Hace unos días, el economista Ignacio Conde-Ruiz hacía la siguiente pregunta en twitter: “¿Por qué cuando la devaluación se hace vía tipo de cambio donde los trabajadores también pierden poder adquisitivo a todo el mundo le parece bien?”. Antes de intentar responderla, déjenme decirles brevemente por qué es una pregunta particularmente pertinente.
Como ya se ha repetido muchas veces, la llegada de capitales que acompañó a la entrada de España en el euro tuvo como consecuencia la pérdida de competitividad exterior de nuestra economía. La borrachera de crédito hizo que los precios subieran en España más que en el resto de Europa, lo que encareció los bienes y servicios producidos aquí, y abarató en términos relativos los producidos en el exterior. El déficit en nuestra balanza de cuenta corriente llegó a representar casi el 10% del PIB, en su momento el mayor del mundo en términos absolutos con la excepción del de Estados Unidos. Ahora, una vez explotada la burbuja y sumidos en un doloroso proceso de desendeudamiento, la única fuente de crecimiento que nos queda es el sector exterior. Pero para ello, necesitamos recuperar la competitividad perdida en la época de la burbuja. Y lo hacemos “devaluando internamente”: deprimimos salarios, lo cual hace más atractivos nuestros productos en el resto del mundo. Por motivos evidentes, es un proceso muy poco agradable.
En otro contexto, la forma más sencilla y natural de recuperar competitividad hubiese sido otro: dejar que se depreciara la moneda nacional respecto a las monedas de nuestros competidores (es decir, una “devaluación externa”): los precios de los bienes producidos en España automáticamente se hubiesen abaratado para el resto del mundo, y los salarios nacionales automáticamente hubiesen perdido poder de compra (buena parte de nuestra cesta de consumo consiste en productos del exterior). Como miembros del euro, esta alternativa para nosotros no existe, pero podemos hacer el ejercicio mental de imaginarnos cómo la hubiésemos percibido. Contra lo que decía Conde-Ruiz en su tweet, la devaluación externa con toda seguridad no hubiese sido algo que a la gente le hubiese parecido bien (hemos tenido muchos ejemplos en el pasado). De hecho, la evidencia muestra que las devaluaciones son sistemáticamente postergadas a después de las elecciones porque a los votantes les disgustan. Pero sí parece evidente que hubiese sido mucho más “socialmente aceptable” que la devaluación interna actual. ¿Por qué?
Conviene recordar que, en principio, las consecuencias agregadas reales de las dos estrategias deberían ser similares: un pérdida de poder adquisitivo de los residentes nacionales (vía inflación en el caso de la devaluación externa, vía descensos nominales de salarios y beneficios en caso de la devaluación interna). Entonces, ¿Por qué la primera es más tolerable que la segunda? Se me ocurren tres posibilidades.
Una explicación, dominante entre las respuestas que Conde-Ruiz obtuvo en twitter, es la de la “ilusión monetaria”. La gente, por predisposición psicológica o por ignorancia económica, tiende a pensar en términos nominales, no reales. Preferimos que nos suban en sueldo de 1000 a 1050 euros con una inflación del 5% a que nos reduzcan el salario a 950 euros y haya una deflación del 5% (cuando en términos reales, el poder adquisitivo es exactamente el mismo en los dos casos). Esta aversión a las pérdidas nominales haría que viéramos con mejores ojos una devaluación externa que provoque “sólo” un encarecimiento de los bienes y servicios producidos en el exterior a la inevitable y desagradable rebaja de salarios y beneficios nominales asociada a la estrategia de devaluación interna.
Una segunda explicación de por qué la devaluación externa es más popular que la interna podría estar relacionada con las diferentes consecuencias distributivas que tienen los dos tipos de ajustes. Aunque en términos agregados las dos estrategias sean equivalentes, en términos distributivos no lo son. Podríamos pensar que aquellos que consuman más bienes producidos en el exterior se verán especialmente perjudicados por la devaluación externa, y aquellos que consuman menos, se verán más afectados por la interna. Quizá este argumento pueda ayudar a explicar por qué haya sido en economías pequeñas y muy abiertas (donde gran parte de la población compra productos importados y gran parte de las empresas dependen de proveedores extranjeros) donde las estrategias de devaluación interna han sido más exitosas. Pero resulta difícil imaginarse estas coaliciones políticas de “consumidores de bienes domésticos” y “consumidores de bienes extranjeros” en el caso español.
