Fieles pero descontentos

Una de las principales cuestiones que subyacía a los análisis los eventos del otoño caliente catalán era en qué medida la escalada del conflicto entre el gobierno independentista catalán y el gobierno central provocaría un cambio en la famosa “correlación de fuerzas” en la sociedad catalana: ¿lograrían los independentistas que la reacción del gobierno español provocara una ampliación de su base social, que parecía estar estancada durante los últimos años? ¿O acaso el incremento de la tensión institucional y la incertidumbre política y económica provocaría un abandono del barco independentista por parte de algunos sectores, lo que haría que el soberanismo perdiera su hegemonía electoral?

El escenario que dibujan la mayor parte de las encuestas -una alta estabilidad del voto dentro de cada bloque, y una posible ganancia del conjunto de partidos no independentistas como consecuencia de una altísima movilización de antiguos abstencionistas- parecería sugerir que ninguno de estos dos procesos se están produciendo ¿Podemos concluir por tanto que los últimos meses no han provocado fisuras ni en el bloque soberanista ni en el anti-independentista? Creo que sería una conclusión apresurada.

La encuesta preelectoral de GESOP para El Periódico del mes de Noviembre (hemos de dar nuevamente las gracias a estas empresas por poner a disposición de todos los datos generados por sus encuestas) nos permite valorar cómo los diferentes electorados han sido sensibles a eventos que podrían haber debilitado el atractivo de su propio “bloque” (esto es en esencia lo que implica la tesis de que la escalada produciría un cambio en la correlación de fuerzas), y cómo estas opiniones sobre estos eventos podrían estar relacionados con cambios en su comportamiento electoral futuro.

El gráfico 1 muestra qué proporción de catalanes cree que es bastante o muy perjudicial para la economía catalana la salida de la sede social de empresas (un posible indicador de la percepción del coste económico del proceso independentista), y qué proporción de catalanes es crítico con la intervención del gobierno de la Generalitat por parte del gobierno español (un posible indicador del rechazo a la reacción del gobierno central).

Gráfico 1. Proporción de catalanes que creen que la intervención del gobierno de la Generalitat por parte del gobierno español fue una decisión desproporcionada, y que creen que la decisión de algunas empresas de trasladar la sede social será muy o bastante perjudicial para la economía catalana, en función de si tienen sentimiento independentista o no independentista.

Como es perfectamente previsible, la percepción del coste económico de la salida de empresas es mucho mayor entre los no independentistas, y el rechazo a la intervención del gobierno es mayor entre los independentistas. Pero lo más relevante es que hay muchísimos independentistas preocupados por la salida de empresas (más de un tercio de ellos), y muchísimos no independentistas que creen que la intervención de la Generalitat por el gobierno central fue desproporcionada (casi la mitad de ellos).

El siguiente paso es preguntarse por las implicaciones electorales de estas opiniones dentro de estos dos grupos de votantes. Eso es lo que tratan de responder los gráficos 2 y 3.

Gráfico 2. Intención de voto de quienes votaron a partidos independentistas en 2015, en función de su opinión sobre las consecuencias de la salida de la sede social de empresas en Cataluña.

Gráfico 3. Intención de voto de quienes votaron a partidos no independentistas en 2015, en función de su opinión sobre la intervención del gobierno catalán por parte del gobierno central.

Entre los electores que en 2015 optaron por partidos independentistas (gráfico 2), creer que la salida de empresas es bastante o muy perjudicial reduce sustancialmente la fidelidad al bloque. Así todo, un 60% de este grupo de independentistas “sensibles a los costes económicos” sigue expresando intención de votar a un partido independentista el próximo 21 de Diciembre. Y la pérdida de fidelidad se traduce más bien en indecisión o desmovilización que en intención de dar el salto al otro bloque. Son muy pocos (menos de uno cada cinco dentro de ese tercio de independentistas preocupados por la incertidumbre económica) los que expresan intención de votar a alguna opción no independentista.

Dentro de los votantes que optaron por partidos no independentistas en las últimas elecciones (gráfico 3) sucede algo parecido. El ser crítico con la intervención del gobierno central no es irrelevante: solo la mitad de este grupo expresa explícitamente una intención de votar de nuevo por un partido no independentista el 21D. Pero de entre la otra mitad, son una clara minoría los que declaran estar dispuestos ahora a votar por un partido independentista: la mayor parte de ellos son, en el momento de la encuesta, o indecisos o abstencionistas.

En definitiva, parece haber algo de válido en los argumentos que se hacían respecto de la posibilidad de que una intensificación del conflicto podría provocar cambios en la “correlación de fuerzas” en Cataluña: hay muchos votantes independentistas que son sensibles al posible deterioro de la situación económica, y muchos no independentistas críticos con la reacción del gobierno central. Sin embargo, el que estos efectos se hayan producido en las dos direcciones (quizá cancelándose parcialmente en el agregado), y que sus implicaciones electorales sean limitadas (seguramente porque la enorme polarización entre bloques hace prohibitivamente costoso cruzar de orilla a los votantes críticos de un lado y de otro) hará que estos efectos no acaben siendo responsables de grandes trasvases netos de votos el próximo 21D.