Amnistía Internacional pide justicia para los campesinos e indígenas de Paraguay

El proceso judicial sobre la masacre de Curuguaty, en el que 11 labriegos están acusados de la muerte de 6 policías, “genera una duda muy profunda por el hecho de que no hayan sido investigados los fallecimientos de los campesinos”, dijo hoy a Efe el presidente de la sección paraguaya de Amnistía Internacional, Fabián Forestieri.

En la matanza, ocurrida en 2012, fallecieron once labriegos y seis policías durante el desalojo de una finca rural en el distrito de Curuguaty (este).

Los once acusados, a quienes se juzga en Asunción, enfrentan el cargo de “homicidio doloso en grado de tentativa” por las muertes de los policías, pero no hay ningún procesado por las de los campesinos.

“Venimos haciendo un largo seguimiento del caso y genera una duda muy profunda el hecho de que no hayan sido investigadas las muertes de los campesinos en el enfrentamiento, lo que daña la independencia y el debido proceso”, dijo a Efe Forestieri.

El activista destacó que la organización está preocupada por las “amonestaciones y represalias” que han recibido los abogados que han intervenido en la defensa de los campesinos, algo que consideró “una señal de alarma”.

El informe de Amnistía Internacional presentado a nivel mundial en Londres señala “las dudas que suscita sobre la imparcialidad de la investigación” el hecho de que la Fiscalía paraguaya solo haya investigado e imputado a campesinos por la masacre.

“No se había acusado a nadie de la muerte de 11 campesinos que también perdieron la vida durante los enfrentamientos, lo que suscitaba dudas sobre la imparcialidad de la investigación”, dice el informe, que además recalca que la Justicia no ha investigado las denuncias de tortura a los campesinos tras el enfrentamiento.

Según Forestieri, el informe anual de AI “reúne las cuentas pendientes históricas del Estado paraguayo, donde se perpetúa un sistema de abusos sistemáticos a grupos vulnerables”.

Puso como ejemplo el de los pueblos indígenas en Paraguay, un total de 19 etnias nativas que representan a cerca del 2,5 % de la población, y que “sufren no solo el problema de acceso a la tierra, sino todo tipo de abusos”.

La organización defensora de los derechos humanos asegura que durante 2015 “a los pueblos indígenas se les seguía negando el acceso a sus tierras ancestrales”.

Recordó también que Paraguay es el país con más sentencias en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por violar derechos territoriales.

En ese sentido, Amnistía Internacional resaltó que Paraguay aún tiene pendiente cumplir tres sentencias de la CorteIDH a favor de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmok Kásek, las cuales llevan casi 30 años reclamando sus derechos tras ser expulsadas violentamente por empresarios ganaderos.

“Sawhoyamaxa está saldando una lucha de más de 23 años, pero solo el año pasado pudieron tener la confirmación judicial para el acceso real a sus tierras”, recordó Forestieri.

La ONG también pidió poner el foco en las amenazas al pueblo ayoreo totobiegosode, cuyas tierras están siendo depredadas ilegalmente por empresas madereras en el Chaco paraguayo, cerca de la frontera con Bolivia.

“En realidad las comunidades indígenas siguen siendo los últimos guardianes y custodios del patrimonio ambiental y cultural que es el Chaco”, dijo.

La organización también hizo hincapié en la violencia hacia las mujeres en Paraguay “que requiere respuestas urgentes”.

“La tradición machista y patriarcal genera un constante y sistemático avance contra los derechos de las mujeres, y la religión también tiene mucho que ver”, declaró el presidente de AI Paraguay.

Según su informe, los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados en Paraguay, y el aborto continúa estando tipificado como delito en la mayoría de los casos.

“La criminalización del aborto contribuye a los elevados índices de embarazos precoces y abortos inseguros”, asegura el texto, que también recuerda que Paraguay continúa siendo el único país de Sudamérica sin una ley contra toda forma de discriminación.