El juez Andreu tacha de “chapuza” la reforma de la justicia universal del PP

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha calificado hoy de “chapuza” la reforma legal aprobada en España que restringe la aplicación de la justicia universal y ha apelado a la Unión Europea (UE) para que todos sus países miembros unifiquen criterios en esta materia.

El magistrado, que entre otros asuntos instruye la causa para investigar delitos de genocidio en Ruanda, en la que constan nueve víctimas españolas, ha realizado estas manifestaciones en el congreso sobre jurisdicción universal organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).

Andreu ha mostrado su desazón por el hecho de que se trate a la justicia como producto comercial y por que gobiernos como el español la usen “como moneda de cambio de intereses económicos y estratégicos”.

Ha comentado que la nueva ley de justicia universal ha provocado una situación complicada en España pero estima que hay que ser optimistas “ante una reforma de tal chapuza que ha provocado que 43 narcotraficantes hayan sido liberados pero que no ha logrado aún que se archive ninguna de las causas por las que se ideó”.

El juez ha comentado que el Tribunal Constitucional deberá resolver esta situación y analizar si la reforma vulnera el principio de tutela judicial efectiva y reflexionar si las víctimas y los familiares de los fallecidos se encontrarían con absoluta desprotección ante el archivo de las causas abiertas.

También ha considerado que en un régimen de separación de poderes no es posible lo que hace la reforma de obligar a sobreseer los casos ya en curso.

Por otra parte, considera que la aplicación de la justicia universal ha de formar parte del espacio de la UE, “que debe establecer unos mismos criterios en su aplicación”.

Andreu ha comenzado su intervención haciendo un reconocimiento al presidente de FIBGAR, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, moderador del encuentro, del que ha dicho que con sus investigaciones por los desaparecidos en Argentina y en el caso Pinochet por hechos de la dictadura en Chile se atrevió a abrir un camino que han seguido otros magistrados.

El juez Andreu ha mostrado su esperanza en poder seguir investigando el genocidio de Ruanda y la zona de los Grandes Lagos de África.

Ha advertido de que en estos lugares “persiste un conflicto silencioso con barbarie de guerrillas y ejércitos que esconde intereses económicos pues es el único territorio en el mundo donde hay minerales preciosos muy escasos imprescindibles para las nuevas tecnologías por lo que dominar esa zona tiene mucha importancia para grandes multinacionales y estados”.

En la jornada de hoy del congreso han compartido panel con Andreu el secretario general del European Center for Constitucional and Human Rights, Wolfgang Kaleck; el consejero jurídico y portavoz de Human Righsts Watch, Reed Brody, y el abogado de la acusación en el caso Tíbet en España José Esteve.

Wolfgang Kaleck ha recordado los contactos de fiscales españoles con autoridades de Estados Unidos que estaban preocupadas a raíz de la investigación en España de torturas en la base militar de Guantánamo, y ha informado de que la Corte Penal Internacional acaba de admitir una denuncia presentada contra “líderes ingleses” por supuestas torturas en la guerra de Irak.

Por su parte, Reed Brody ha anunciado que si no hay sorpresas en mayo del año que viene será juzgado en Senegal -donde está en el exilio- el expresidente de Chad Hissere Habré, en aplicación de la jurisdicción universal, “gracias a la tenacidad de las víctimas” en una causa seguida por muertes y torturas sistemáticas durante el mandato del dictador.

Jose Esteve ha hecho referencia a las presiones políticas que han provocado las reformas que han restringido la justicia universal en España, que en el caso Tíbet han venido desde China, que incluso envió una delegación que se reunió con portavoces parlamentarios de exteriores españoles para exigir que finalizara la aplicación de la justicia universal.