Piedras de papel es un blog en el que un grupo de sociólogos y politólogos tratamos de dar una visión rigurosa sobre las cuestiones de actualidad. Nuestras herramientas son el análisis de datos, los hechos contrastados y los argumentos abiertos a la crítica.
Doctora en Ciencias Políticas e investigadora en el CSIC @ainagallego —
La Constitución de 1978 prevé en el artículo 87 la existencia de Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) que permiten a organizaciones sociales presentar proposiciones de ley con el respaldo de al menos 500.000 firmas.¿Qué uso se ha hecho hasta ahora de este mecanismo de participación ciudadana?
Las iniciativas populares están muy extendidas en las democracias actuales. Una iniciativa popular es una propuesta legislativa que, si recibe apoyo de un cierto número de personas, tiene que ser votada en el parlamento o en un referéndum. En California, por ejemplo, los votantes se pueden pronunciar en cada elección sobre un gran número de iniciativas propuestas por grupos ciudadanos. Estos instrumentos de democracia directa permiten a los ciudadanos proponer medidas específicas y por tanto amplían la influencia sobre el proceso legislativo más allá del voto a partidos.
La primera ILP registrada en España pedía el “Mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo” en 1983, pero no fue admitida a trámite. Parece que este caso sentó precedente, porque desde entonces la no admisión por la Mesa del Congreso es el destino más frecuente que han tenido las ILPs. De las aproximadamente 70 ILPs iniciadas hasta la fecha, 28 ni siquiera han sido admitidas en el trámite inicial -es decir que ni han llegado a la fase de recolección de firmas. El resto no ha corrido una suerte mucho mejor. Unas 25 caducaron sin que sus promotores lograran conseguir las firmas suficientes. Ello no es sorprendente, puesto que el procedimiento de validación de las firmas es exigente y hace muy difícil conseguir las suficientes. Otras 11 fueron rechazadas después de haber conseguido las firmas necesarias. Entre ellas las más recientes pedían “Televisión Sin Fronteras” y “Empleo estable y con derechos”, ambas de 2011. De otras cuantas se pierde el rastro o están todavía sin un resultado claro.
En los 30 años transcurridos desde que existe este procedimiento, solamente ha sido exitosa una sola ILP. Se trata de la “Proposición de Ley sobre reclamación de deudas comunitarias” que consiguió modificar un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal en 1996. Es sin duda, un balance muy pobre.
La falta de éxito de las ILP parece confirmar la idea que el sistema político es poco sensible a las demandas de los ciudadanos. Las organizaciones sociales tienen pocos canales para influir de forma directa sobre el proceso legislativo más allá de las elecciones. El hecho de que los que hay, como la ILP, no logren su objetivo en la gran mayoría de casos es preocupante. En primer lugar, promueve la idea que “No hay nada que hacer”. Es fácil imaginar la amargura y el desánimo de los promotores de iniciativas populares cuando el Congreso decide no admitir a trámite o rechazar las ILPs que tanto esfuerzo requiere impulsar. Además, el ninguneo se puede interpretar como un signo de cerrazón del poder legislativo y los grandes partidos a las propuestas surgidas del titular de la soberanía, el pueblo.
Todos los pronósticos señalaban ayer que la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) correría una suerte parecida a decenas de ILPs anteriores y, pese a reunir casi el triple de las firmas necesarias, no sería ni siquiera admitida a trámite por el Pleno del Congreso. Sin embargo, a última hora de la tarde el PP, de forma totalmente inesperada, cambió el sentido de su voto de oposición a apoyo.
La admisión a trámite de la ILP de la PAH no significa que se vaya a aprobar su contenido, pero es una nueva victoria importante de esta organización. La movilización social y una estrategia comunicativa efectiva han obligado a los partidos a modificar sus posiciones. Además, es también una victoria de dos ideas que esta Plataforma ha defendido con vigor.
La primera victoria simbólica es la del optimismo sobre el fatalismo. En lugar de sumarse al pesimismo imperante, la PAH ha difundido mensajes positivos como “Sí se puede”. A nivel individual, el “Sí se puede” frente al “No hay nada que hacer” ayuda a personas en situaciones económicas muy desesperadas a seguir adelante. A nivel colectivo, este mensaje impulsa a perseguir los cambios necesarios para salir de la actual crisis económica e institucional. Lo importante del mensaje es que no es vacío: victorias como hacer cambiar el sentido del voto de un partido que ostenta mayoría absoluta en el Congreso son una base palpable para el optimismo.
La segunda idea victoriosa de ayer es que los derechos no se otorgan sino que se conquistan. Frente a concepciones de los derechos como algo estático que recoge la Constitución, la PAH ha repetido que el derecho a la vivienda y otros derechos sociales son fruto de luchas concretas. El contenido de los derechos es dinámico, se va ganando o perdiendo en función de equilibrios de fuerzas. Por tanto, está en manos de la población actual ampliar o reducir los derechos de que disfruta. La Constitución recoge el derecho de los ciudadanos a promover iniciativas legislativas populares, pero este derecho no es efectivo si el Parlamento las rechaza (casi) todas, (casi) siempre. Ayer, el derecho de la ciudadanía a tener mecanismos de participación directa en el proceso legislativo se hizo un poco más efectivo cuando la PAH forzó la admisión a trámite de su ILP.
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