Un alcalde quiere que el Supremo obligue a la Iglesia a pagar el IBI
Con unas arcas cada vez más menguadas y la amenaza de un anteproyecto de reforma de la administración local que quitará poder a los ayuntamientos, el alcalde del municipio de Amoeiro (Ourense), Rafael Rodríguez Villarino, ha dado este lunes el paso definitivo para que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por parte de la Iglesia.
Rodríguez Villarino se ha presentado en Madrid acompañado de la coordinadora de Política Institucional del PSdeG y diputada por Ourense, Laura Seara, para presentar un recurso de casación en interés de la ley contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Uno de Ourense que el pasado noviembre dio la razón a la diócesis ourensana después de que Villarino les reclamase en mayo el IBI correspondiente a los ejercicios de 2010 y 2011.
El alcalde de Amoeiro quiere que el Supremo fije de una vez una forma de actuar igual para todos los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. En declaraciones a eldiario.es, Villarino ha resaltado la contradicción entre la resolución del Contencioso Administrativo Uno de Ourense, que declaró el derecho de la diócesis a la exención del impuesto, y el Dos, que desestimó el recurso de la Iglesia y sentenció al clero a pagar 329 euros de IBI cuando el Ayuntamiento de Allariz (Ourense) reclamó lo propio.
El recurso de casación se ha presentado en representación de los cuatro ayuntamientos que forman la Mancomunidad de Santa Águeda -Amoeiro (PSOE), Coles (PSOE), A Peroxa (PP) y Vilamarín (PP)- y reclama el pago del IBI por un total de dieciséis bienes inmuebles. El alcalde de Amoeiro ha defendido que todos estos bienes son fincas rústicas y urbanas que no se benefician del Concordato acordado con el Vaticano.
En el texto presentado al Supremo se considera que “los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia Católica solo han de estar exentos del pago del IBI siempre y cuando estén destinados al culto, residencia de obispos, canónigos y sacerdotes con cura de almas, oficinas de la curia diocesana o parroquiales, formación del clero y universidades eclesiásticas que impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas, o primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas o institutos de vida consagrada”.
Villarino se ha mostrado convencido de que si se fijara jurisprudencia, “todos los ayuntamientos acabarían reclamando el impuesto”. A nivel estatal, estima, la recaudación oscilaría entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros, una cantidad que, según el escrito presentado, “no parece disparatada si se tiene en cuenta el que la Iglesia Católica es después del Estado la entidad que mayor número de propiedades tiene y que el historiador Staley G. Paine cifra en torno a las cien mil unidades, de las cuales solo cinco mil son edificios religiosos”.
El recurso hace hincapié en que tal exención agrava el déficit de las administraciones locales: “En la coyuntura económica en la que nos encontramos, con un déficit público disparado, en un marco en el que las administraciones locales apenas ingresan suma alguna por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la consecuencia de la aplicación de tal errónea doctrina es el agravamiento del citado déficit respecto de las administraciones locales, que no van a poder contar con los recursos que debería aportar la Iglesia Católica”. Denuncia además que este privilegio permite mantener los edificios abandonados “improductivos sin coste tributario alguno y al margen del tejido productivo con el consecuente perjuicio para la economía nacional”.
Aunque el Supremo todavía debe admitir a trámite el recurso, Villarino ha exhibido su confianza y ha considerado que ya es hora de entrar en razón en este asunto teniendo en cuenta la situación económica no solo estatal, sino sobre todo de los pequeños municipios.
