Piedras de papel es un blog en el que un grupo de sociólogos y politólogos tratamos de dar una visión rigurosa sobre las cuestiones de actualidad. Nuestras herramientas son el análisis de datos, los hechos contrastados y los argumentos abiertos a la crítica.
¿Quieren que los ciudadanos protesten menos? Escúchenlos
Los ciudadanos españoles son los que más protestan de toda Europa. ¿Por qué? Las protestas son más frecuentes cuando los poderes públicos son poco receptivos a las demandas ciudadanas formuladas por otras vías y pueden ser vistas como un síntoma de baja calidad democrática. Si el Gobierno de verdad quisiera reducir la frecuencia de las protestas sería más efectivo escuchar a los manifestantes que multarles.
El Gobierno piensa que los ciudadanos protestan demasiado. En los últimos meses ha contrapuesto repetidamente los movimientos sociales a una supuesta “mayoría silenciosa” y ha intentado actuar por la vía penal contra los organizadores de protestas como Rodea el Congreso o los escraches. La futura Ley de Seguridad Ciudadana prevé multas de hasta 600.000 euros para actividades perfectamente pacíficas tales como concentrarse ante un parlamento o “zonas de seguridad” definidas por la Policía, convocar por redes sociales una manifestación o grabar la actuación de las fuerzas de seguridad.
Hasta cierto punto, hay que reconocer que el Gobierno lleva razón. España es el país europeo en que más se protesta con diferencia. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de entrevistados en la Encuesta Social Europea que dice haber participado en una manifestación en los últimos 12 meses en 2004, 2008 y 2012 en 10 países. La elevada participación en el estado español no se debe a la crisis económica; la participación ya era muy elevada antes.
Gráfico: % de individuos que declaran haber participado en una manifestación en los últimos 12 meses
Fuente: ESS
¿Por qué protestamos tanto? Aunque la respuesta a esta pregunta es compleja, una explicación propuesta por la profesora de Ciencias Políticas de la UPF Mariona Ferrer es que la protesta y la política convencional funcionan como actividades sustitutas. Si un ciudadano pretende influir sobre el proceso político entre elecciones tiene, simplificando mucho, dos opciones: participar en una asociación que haga presión por canales oficiales establecidos (incluidos los partidos) o participar en actividades de protesta. La actividad que escoja será la que perciba como más efectiva. En contextos en que los poderes públicos tienen abundantes canales de comunicación abiertos y son receptivos a las propuestas de la ciudadanía, la forma de participación más efectiva será la institucional. En cambio, si el sistema político es poco permeable a la participación ciudadana queda la acción de protesta que puede influir de forma indirecta a través de la opinión pública. La investigación existente da apoyo a esta idea: la correlación negativa entre la tasa de participación en actividades de protesta y actividades más convencionales es negativa.
Que haya muchas manifestaciones, desde esta perspectiva, es un síntoma de baja calidad democrática y de poca apertura del sistema político a las opiniones de la ciudadanía y la voluntad del Gobierno de incrementar las sanciones económicas confirma este diagnóstico. Es difícil entender de qué manera una manifestación pacífica, esté o no comunicada, puede comprometer seriamente la seguridad ciudadana. Cabe destacar que la represión económica, aunque poco visible, ya se usa de forma habitual en contra de movimientos molestos. Por poner un ejemplo, varios asistentes a una asamblea pública (¡que ni siquiera cortó el tráfico!) convocada por la PAH en la plaza de Santa Bárbara de Madrid en abril recibieron multas de entre 300 y 1.500 euros. La nueva legislación permitiría imponer multas de hasta 600.000 euros. Claramente, la lógica de imponer sanciones económicas desorbitadas a actos perfectamente cívicos como este no es defender ni la seguridad ni ningún derecho fundamental.
Estas medidas no sólo muestran intolerancia por parte del Gobierno a opiniones que no coinciden con las suyas y poco respeto a derechos fundamentales como el de manifestación sino que acrecientan el problema de fondo de la bajísima receptividad del sistema político. Como si no hubieran ya bastantes, las medidas dan nuevos motivos para protestar.
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