Ante la duda, a favor de la víctima

El último día de octubre, una joven de 24 años fue encontrada inconsciente y en estado de hipotermia en Irún (Gipuzkoa). La cosa pintaba fatal porque estaba maniatada y amordazada y la Ertzaintza abrió una investigación para determinar lo sucedido. Dos días después, la consejera de Seguridad del Gobierno vasco informó a los medios de que no se descartaba nada, ni la violencia machista, y que su estado de salud no permitía tomarle declaración.

Algún medio de comunicación llegó a publicar en qué hospital estaba ingresada, la ubicación de su vivienda, el colegio en el que estudió, la carrera superior cursada y el centro, la organización en que trabaja y dónde; es más, llegó a indicar a cuántas personas dependientes atiende e, incluso, que tiene una “perrita” (sic). No debió de parecerles relevante especificar la raza, el color y el nombre. Después, supimos que la irunesa tiene madre y hermana y que no se había producido agresión alguna.

Irún cuenta con una población de 60.000 habitantes y los datos ofrecidos por el rotativo vasco son suficientes como para que una buena parte de los conocidos de la joven ─y de sus familiares─ supieran con certeza de quién se trataba. La encuentran inconsciente, ingresa en coma a un hospital y se le priva de su derecho a que lo sucedido quede en el ámbito de su intimidad. Podría estar justificado que se identificara a la víctima si fuera una persona de relevancia pública, pero con toda probabilidad era la primera vez que esta muchacha aparecía en los papeles. Es decir, se trata de una desconocida para la ciudadanía.

Qué cosa. Las asociaciones de víctimas llevan años clamando que se respete su derecho a la intimidad. Bastante sufrimiento supone el hecho de sufrir un delito como para que se las revictimice en los medios de comunicación, comisarías y tribunales.

En este caso hay un agravante: el periódico en cuestión publica el lugar en el que trabaja y las personas a las que atiende, de modo que se las puede criminalizar. A veces, me da la sensación de que los medios publican datos como consecuencia de un narcisismo delirante: ¡Qué grandes profesionales trabajan en esta casa que son capaces de obtener todo tipo de informaciones de los cuerpos policiales, de los equipos de rescate e, incluso, de los cuadros médicos!

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la organización profesional más importante de nuestro país, que agrupa a 21.000 periodistas, establece en el artículo 4 y 4a de su Código Deontológico que “Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el periodista respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, teniendo presente que: a) Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento”. Eso, así, para la ciudadanía en general, sin necesidad de que sea víctima de nada.

En octubre de 2015, entró en vigor la Ley del Estatuto de la víctima del delito y, aunque es obvio, incluso los periodistas estamos obligados a cumplir las leyes. Pues bien en su artículo 681 prevé la prohibición de publicar informaciones que conduzcan a la identificación de las víctimas. Yo aprendí de Javier Darío Restrepo, una de las referencias éticas del periodismo sudamericano, que la primera obligación de los reporteros es el respeto a la ley y, cuando eso no es suficiente para ejercer con responsabilidad, deben recurrir a los códigos éticos.

Pues bien, Begira, la Comisión Asesora para un uso no sexista de la publicidad y la comunicación, dependiente del Instituto Vasco de la Mujer, culminó en 2016 un proceso de autorregulación en el que participamos profesionales de 21 entidades de la publicidad y la comunicación. El resultado fue la elaboración de un Código Ético y tres decálogos. Estos documentos fueron después contrastados con profesionales de otras quince empresas del ramo. En febrero de 2016, se sometió a la firma de medios y agencias que, de esa forma, ratificaban su compromiso con la igualdad y se obligaban a su cumplimiento. Este proceso de autorregulación de la profesión periodística no es pionero, pero sí el más importante por su magnitud y resultados.

Veamos qué acordamos los periodistas participantes y a qué se comprometieron las empresas firmantes en cuanto a las víctimas. El artículo 1.3, del tercer anexo, titulado Decálogo para el Tratamiento Informativo de la Violencia contra las Mujeres dice textualmente: “Deberán evitarse los datos que permitan la identificación directa o indirecta de las víctimas, especialmente de las y los menores de edad. Para ello, los datos relativos a las víctimas y su entorno se limitarán a aquellos que formen parte del interés general.

