¿Reformar la Constitución para cambiar qué?

Hace un par de semanas publiqué aquí un post titulado “La ruptura del consenso constitucional”, en el que mostraba cómo la demanda de reformar la Constitución se había convertido en mayoritaria en España. No solo eso, sino que esta demanda es muy transversal, y deseada tanto a la derecha como a la izquierda del espectro político. La pregunta que inmediatamente surge, y que acertadamente no tardaron en plantearme algunos lectores, es si, aparte de la necesidad genérica de reforma, los ciudadanos comparten qué aspectos de la Constitución es pertinente cambiar.

No contamos con muchos datos para contestar a esta pregunta, aunque podemos arrojar algo de luz analizando la misma encuesta que utilicé para el post anterior. En el mismo estudio (CIS 2930, enero 2012), se les pregunta a aquellos ciudadanos que consideran necesaria una reforma constitucional, qué tres aspectos de la Constitución habría que reformar. A continuación expongo cuáles son los asuntos más citados por los ciudadanos. Los he dividido según el partido al que votaron en las últimas elecciones generales de noviembre de 2011: PP, PSOE, IU, UPyD y nacionalistas, que incluye a CiU, PNV, ERC y Amaiur conjuntamente (el análisis por separado no arroja grandes diferencias y además para algunos partidos las muestras son muy pequeñas como para arrojar conclusiones). Varias cosas merece la pena señalar.

Fuente: CIS

Lo primero que llama la atención es la altísima (y sorprendente) demanda de reforma de la justicia. Este es un ejemplo claro de valence issue (asuntos que no generan división y en los que todos los individuos, independientemente de sus características personales, suelen posicionarse a favor, sencillamente porque es difícil estar en contra). Ante la percepción de un sistema judicial politizado, lento e ineficiente, una reforma genérica de la justicia es aclamada. Además, es una respuesta a la que aquellos con una insatisfacción general con el sistema y la situación fácilmente se pueden acoger. He intentado, no obstante, repasar la hemeroteca para comprobar si en las fechas del estudio algún acontecimiento pudo disparar esta demanda, pero no he llegado a ninguna conclusión. En el barómetro inmediatamente anterior donde se realizaba una pregunta parecida (CIS 2853, noviembre 2010), la reforma de la justicia era también el asunto más mencionado para reformar, aunque en unos porcentajes mucho más bajos. Esto indicaría que aunque las cifras aquí presentadas pueden sobreestimar la importancia de la reforma de la justicia, este es un asunto que en cualquier caso tiene una demanda generalizada.

El resto de asuntos citados tienen mayores connotaciones ideológicas y, por tanto, pueden ser más propensos al disenso. No obstante, es también relevante señalar que las preferencias sobre la reforma de los votantes de PP y PSOE son en general bastante parecidas. Existen algunos matices, pero coinciden bastante. Las posiciones entre los dos partidos mayoritarios no parecen, por tanto, ser uno de los ejes de discordia (salvo que entendieran la eventual reforma de uno de estos asuntos de modo totalmente distinto). Además, ambos tipos de votantes coinciden en no tener preferencias muy concentradas en ninguno de los asuntos. Aunque la demanda de reforma es clara, dentro de los votantes de los dos grandes partidos no hay un consenso claro de sobre qué aspectos deberían reformarse.

Distinto es el caso de Izquierda Unida y UPyD. Ambos grupos de votantes coinciden tanto en ser los más críticos con la monarquía como en su deseo de reforma constitucional del sistema electoral. En cambio, divergen fundamentalmente en dos asuntos. Mientras que los votantes de UPyD consideran que el sistema autonómico es la otra gran cuestión que debe ser reformada, los votantes de Izquierda Unida reclaman una garantía constitucional mayor de los derechos sociales.

Esta garantía constitucional de los derechos sociales cabría a priori esperar que fuera uno de los ejes de división entre izquierda y derecha. En cambio, es llamativo que probablemente sea el asunto en el que más coinciden todos los partidos estatales (junto con la sucesión a la Corona). No solo eso, sino que, aunque las diferencias son pequeñas, hay una mayor proporción de votantes del PP que considera necesario profundizar en esta garantía social que de UPyD o PSOE. Esto vendría a corroborar que el electorado de derechas español se caracteriza principalmente por su posición religiosa, moral y nacional, pero no por un posicionamiento contrario de los derechos sociales, como han señalado otros estudios.

Por último, la madre del cordero es, como era previsible, la cuestión territorial (tanto el sistema autonómico, como el derecho de autodeterminación). Es el asunto que más polariza la reforma constitucional. Por un lado, los partidos nacionalistas concentran claramente sus preferencias de reforma en el sistema autonómico y los estatutos (y en menor medida, el derecho de autodeterminación). Igual que UPyD, aunque, obviamente, en sentido contrario. En comparación con el resto de cuestiones, también hay un porcentaje significativo del electorado de PP y PSOE que considera el sistema autonómico como un asunto a reformar. El hecho de que todos concedan importancia a este tema dificulta sin duda un nuevo consenso constitucional.

¿Supone todo esto que una reforma constitucional no sería posible? Como señalaba en mi post anterior, creo que el hecho de que exista una demanda mayoritaria de reforma es un primer paso necesario y muy relevante. En los últimos quince años ha crecido paulatinamente el descontento con la Constitución hasta generalizar la idea de que es necesario reformarla. Además, los datos que he mostrado aquí señalan que existen elementos sobre los que podría girar una reforma constitucional más o menos compartida. Incluso la cuestión de la monarquía no parece ser tan polarizadora como cabría esperar. Comparando con datos de 2010, los votantes del PP son los que más han crecido en su descontento con la institución para considerarla ahora también susceptible de reforma. No obstante, el elemento fundamental que dificultaría el acuerdo es el sistema de organización territorial. Sería más optimista si este asunto pudiera ser objeto de transacción política. Es decir, si algunos votantes no tuvieran una preferencia muy fuerte y pudieran transigir a cambio de satisfacer otras de sus demandas. En cambio, da la impresión de que este es un asunto en el que todos tienen preferencias claras, en algunos casos muy concentradas, y no fácilmente conciliables.