abonar al Fisco cerca de 220.000 euros: 135.600 por el IRPF (más una sanción de 57.138,29 euros) y otros 24.000 euros por el Impuesto de Sociedades. El ejecutivo, que hasta septiembre de 2014 fue consejero de Telefónica I+D, filial de la multinacional, no ha querido hablar sobre este asunto, pero fuentes próximas a él aseguran que el litigio ya está en la vía contencioso-administrativa y que, de momento, se ha saldado con el pago de cerca de 50.000 euros a Hacienda.

Fuentes de Telefónica señalan que Lada dejó de asesorar a la empresa hace años y niegan que la Agencia Tributaria haya abierto inspección a la compañía por este asunto. Sí reconocen que ha habido “más casos” de directivos que han continuado vinculados a la compañía en condiciones similares cuya situación con Hacienda “se regularizó”, aunque “no como sanción”.

El ex de Repsol

La historia de Lada recuerda al despido y posterior recolocación de Fernando Ramírez Mazarredo. Director Financiero de Repsol desde enero de 2005 hasta diciembre de 2010, Mazarredo sigue asesorando al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y a la propia petrolera a través de una empresa creada poco después de su despido. En su caso, la Agencia Tributaria no cuestiona el uso de esa sociedad interpuesta, sino la reducción del 40% que Repsol aplicó a su IRPF para la indemnización que cobró, aprovechando la normativa vigente en aquel momento, por considerar que se trataba de una “renta irregular”. Esa reducción (2.367.899,05 euros) permitió que ese año la declaración de la Renta del ejecutivo le saliera a devolver (Hacienda le pagó 53.367,69 euros).

Su despido se anunció la víspera de la Nochevieja de 2010. “Por mutuo acuerdo”, ambas partes pusieron fin a su relación contractual. Ese año, los ingresos de Mazarredo (que entonces tenía 57 años) superaron los 11 millones. Su despido le reportó 9.906.813,85 euros brutos (6.615.923 euros netos): 5.919.747,63 euros brutos correspondientes a una indemnización de tres años de sueldo; un “premio de permanencia” de más de 900.000 euros; 2.315.016,22 euros como liquidación y finiquito y 1.672.050 euros en concepto de “pacto de no competencia postcontractual”. A esas cifras sumó su sueldo de ese año (1,6 millones) y su retribución como consejero de Gas Natural, de la que la petrolera es accionista de referencia (139.150 euros brutos).

Su destino, como contó El Confidencial en noviembre de 2011, no estaba lejos de Repsol. Un mes después de su salida, la petrolera le recontrató como consultor autónomo para asesorías “en materias de análisis económico y gestión financiera”, “aspectos específicos de la gestión tesorera del Grupo Repsol”, asesoría en la venta del 15% de la argentina YPF que la compañía había decidido vender y “cualquier otra operación de carácter corporativo” que el presidente considerase conveniente.

El contrato firmado el 31 de enero de 2011 por Mazarredo y su sustituto en la dirección financiera de Repsol, Miguel Ángel Devesa (que también dejaría la compañía en 2012), estipulaba una duración de un año prorrogable por otro, con una retribución de 15.000 euros mensuales más IVA. Un mes después de firmar ese contrato, Mazarredo constituyó EF International Strategy SL, participada al 50% por él y otra persona de confianza de Repsol, Emiliano López Atxurra, consejero de Gas Natural y, desde enero de este año, presidente de Petronor, filial de Repsol. Según la petrolera, esta sociedad no se ha utilizado para facturar los servicios de asesoría de su antiguo director financiero, al que se abonan esos pagos “como persona física”.

Hacienda abrió inspección a Mazarredo en julio de 2013 por entender que “la norma exige una resolución de la relación laboral” para aplicarse esa reducción del 40%. Un año después le reclamó 1.158.183,85 euros, entre cuota e intereses de demora, por calificar esa ventaja fiscal de “improcedente” y considerar “probado que el obligado tributario no ha extinguido su relación contractual con la empresa”, al desempeñar funciones “propias del puesto que ocupaba anteriormente”.

¿Es ético ser despedido de mutuo acuerdo, recibir una millonaria indemnización y mantener una relación con esa misma empresa? “Si no me pareciera ético, no lo hubiera hecho”, dice Mazarredo, que sigue asesorando a Repsol y a Brufau, aunque las condiciones actuales (también a cambio de un fijo anual) son diferentes a las pactadas en 2011.

Ramírez Mazarredo recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, que le dio la razón en septiembre del año pasado. La Agencia Tributaria ha recurrido a su vez en el Tribunal Económico Administrativo Central, según Mazarredo. Es probable que el contencioso acabe en el Tribunal Supremo. Repsol dice que no tiene ninguna inspección abierta por este asunto.

“El presidente decide en un momento determinado que la labor que yo debía realizar como ejecutivo ya está realizada y llegamos al acuerdo de que dejo de servir como ejecutivo de primer nivel y sigo sirviendo a la empresa de manera mucho más liviana”, señala Mazarredo, que subraya que la indemnización que cobró emanaba de “las condiciones que yo acordé cuando me contrató la compañía”. El ejecutivo recuerda que pone sus conocimientos “al servicio de esa compañía y de otras” sin ninguna responsabilidad ejecutiva.

El directivo firmó su contrato de alta dirección el 17 de febrero de 2005 con el entonces director de Recursos Humanos de Repsol, Jesús Fernández de la Vega. El hermano de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega también sería despedido en 2007 con más de 10 millones de euros de indemnización. Luego fue recontratado por la Fundación Repsol, pero dimitió inmediatamente por el escándalo generado.