Y ahora formulemos la pegunta: ¿Es del interés general conocer la ubicación de la vivienda de la víctima, el colegio en el que estudió, la carrera superior cursada y el centro, la organización en que trabaja y dónde, a cuántas personas dependientes atiende y si tiene o no perrita? Yo, en mi inmensa candidez, diría que no.

A finales de la década pasada, dediqué un espacio en mi blog ‘Momo dice’ a reseñar todos los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Les dedicaba una flor y extraía de las noticias publicadas los datos referentes a su identidad. El objetivo respondía a un planteamiento que defendía yo entonces y que perseguía dotar de identidad a las víctimas mortales para que observando quiénes eran, qué anhelaban, qué planes les habían truncado, empatizáramos con ellas. Si las llorábamos más personas, quizá lloráramos menos veces. Repetí mucho este discurso en cuanta oportunidad de conferenciar se me ofrecía.

Este relato tenía características similares al que durante los últimos años del terrorismo etarra se había practicado en los medios. Las asociaciones de víctimas manifestaron en varias ocasiones su satisfacción con el tratamiento recibido en los medios. Claro, no es lo mismo que el victimario sea el marido y padre de sus hijos.

El caso es que en un principio se manejó la hipótesis de que la joven de Irún fuera un caso de violencia e, incluso de violencia machista. Si los medios de comunicación hubieran cumplido con lo firmado en febrero de 2016 se habrían ahorrado la publicación de los detalles anteriores.

En las muchas discusiones que mantuvimos para llegar al acuerdo de autorregulación, se oyeron muchas ideas. Por ejemplo, que la inmediatez exigida a algunos medios era un inconveniente para reparar en si con los datos aportados se identificaría o no a las víctimas. Otro argumento pasaba por encima de sus deseos o los de sus familiares y directamente les arrebataba su derecho a tomar decisiones sobre su propia vida y el acceso a su intimidad. Argüían que es necesario dotar de personalidad a las víctimas para hacer un relato riguroso. Quizá de los más delicados era que cuando la víctima sufre el delito no es precisamente el momento más idóneo para consultarle si desea o no que se haga público en los medios quién es y qué ha sufrido. Y ante esa imposibilidad, adelante con el destructor de intimidades.

Un viejo adagio periodístico dice que, en la duda, a favor de la víctima. Yo he observado que cuando a ciertos periodistas se les cuestiona su forma de informar sobre desigualdades ponen un gesto muy parecido al que provoca el ardor de estómago. También he notado una cierta galbana a la hora de repensar el modo de reelaborar el relato de los delitos sufridos por las víctimas. Ah, la pereza en la redacción es muy mala melodía. Puede llegar a confundirse con desidia, que es la vecina del cinismo.

Ciertos profesionales insisten en que no se puede informar sobre el homicidio, o el palizón, sin dar datos que permitan reconocer a la víctima y ponerle nombre. Sin embargo, informamos sobre accidentes de tráfico con resultado de muerte sin saber más que la vecindad, el sexo y la edad de la persona muerta. Y se indaga un poco más solo cuando en el accidente se dejan la vida tres o cuatro personas de una misma familia.

El modo en que se producen las agresiones a mujeres, las circunstancias previas y posteriores, el análisis de los casos, las estadísticas del Observatorio de Violencia de Género, las investigaciones policiales, los juicios y las sentencias nos están ofreciendo un diagnóstico que como sociedad debe conducirnos a repensar de qué forma afrontar el problema para minimizar sus efectos. Las y los periodistas no somos ajenos a esa realidad.

El artículo 1.3 de decálogo señalado antes concluye: “Realizar una historia de vida de la mujer asesinada puede ser una herramienta útil si está bien empleada y se deja el tiempo necesario para hacer un buen trabajo. […] Es importante relatar historias de mujeres que salen del ciclo de la violencia”. Hagámoslo. Y como ciudadanía, exijámoslo a los medios de comunicación y a sus profesionales.