Cabe pensar por último en una tercera explicación, también relacionada con los efectos distributivos del ajuste, pero en este caso causados por el problema de coordinación que implica tener que devaluar internamente. Devaluar internamente requiere que los agentes económicos, descentralizadamente y paso a paso, vayan reduciendo precios y salarios en cada sector y en cada empresa. Es fácil apreciar cómo aparecen nuevos conflictos distributivos como consecuencia de este proceso. Pidiendo disculpas de antemano por la autocita, incluyo aquí un párrafo de mi libro “Democracia intervenida” donde expongo este argumento con un poco de detalle.
“[E]l proceso de la devaluación interna, al producirse de forma descentralizada (no todos los agentes económicos rebajan los salarios ni los precios a la vez), genera importantes problemas de coordinación y conflictos distributivos entre sectores económicos, empresas, y grupos de trabajadores. […] Las ventajas de posponer individualmente el ajuste son evidentes: aquellos que retrasen o que incluso logren excluirse del proceso de devaluación se beneficiarán de las ganancias reales producidas por el hecho de que el resto de la economía sí haya reducido sus precios, mientras que ellos (todavía) no. El hecho de que nadie querrá ser el primer actor en ”devaluar“, provocará que todos los agentes económicos intentarán posponer su ajuste hasta que los demás lo hayan hecho, lo que complicará y alargará el proceso de ajuste”
Dicho de otra forma, el hecho de que la devaluación proceda secuencialmente genera un conflicto distributivo en el que pierden los que primero devalúan y ganan los últimos en hacerlo. Aquellas empresas o trabajadores que gocen de poder de mercado o que puedan presionar a los poderes públicos para preservar sus márgenes, postergarán el ajuste lo máximo que puedan, cargando sobre los sectores que no puedan hacerlo el peso de la devaluación. Esto tendrá dos consecuencias: en primer lugar, el proceso de ajuste será mucho más largo que el que provocaría una única decisión de devaluación de la moneda nacional (que afectaría de manera universal y simultánea a toda la economía). Y en segundo lugar, y quizá más importante, el ajuste será mucho más moldeable políticamente. A diferencia del caso de la devaluación externa, la devaluación interna es un proceso consistente de una larga serie de decisiones potencialmente politizables sobre qué sectores “devalúan” más, cuáles menos, y quiénes lo hacen antes y quiénes después. Esta moldeabilidad política de la devaluación interna hará que continuamente se activen conflictos entre sectores, y que culmine en una situación en la que todos acaben con una cierta sensación de agravio (“¿por qué yo tengo que rebajar mi sueldo mientras que los del sector X no lo hacen?”). No es difícil imaginarse cómo la percepción de que los costes del ajuste no están siendo distribuidos de forma equitativa acabe derivando en una oposición generalizada hacia la estrategia de ajuste y, eventualmente, en un rechazo del orden político y económico que la impone.
¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Primero, hemos de aprender que recuperar la competitividad perdida en ausencia de herramientas de política cambiaria es más costoso de lo que los padres fundadores de la unión monetaria reconocieron o quisieron reconocer. Segundo, si estamos obligados a devaluar internamente, el reconocimiento de estos problemas políticos asociados a esta forma de ajuste nos puede dar ciertas pistas sobre qué podríamos hacer para lograr que este proceso sea algo menos traumático. Podríamos, por ejemplo, liberalizar los mercados de productos y servicios de tal forma que se limite a la mínima expresión la capacidad de extraer rentas de determinados grupos de empresarios y trabajadores: cuanto más disciplinados por la competencia del mercado estemos todos, menor será la capacidad de determinados sectores protegidos de cargar el peso de la devaluación interna sobre el resto. Podríamos también potenciar la capacidad de los interlocutores sociales (empresarios y trabajadores) de coordinar el proceso de ajuste interno. No es seguramente casualidad que en el seno de la unión monetaria los países que mejor han afrontado el reto de no perder competitividad una vez perdida la palanca de la política cambiaria hayan sido los países con robustas instituciones de coordinación de la negociación colectiva. Y podríamos por último preocuparnos más por las desigualdades de lo que lo hacemos. Cuanto más grandes sean las brechas sociales, más difícil será limitar la sensación de agravio comparativo cuando haya que repartir los costes del ajuste.
