Si intentamos utilizar la ideología de los partidos políticos como una manera de predecir cuál será su posición respecto a la descentralización o el federalismo, el resultado será fallido. Un repaso a la experiencia comparada muestra que, más allá de los debates teóricos, la práctica de la descentralización no es patrimonio exclusivo de ningún ámbito ideológico. Los modelos descentralizados y federales han sido utilizados como una suerte de panacea para resolver distintos males institucionales, económicos y políticos, y esa pluralidad de motivaciones se corresponde con la variedad ideológica de los partidos políticos que los han impulsado.
Que la descentralización haya sido defendida tanto por la izquierda como por la derecha también responde al pragmatismo político y a las alianzas electorales de los partidos. Ello explica, por ejemplo, que el primer avance significativo en la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas se produjera como contrapartida al apoyo parlamentario proporcionado por CiU al Partido Popular en 1997. O, más llamativo aún, que el mayor traspaso de recursos hacia los gobiernos autonómicos (el de la sanidad) y el segundo avance importante en la autonomía fiscal de las regiones se produjera en el 2002, cuando los populares gobernaban con mayoría absoluta.
La polarización del debate territorial que se inició con la aprobación del Estatuto de Cataluña y que se ha intensificado con la crisis económica no parece dejar mucho hueco al pragmatismo político que ha imperado hasta ahora. Esto hace más improbable futuras alianzas entre los partidos conservadores nacionalistas (PNV, CiU) y sus hermanos ideológicos de ámbito estatal (PP). Sin embargo, el verdadero problema no se encuentra en las consecuencias que la polarización tiene en los partidos de derecha, sino en los retos que supone su impacto en la opinión pública para la izquierda, y muy especialmente para el PSOE.
Quienes en la actualidad pugnan por transformar el modelo autonómico lo hacen en direcciones opuestas. Un creciente porcentaje de la población prefiere reducir o eliminar el poder de las Comunidades Autónomas. En Cataluña, y más recientemente en el País Vasco, ha aumentado el grupo de ciudadanos que prefiere un modelo territorial donde las regiones puedan convertirse en Estados independientes. Estos cambios han tenido como consecuencia una derecha más cohesionada en sus preferencias por el modelo territorial, mientras que ha provocado una mayor polarización en la izquierda.
Como se ve en el gráfico 1 más abajo, entre 1998 y el 2005 el giro centralizador en la derecha sigue el mismo patrón: aumentan los que prefieren que el modelo no cambie más y se quede como está y disminuyen progresivamente los autonomistas. En el 2011 parte de las preferencias por el statu quo se han transformado en una clara preferencia por un modelo más centralizado.
Fuente: Barómetros autonómicos del CIS 1998, 2002, 2005 y encuesta pre-electoral elecciones generales 2011
La izquierda, en cambio, es más plural en sus preferencias por el modelo territorial y su evolución es dispar (gráfico 2). En la extrema izquierda y la izquierda, el giro centralizador se caracteriza por un aumento de los que prefieren el modelo territorial actual y una disminución de los que quieren más poder para las CCAA. Sin embargo, las preferencias por el statu quo son en realidad algo distintas en los dos grupos. En otras encuestas donde se ofrece una opción intermedia entre un modelo completamente centralizado y el modelo actual (esa opción es “Un Estado donde las CCAA tengan menos competencias”), una parte de la izquierda la elige, algo que no ocurre en igual medida en la extrema izquierda. Las preferencias de los moderados (centro-izquierda), en cambio, evolucionan de manera parecida a la derecha: disminuyen los que quieren mantener el statu quo y el principal cambio se da en el aumento de los que quieren un Estado sin autonomías.
En los tres grupos de izquierda se observa cierta polarización porque aumenta el porcentaje de ciudadanos que apoya las formas extremas de organización territorial, aunque la polarización es más intensa en la extrema izquierda. Parte de esta polarización se explica porque la izquierda es más desigual territorialmente, principalmente debido a la evolución que ha tenido en el País Vasco y Cataluña.
Fuente: Barómetros autonómicos del CIS 1998, 2002, 2005 y encuesta pre-electoral elecciones generales 2011
En definitiva, en el campo de juego electoral que deja la polarización del debate territorial el Partido Popular tiene incentivos para no desautorizar al Ministro Wert cuando habla de “españolizar” a los catalanes. Sí los tiene para apoyarse en el giro centralista como estrategia para sortear los efectos la crisis entre los votantes moderados y de derecha.
El PSOE lo tiene más difícil, pues un mismo discurso territorial no sirve igual para atraerse a diferentes grupos de votantes o territorios. Los votantes naturales del PSOE (posiciones 3 y 4 en la escala ideológica) son hoy más jacobinos que en el pasado, excepto en Cataluña y el País Vasco. El discurso federal tampoco encajaría con los votantes moderados, y sólo lo haría con una parte del electorado de extrema izquierda.
Paradójicamente, no hay mejor alternativa frente a la polarización de la opinión pública que apostar por el modelo federal, pues éste es el más capaz de aunar autonomía y unidad y, por lo tanto, el más adecuado para combinar las dos corrientes antagónicas a las que está sometido el Estado Autonómico en la actualidad. Parte de la tarea que tiene el PSOE por delante es convencer a la ciudadanía de que avanzar en el modelo federal es la mejor solución para embridar las tensiones territoriales que la crisis, en combinación con las estrategias electorales de los partidos, está alimentando.
