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La AVT acepta la disculpa de Zapata por el tuit de 2011 y agradece su homenaje a tres víctimas

Guillermo Zapata en el Ayuntamiento de Madrid

Pedro Águeda

La defensa de Guillermo Zapata ha solicitado al tribunal que juzgará al concejal de Ahora Madrid incorporar como prueba una carta firmada por el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), mayoritaria en el colectivo, agradeciéndole el acto que el edil organizó en el distrito de Villaverde en homenaje a tres artificieros de la Policía que fallecieron allí en un atentado de ETA.

El presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, escribió a Zapata el pasado 6 de julio para manifestarle su “agradecimiento y el de las víctimas del terrorismo” de su asociación por la colocación de un monolito en el lugar del atentado. También por las palabras que, en su nombre, leyó el delegado de Seguridad, Javier Barbero, celebrado cinco días antes. El concejal Zapata no asistió al acto porque así lo reclamaron los familiares de una de las víctimas, ofendidos por el tuit de 2011, consecuencia del cual se va a sentar en el banquillo.

En la misiva del presidente de la AVT se lee: “Así mismo agradecer tus palabras que nos leyó el delegado Javier Barbero, tan cariñosas y cercanas para las familias de los asesinados y para todas las víctimas del terrorismo y dejar de manifiesto que aceptamos tus sinceras disculpas por esos desacertados comentarios que en un pasado y en otras circunstancias realizaste”.

La colocación del monolito en recuerdo de los miembros del TEDAX Pedro Domínguez Pérez, Luis Claraco López y José Luis Jiménez Barrero fue una propuesta del concejal del PP Fernando Martínez, que recibió el apoyo de todos los grupos políticos. Según el presidente de la AVT, la iniciativa contó con “el impulso y buena disposición para las víctimas del terrorismo” por parte de Zapata.

Guillermo Zapata se sentará en el banquillo por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo cometido al escribir en 2011, años antes de que entrara en política, el siguiente comentario entrecomillado: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcáser para que las niñas no vayan por repuestos”. Zapata ha explicado que se limitó a trasladar un chiste durante un debate abierto sobre los límites del humor negro, a raíz del despido de El País del cineasta Nacho Vigalondo por otro chiste, en ese caso sobre el holocausto.

Un tuit cuatro años “desapercibido”

En el escrito de defensa de Zapata, al que ha tenido acceso eldiario.es, su abogado esgrime: “El mensaje publicado por el señor Zapata (así como cientos de otros que también giraban en torno a la temática del humor negro) pasó desapercibido en redes sociales durante cuatro años, hasta que tras una labor de prospección por parte de algunos medios de comunicación, como consecuencia del nombramiento del señor Zapata Romero como concejal del Ayuntamiento de Madrid, se trajo a colación dicho mensaje”.

Zapata se disculpó en público y en privado con las víctimas del terrorismo. La víctima de ETA objeto del chiste, Irene Villa, escribió a la Audiencia Nacional para explicar al juez del caso que no se sentía humillada por el chiste. La Fiscalía del tribunal especial no acusa porque no aprecia delito, pero Zapata se sentará en el banquillo por la determinación de Manos Limpias, cuyo líder está en prisión acusado de liderar una organización criminal, y de Dignidad y Justicia, una asociación presidida por Daniel Portero, que ya intentó que se abriera un proceso penal contra el humorista Facu Díaz, sin éxito, y que ahora pide 20 meses de cárcel para el concejal de Ahora Madrid.

Las acusaciones chocaron con el criterio del juez instructor, Santiago Pedraz, que archivó en tres ocasiones la causa. Sin embargo, los recursos de Manos Limpias y Dignidad y Justicia fueron atendidos por dos jueces de la Sala de lo Penal apartados de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP, Concepción Espejel y Enrique López.

“El objetivo del señor Zapata no era otro que el de participar en un debate sobre el humor negro y sus límites. Jamás tuvo la intención de ofender o humillar a las víctimas del terrorismo”, escribe ahora su defensa. Y añade: “Guillermo Zapata siempre ha sido firme y tajante en su condena del terrorismo y de cualquier forma de violencia y mantiene relaciones cordiales con algunas de ellas”

Entre la documental que solicita la defensa de Zapata también se encuentra el audio del pleno en el que se decidió el homenaje a los TEDAX, el texto que escribió para la ocasión y capturas de pantalla de distintos tuits pertenecientes al debate referido sobre el humor negro. El propio Vigalondo es requerido para declarar en el juicio por la defensa del concejal.

Con los argumentos del juez De Prada

La defensa de Zapata plantea en su escrito la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el delito que se atribuye al concejal. Para ello cita el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada en contra de la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de enviar a juicio al acusado.

De Prada recordaba que se atribuyó a la Audiencia Nacional las competencias en materia de terrorismo mediante una disposición transitoria a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1988. De esta manera quedaba patente la “clara vocación de excepcionalidad y transitoriedad”, con una “duración limitada” que en aquel entonces se justificaba por la “gravedad” de la acción terrorista.

El magistrado también incidía en que la ley habla de delitos “cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes (...) y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos”. En los casos del líder de Def con Dos, absuelto recientemente, o de Guillermo Zapata no hay ningún vínculo de ambos a organización terrorista alguna.

Frente a la especial peligrosidad que algunos de sus compañeros confieren a los delitos de enaltecimiento del terrorismo -argumento utilizado para implicar a la Audiencia Nacional- De Prada insistía en que son delitos relacionados con la opinión y la libertad de expresión y que, como tales, deben entender de ellos los tribunales ordinarios.

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